Tras la captura y casi inmediata liberación del hijo de “El Chapo” Guzmán, el Estado mexicano estaría ante una de sus peores crisis: la pérdida de su capacidad de combatir al crimen y la claudicación al monopolio de la violencia legítima.
Es absolutamente comprensible el haber reculado ante la poderosa embestida de sicarios que llegaron a liberar a su jefe, al «Chapito». Efectivamente, muchas vidas inocentes se salvaron, pero también se mostró la incapacidad de los elementos de seguridad para pedir refuerzos y contraatacar a los embates del crimen organizado.
Y el hecho nos deja aún más dudas: asumiendo sin conceder que la liberación de Ovidio Guzmán fue acertada y se salvaron vidas, nos queda pensar ¿quién negoció?, ¿bajo qué términos y con qué condiciones? En ese contexto, ¿el Estado puede y debe claudicar?
Si en los informes oficiales se sostenía que el Cártel de Sinaloa estaba actualmente fragmentado y debilitado, después del enfrentamiento de ayer, ¿cuál sería entonces la capacidad de este Cártel? Y peor aún, ¿cuál sería la capacidad logística, operativa y de fuego del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación, sobre el cual se dice es mucho más poderoso que aquél?
Hasta el momento, la población ha mostrado un alto grado de confianza en el Ejército y en la recién constituida Guardia Nacional. Sin embargo, ante el incremento de los homicidios dolosos en el país, y después de los enfrentamientos como el de Michoacán, donde 14 policías fueron masacrados, y como el de ayer en Culiacán, es posible que esta percepción en los ciudadanos se debilite.
En julio de este año, el 71% de los mexicanos calificaban el desempeño de la Guardia Nacional como algo efectivo o muy efectivo, de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que Inegi recaba de manera trimestral.
Adicionalmente, el 76.1% de los mexicanos consideró que le tienen algo o mucha confianza a esta nueva institución.
De acuerdo con ello, la autoridad con la mejor reputación entre los mexicanos es la Marina, ya que el 86.5% la consideran como muy o algo efectiva, seguida del Ejército con 83.2% de población que los califica como muy o algo efectivos y en tercer lugar, se encuentra el mencionado resultado que obtuvo la Guardia Nacional.
En este contexto, cabe retomar lo que Mario Luis Fuentes ya ha apuntado en México Social: “en épocas de paz, el Ejército ha sido ejemplarmente institucional, con funciones sustantivas: apoyar a la población mediante programas sociales; implementar programas de reforestación, sin los cuales la desertización y pérdida de especies sería aún mayor en el país; y qué decir de la protección a la población en casos de emergencia mediante el Plan DN-III.
En las últimas décadas, sin embargo, debido a la corrupción de los cuerpos de seguridad pública, y a la incapacidad de las autoridades federales para crear corporaciones policiacas eficaces en el combate al crimen común y organizado, las Fuerzas Armadas han sido sometidas a una presión inédita, al haberles encargado, sin un marco jurídico apropiado, sin capacitación y, en ocasiones, con instrucciones contradictorias, la lucha contra el narcotráfico”.
