“¿Qué se tienen que meter?” Esto es lo que el presidente de la República preguntó en su conferencia matutina del 17 de junio de 2024, refiriéndose al libro Análisis técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el presidente de la República (febrero 5, 2024), publicado días antes por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Escrito por: Enrique Provencio D.
Las iniciativas del 5 de febrero volvieron al debate público después de las elecciones, primero por la centralidad de la reforma al Poder Judicial, y luego por la notoriedad que cobró dicho texto. Antes de la pregunta, el presidente había dicho que seguramente los directivos universitarios, “todos muy conservadores”, dieron línea sobre la orientación del libro, y, una vez más, que la UNAM se había derechizado, sobre todo en economía y en jurídicas.
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Tras 67 meses de conferencias mañaneras, lo anterior no es sino una diatriba más sobre la principal universidad mexicana, los intelectuales y los expertos, a los que se ha referido acre y despectivamente en muchas ocasiones. En esta, sin embargo, fue más claro: ¿Qué se tienen que meter?, o dicho de otros modos, ¿con qué derecho opinan, quién les preguntó, cómo se meten en lo que no los llaman…?
Lo que sigue de este artículo lo escribiré en primera persona, porque soy autor de uno de los textos incluidos en este libro. Uno de los coordinadores me invitó a participar a mediados de febrero, y me comunicó, con toda claridad, que se trataba de que cada autor escribiera libremente lo que pensaba, pues no podía ser de otro modo. No hubo “línea” de nadie, y menos de algún directivo de la universidad. Se trataba, también, de aportar elementos para un mejor dictamen de la o las iniciativas sobre las que a cada quien le tocara escribir.
Asumí, por supuesto, que tenía todo el derecho a dar mi punto de vista sobre un asunto público, como lo es una iniciativa de reforma constitucional, sobre todo si proviene del titular del Poder Ejecutivo. En muchas ocasiones he participado directamente en foros y comisiones legislativas, y he aportado opiniones en procesos de consultas o dictamen. En esta ocasión lo hice a través del libro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y además lo consideré parte de mis tareas como universitario.
Mi colaboración en el libro es sobre la iniciativa que propone modificar el artículo 4º de la Constitución para incorporar algunos de los programas sociales que ya se están llevando a cabo, y para adicionar el 27 con acciones específicas relacionadas con el campo y la producción rural. En el primer caso, en mi opinión, se trata de cambios positivos que deben consolidarse para preservar la progresividad de derechos, y, en el segundo, son medidas que lo mismo podrían colocarse en la legislación secundaria o hasta en las reglas de operación, y que ya están contempladas de forma genérica en la Constitución.
Mi artículo, que puede verse en https://bit.ly/3XF6f0D contiene recomendaciones a las comisiones dictaminadoras, sobre todo en lo que se refiere a previsiones presupuestales. En cuanto a las pensiones a personas con discapacidad permanente, considero que la iniciativa es un avance en la universalización de tal garantía, y en el caso de la pensión para personas adultas mayores, se está formalizando en la Constitución el cambio de 68 a 65 años en la edad mínima para tener derecho de acceso, lo que se establece desde hace años según el programa correspondiente.
Como la población mayor de 65 años aumentarán las próximas décadas a tasas de entre 3 y 4 por ciento anual, los requerimientos presupuestales serán crecientes, lo que obligará a tomar las medidas hacendarias necesarias para que no se ponga en riesgo el cumplimiento de este y los demás derechos.
Mi artículo, como ocurre con los demás del libro, está escrito desde mi perspectiva particular, y de ningún modo a nombre de una universidad ni de su comunidad. Sería ocioso recordarlo, si no fuera por la costumbre de atribuir a toda la UNAM lo que dicen personalmente sus investigadores o profesores. En el caso del presidente de la República, se trata de una postura malintencionada, una vez más.
Por cierto, en la mayor parte de los textos del libro predominan opiniones positivas sobre las iniciativas, junto con sugerencias de mejora en cuestiones operativas o de técnica legislativa. Hay opiniones críticas, por supuesto, lo cual no debería extrañar a nadie tratándose de colectivos tan diversos, pero entre eso e imputar a la UNAM por el supuesto talante conservador de un libro, solo media la mala fe y el acoso permanente a la autonomía universitaria.
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