por José Alberto Rivera
En México, el fracaso del actual modelo económico basado en políticas de corte neoliberal se verifica, por ejemplo, en el comportamiento de indicadores de alimentación-nutrición. La caída sistemática del poder adquisitivo derivada del aumento en los niveles de desempleo y subempleo, del incremento en los precios de alimentos, productos y servicios básicos, así como del desplome del salario, profundizan las inequidades en el acceso a los alimentos.
Aunado a lo anterior, el desmantelamiento progresivo de las instituciones sociales y en general de la política social –procesos que se corresponden con una lógica en la que se prioriza el fortalecimiento de las variables macroeconómicas y la organización de la vida a través del mercado– tienen un efecto negativo en los niveles de bienestar de amplias mayorías.
En las casi tres décadas de apuesta neoliberal los datos sobre pobreza en México son contundentes. Algunas estimaciones muestran que en 1981 cerca de la mitad de la población a nivel nacional era pobre (48.5%); para 1989, la pobreza alcanzaba a 64% de la población en todo el territorio nacional, y entre 1992 y 1996 se registró un aumento de 66% a 78%(I). De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 1992 y 1996 el porcentaje de personas en pobreza patrimonial creció de 53.1% a 69%, mientras que entre 1998 y 2006 el indicador disminuyó de 63.7% a 42.6%.
Sin embargo, en 2008 se registra un incremento de 4.8%, lo que significa que nuevamente cerca del 50% de la población mexicana podía ser considerada como pobre. En 2010 la pobreza afectaba a 46.2% de las y los mexicanos; no obstante esa disminución, el número de personas extremadamente pobres se mantuvo prácticamente igual, en 12 millones, entre 2008 y 2010. En este último año cerca del 30% de la población fue considerada vulnerable por carencias sociales (II, IV).
Con datos de la CONEVAL se estima también que entre 1992 y 1996 la proporción de personas en pobreza alimentaria a nivel nacional pasó de 21.4% a 37.4%; entre 1998 y 2006 el porcentaje cayó de 33.3% a 13.8 %, y subió a 18.2% en 2008, alcanzando niveles similares a los que se observaban en 2002 (20%) y 2005 (18.2%) (II,IV). Otros cálculos muestran que, en 2008, cuatro de cada diez hogares con al menos un adulto, y uno de cada tres hogares con miembros menores de 18 años tuvieron, al menos alguna vez en un periodo de tres meses, una alimentación poco variada por falta de dinero o recursos. Cerca del 15% de los hogares con al menos un adulto dejaron de desayunar, comer o cenar, y en 8% de los hogares con menores de 18 años, las niñas, niños o jóvenes se acostaron con hambre (V).
Cuando se comparan las prevalencias de talla baja en menores de cinco años por región y tipo de población, se observa que si bien la desnutrición crónica disminuyó de manera notoria en todo el territorio nacional entre 1999 y 2006, aún existen datos que siguen llamando la atención. En
2006, la detención del crecimiento óseo atribuible a carencias nutricionales se presentaba en quince de cada cien menores de cinco años en zonas rurales del centro del país, en poco más de 25% en el sur y en una quinta parte a nivel nacional. En zonas urbanas, esta forma de desnutrición afectaba, durante el mismo año, a diez de cada cien menores de cinco años en todo el país, aproximadamente a 12% en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana, y a cerca de 15% en el sur (VI).
La gravedad del hambre, la falta de alimentos y la pobreza en México se corrobora cuando, por ejemplo, se tienen evidencias de que alrededor de una de cada tres muertes registradas en los cien municipios con mayor marginación son atribuibles a padecimientos transmisibles de la nutrición y la reproducción (VII).
El otro extremo de la realidad alimentaria y nutricional de México está conformado por las altas prevalencias de sobrepeso y obesidad; de 1980 a la fecha éstas se triplicaron, y en la actualidad siete de cada diez mexicanas y mexicanos tienen un peso corporal por arriba de lo recomendado. La gravedad del problema, que ha sido equiparado al de una epidemia, se ratifica cuando se observa que, en promedio, uno de cada cuatro niños y niñas de 5 a 11 años y uno de cada tres adolescentes tiene sobrepeso u obesidad (VI). La adiposidad excesiva es consecuencia de un aumento en el consumo de alimentos y bebidas de alta densidad energética y bajo valor nutricional (comúnmente conocidos como “comida chatarra”), así como de la disminución en los niveles de actividad física. Se ha sugerido que el riesgo de sobrepeso y obesidad es mayor en hogares pobres y en un ambiente en donde el acceso a los alimentos es incierto o limitado (VIII-IX).
Los desafíos
Los datos anteriormente expuestos refuerzan la idea de un Estado mexicano incapaz de cumplir con sus responsabilidades y que en su afán por defender a ultranza un proyecto económico generador de más pobreza, miseria y desigualdad transgrede el derecho a la alimentación de la población mexicana, en particular de los sectores más depauperados de la sociedad. Las actuales políticas de combate a la pobreza, que privilegian el costo-beneficio de las intervenciones por encima de la vida humana, están siendo insuficientes para revertir la compleja situación alimentaria y nutricional en México. No basta, como comúnmente se cree, y como sistemáticamente se hace, con identificar y aislar “factores de riesgo” o “puntos críticos” desde el dogma de la “medicina basada en evidencia”, ignorando problemas estructurales tales como las inequidades sociales, la falta de empleo, la pérdida del poder adquisitivo o la imposibilidad de generar y transformar recursos propios, ni pensando que la población mexicana, particularmente los sectores que viven en la pobreza y en la miseria, constituyen grupos homogéneos en términos de carencias y necesidades y, por tanto, deben ser “beneficiados” de la misma manera –con los mismos esquemas–, priorizando variables biológicas e individuales (tales como, edad, sexo, etapa del ciclo de vida, requerimientos nutricionales, etcétera) y minimizando la amplia diversidad sociocultural que caracteriza a este país.
