Debe insistirse. El lenguaje sobre lo social debe estar en constante revisión y crítica, porque los conceptos no sólo describen o explican: también son formas de criticar y señalar, por ejemplo, que algo anda muy mal y que hay profundas heridas y malestares en nuestra realidad cultural contemporánea.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Una de las situaciones que es generadora de esas heridas, marcas a veces indelebles y también irreversibles, se encuentra en las formas cada vez más violentas y crueles que utiliza el crimen organizado para el reclutamiento forzado y con ellos, mantener a las células armadas que les permiten tener al país permanentemente bajo fuego.
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Las niñas, niños y adolescentes, debe decirse de manera enfática, tienen el derecho inalienable de estar protegidos en contra de todas las formas de maltrato, abuso y violencia; y debe evitarse en todo momento que puedan ser sometidos a cualquier forma de tratos crueles o degradantes.
Desde hace décadas, los grupos criminales también optaron por el reclutamiento de mercenarios internacionales, y recientemente se ha intensificado la presencia de personas de origen guatemalteco en sus filas. El grupo denominado como “Los Z” comenzaron con esta práctica de reclutar a los llamados “kaibiles”, militares desertores del ejército de nuestro país vecino del sur. Esa práctica no ha cesado, y parece que, además, ahora convive con el reclutamiento forzado de personas indígenas y campesinas de aquel país, entre las que también se encuentras niños y adolescentes.
Lo que más indigna es la impunidad que rodea estas prácticas. Mientras el Estado mexicano se debate entre declaraciones de buena voluntad y estrategias fragmentadas, las organizaciones delictivas no sólo se consolidan, sino que perfeccionan su maquinaria de terror.
El resultado, buscado o no, es inadmisible. Las historias de niñas y niños que desaparecen de sus hogares y terminan inmersos en un mundo de muerte y tortura son cada vez más comunes. En el mismo nivel se ubica la realidad de las vidas de miles de personas migrantes que, en busca de refugio, terminan atrapadas en redes criminal que los cosifica. Guatemala se ha convertido en uno de los países más afectados por esta dinámica, con decenas de sus ciudadanos convertidos en víctimas invisibles de la violencia organizada en México. Las historias se repiten: secuestro, trabajos forzados y, para muchos, una muerte silenciosa en medio de la selva o los desiertos del norte.
El reclutamiento infantil se ha sofisticado en métodos de coerción psicológica y manipulación. En algunas zonas del país, los cárteles locales actúan como células preliminares de reclutamiento, detectando a menores en situación de abandono o que han sido excluidos de los sistemas educativos. Los videojuegos, las redes sociales e incluso los parques son escenarios donde se ejerce esta cacería. Con promesas de pertenencia y poder, las organizaciones criminales capturan a jóvenes sin otro referente que la violencia. La consecuencia es devastadora: estos menores terminan atrapados en un círculo vicioso del que rara vez logran escapar con vida o sin cargar un estigma irreversible.
México enfrenta una crisis ética que no puede posponerse más. Cada niño reclutado, cada migrante esclavizado son un recordatorio de la brutalidad que se ha normalizado en el país. La incapacidad del Estado para intervenir eficazmente, y la complicidad estructural de numerosos gobiernos locales, se han convertido en aliados de esta crueldad sin precedentes.
No basta con señalar al crimen organizado como responsable; es imperativo que las autoridades y la sociedad asuman su cuota de responsabilidad. Sin una respuesta contundente, no sólo seguiremos sumando víctimas, sino que estaremos aceptando que, en México, la vida humana puede ser tratada como un recurso más del que el crimen organizado dispone a voluntad.
Las esperanzas de futuro de toda una generación penden de un hilo. La disyuntiva es clara: o el Estado responde con políticas decididas, eficaces y centradas en una lógica de justicia centrada en las víctimas, o los criminales seguirán ocupando los espacios vacíos, convirtiendo la violencia y la crueldad en ley.
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Investigador del PUED-UNAM
