EL COSTO DE LOS DERECHOS. HACIA UNA REFORMA TRIBUTARIA

Todos los derechos humanos cuestan. Esta declaración expresa una verdad de Perogrullo. No debe haber nadie en el mundo que piense en serio que los derechos son dones gratuitos. Hace unos años un par de constitucionalistas usamericanos publicaron un libro con el título El costo de los derechos^[1]. El libro se hizo popular entre los juristas, a pesar de su aparente obviedad. Si no lo interpreto mal, proponía abandonar la distinción entre derechos de libertad y de bienestar.

Escrito por: Alejandro Sahuí

Entre nosotros es conocida una clasificación entre los derechos de una primera generación, civiles y políticos, y una segunda, los económicos, sociales, culturales y ambientales. A pesar de que la distinción es problemática porque postula la prioridad liberal individualista, antes que las virtudes republicanas o la solidaridad social, ha jugado un papel importante en el derecho, incluso en el internacional -que la sancionó en la guerra fría mediante dos pactos separados.

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Lo que dice el libro es que no solo cuestan los derechos de bienestar o prestacionales, sino también las libertades. No se puede menos que reconocer la estrategia retórica del texto, porque habitamos un universo ideológico uniforme que convierte la intervención estatal en la vida pública en anatema. El neoliberalismo, liberalismo conservador o libertarismo, cuyas fuentes se hallan en Friedrich Hayek^[2] o Robert Nozick^[3], reclaman la disminución de la política. Si la burocracia favorece a las personas y grupos vulnerables, se incurre en paternalismo y se allana un camino de servidumbre; los impuestos son trabajos forzosos. En México Fernando Escalante Gonzalbo ha realizado una historia esencial de esta corriente para conocer sus bases^[4]. 

Todas estas reflexiones vienen a cuento por los dos informes recientemente publicados por Oxfam, el global titulado La ley del más rico. Gravar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad, y el de nuestro país ¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México. Lo más importante de estos informes es que conectan claramente la extrema desigualdad con la inequidad de las estructuras fiscales, dicho sin matices: con la injusticia. En contra de las ideas que circulan en la opinión pública, no es verdad que las clases acomodadas cargan o remolcan a las personas pobres. Sucede más bien lo inverso. Los individuos ricos en el mundo y en México disfrutan un sinnúmero de privilegios, o sea, viven a expensas de los demás. Además, se han convertido en una casta, ya que se ha arruinado el elevador social: la movilidad ascendente es cada vez más difícil y las brechas de desigualdad constituyen amenazas públicas. Algunas tienen que ver con pobreza y precariedad, pero otras con cohesión y paz social. La desigualdad genera violencia. Recientemente algunos economistas han alertado de esta grave situación^[5], pero no es un tema todavía con demasiada resonancia política, y menos entre los juristas. El constitucionalismo, por alguna razón misteriosa, ha decretado catálogos generosos de derechos, pero no ha prestado atención a las herramientas para su realización efectiva. Hace falta ajustar las tuercas de la sala de máquinas constitucional^[6], desempacar derechos y ponerlos en acción en las políticas públicas^[7], pero en ambos casos el enfoque permanece centrado en una imagen del Estado de los siglos XVIII y XIX, con una división de poderes muy poco compleja para la sociedad actual, y con una ideología que separa lo público y lo privado en forma determinante que resguarda las estructuras de propiedad y la circulación de la riqueza. El derecho privado como cuestión pública, o su constitucionalización, no deben escandalizar a los defensores de los derechos humanos^[8].

La reforma tributaria es el elefante en la habitación. Puede haber toda la disciplina y austeridad en el gasto, o mejoras en la recaudación, pero si no ocurre una transformación profunda de la estructura contributiva actual, estaremos condenando a la ciudadanía a condiciones de vida cada vez peores. El cambio en las condiciones demográficas genera una enorme presión fiscal. No realizar ajustes ahora, se traduce en menor inversión en infraestructuras de salud, cuidados y educativas indispensables para las generaciones futuras. Si las constituciones proyectan un ideal de justicia, este es un tema que no se puede postergar más. Es un tema fundamentalmente político, no sólo económico.

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