La información reciente sobre hogares, evolución de la pobreza, carencias sociales y muchos otros aspectos de la situación nacional, es necesario que se escuche. Hasta ahora, ha estado desaprovechada en el debate público, ademas de subestimada y cuestionada por las propias autoridades, en un afán de minimizar los problemas y de eludir la revisión de las políticas sociales y económicas.
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Un ejemplo reciente del rechazo de las autoridades al conocimiento más actual de la pobreza y los rezagos se vio en la conferencia diaria del Presidente el pasado 18 de agosto. Ahí la Señora Elizabeth García Vilchis sostuvo que no es verdad que 35 millones de personas registraron carencia por acceso a los servicios de salud, como lo consignó CONEVAL y lo difundieron varios medios de comunicación.
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Para respaldar, que no demostrar, su dicho, la misma vocera dijo que “99 por ciento de los mexicanos que demandaron un servicio de salud fueron atendidos” y que “hoy el derecho a la salud es universal y cualquier mexicano tiene derecho a ello” https://bit.ly/2W5KY2s como si fuera lo mismo un dato de atención a la demanda que, el enunciado de un derecho y un indicador de rezago.
Días atrás, el 6 de agosto, el propio Presidente había dicho que no aceptaba el resultado de lo que llamó “la encuesta” de CONEVAL, refiriéndose al incremento de la pobreza registrado entre 2018 y 2020. Como se sabe, este organismo autónomo no levanta una encuesta, trabaja con la información que le proporciona el INEGI a partir, esta sí, de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH).
Varias expresiones públicas más de las semanas recientes apuntan en la misma dirección: ignorar, subestimar, negar o rechazar el conjunto de evidencias sobre la cuestión social, levantadas por medio de instrumentos probados de indagación, y procesados según métodos aceptados y cotejados, y, además, regulados por la legislación. De paso, se cuestiona y debilita a las propias instituciones públicas responsables de dicha información.
El caso del acceso a los servicios de salud es particularmente delicado, por las dificultades que seguimos enfrentando por el COVID-19, las distorsiones que la atención a la pandemia sigue generando en el tratamiento de otras enfermedades y padecimientos, por el incumplimiento en sí mismo de uno de los derechos humanos fundamentales, por el papel clave que significa la vida saludable en el desarrollo de las personas, entre otras razones.
Lo que CONEVAL hizo visible a partir de la información de INEGI ya se había registrado con otras fuentes. El Censo de Población y Vivienda 2020 ya había mostrado que 33 millones de personas no tenía acceso a las instituciones de salud, por ejemplo, e incluyendo al INSABI. Ahí ya se identificaba con claridad un retroceso en comparación con 2015.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020, del Instituto Nacional de Salud Pública, se dio a conocer el 11 de junio pasado. Muestra que de la población que reportó tener alguna necesidad de salud, apenas 34% fue atendida en servicios públicos. También registra que entre la población que no es derechohabiente, el 69% tiene que acudir a servicios privados o a los consultorios anexos a las farmacias. Por su parte, la ENIGH 2020 dejó claro que el año pasado en gasto de salud de los hogares creció en 40% a precios constantes.
Lo que muestran estas y otras fuentes, lo que dicen tantos otros testimonios, es que estamos en medio de una grave situación en la atención y prevención de los problemas de salud, y que la pandemia no es la única explicación a tal crisis, que hay dificultades en la organización, coordinación, financiamiento y provisión de los servicios, y que se impone una revisión de las políticas sanitarias para garantizar el derecho a la salud.
Pues bien, lejos de facilitar el análisis y la discusión de nuestra crisis sanitaria, lo que estamos viendo, reitero, es que se ignora, subestima, niega o rechaza la información disponible y se cuestiona a los organismos que la generan. Es probable que nunca se haya dispuesto de tantos elementos para someter a examen los hechos, y a la vez, que se desaprovechen tanto.
Entre las instituciones relacionadas con la salud, las personas que se dedican a su investigación y en general entre quienes buscan mejores condiciones de vida para la población, lo que predomina es el interés social y el bien público. Rechazar o demonizar cualquier evidencia, observación o propuesta de mejora, como si toda interpelación proviniera de enemigos del estado y de la población, es un acto irracional e irresponsable. Por el bien de todos, y sobre todo de los pobres, que se escuche y actúe en consecuencia.
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