Hablar sobre seguridad alimentaria remite a un universo de dimensiones de distinto nivel de complejidad que giran en torno a la satisfacción de las necesidades de alimentación-nutrición de un país, una sociedad, un grupo o sujetos determinados. Garantizarla no es, por supuesto, tarea fácil para el Estado mexicano, pero es su obligación. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés): “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias
y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”(X). Sería un error, por tanto, pensar que el cumplimiento de todos y cada uno de los elementos que se mencionan en la definición anterior depende de la toma de decisiones de una sola persona o sector gubernamental.
Para que los alimentos estén disponibles, sean accesibles y tengan un impacto positivo en la salud y la calidad de vida de la población, es necesario que la política económica, las políticas de producción y comercialización de alimentos, la política social, y en particular las políticas de salud, tengan puntos de convergencia no sólo en sus metas, sino también desde el momento mismo en el que se conciben.
Las evidencias son claras. Todo esfuerzo para enfrentar la compleja situación alimentaria y nutricional que prevalece en el país requiere mucho más que un discurso demagógico; debe ir más allá del reordenamiento de los programas que en la actualidad se llevan a cabo. La reingeniería del status quo en materia de salud, alimentación, nutrición (y política social en general), o el “mejoramiento” de la gobernanza de acciones que a todas luces no han elevado los niveles de bienestar ni han logrado la equidad deben dejar de ser el motor de la toma de decisiones.
Urgen políticas universalistas e incluyentes, no acciones de neobeneficencia. El Estado debe garantizar el derecho a la alimentación, así como el de protección a la salud para todas las mexicanas y mexicanos por igual. Lo anterior no se logra únicamente con suplementos, alimentos o despensas para los pobres, en el caso del hambre, la desnutrición y las carencias nutricionales.
Tampoco con campañas que promueven y exigen acciones de autocuidado, modificación de conductas y hábitos, responsabilidad individual y toma de decisiones informadas en el caso del sobrepeso y la obesidad, sin exigir que la industria de alimentos y bebidas cumpla con la ley de manera irrestricta. Es inadmisible que las decisiones sobre cómo se interviene en materia de salud, alimentación y nutrición se sigan tomando esencialmente bajo criterios de costo-efectividad que asignan valor económico a la vida humana e importancia a los “beneficiarios” por las garantías que éstos ofrecen para retribuir a la inversión. ¿Quién cuesta menos y garantiza más? ¿A quién hay que “dar de comer” y “sacar de pobre”, y a quién no? ¿A un niño o a una niña? ¿A un anciano o a un joven? ¿A una mujer o a un hombre? No hay justicia cuando se actúa desde esta lógica.
La seguridad alimentaria sólo se puede alcanzar a través de un proyecto de nación y sociedad incluyente, en el que el derecho a una alimentación adecuada en términos de cantidad y calidad sea efectivo, exigible y justiciable, para que en todo momento todas y todos los ciudadanos –sujetos de derecho– gocen de una vida digna, plena.•
Referencias
I. Ortiz-Hernández L, López-Millán M, Rosales-Flores RA, Ortega-Hernández ME, Rivera-Márquez JA, Laurell AC. Mortalidad infantil y desigualdad socioterritorial en México. México: UAM-X, Serie Académicos CBS, No. 38; 2002.
II. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Reporte sobre la pobreza por ingresos 2008. Comunicado de prensa. Dirección de información y comunicación social. México, D.F. CONEVAL, 20109.
III. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Informe de pobreza multidimensional en México, 2008. México, D.F. CONEVAL, 2010.
IV. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Avances y Retos de la Política de Desarrollo Social en México 2012. México, D.F. CONEVAL, 2012.
V.INCIDE Social. Observatorio de Política Social y Derechos Humanos. El Derecho a la Alimentación en México. Un acercamiento desde la perspectiva de derechos. México, D.F. INCIDE Social, 2010.
VI. Olaiz-Fernández G, Rivera-Dommarco J, Shamah-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Avila M, Sepúlveda-Amor J. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006. Cuernavaca: Instituto Nacional de Salud Pública; 2006.
VII. López-Arellano O, Rivera-Márquez JA, Delgado-Campos VI, Blanco Gil J. Crisis, condiciones de vida y salud en México. Nuevos retos para la política social. Medicina Social / Social Medicine 2010 Junio; 5(2): 165 – 170.
VIII. Ortiz-Hernández L, Rivera-Márquez JA. Inseguridad alimentaria y riesgo de obesidad. En: García-García E., et al. (Eds.). La obesidad. Perspectivas para su comprensión y tratamiento. México, D.F. Funsalud-Fondo Nestlé para la Nutrición; Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”; Editorial Médica Panamericana, 2010: 35 – 42.
IX. Rivera-Márquez JA. Sobrepeso y obesidad. En: López-Moreno S, Puentes-Rosas E. (Ed). Observatorio de la salud pública en México 2010. México, D.F. Ed. UAM-X, DCBS: 67-77.
X. FAO (1996). Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 13 – 17 de noviembre de 1996. http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm. Consultado el 13 de septiembre de 2012.
