Reinventar al gobierno

Uno de los mayores retos que debe enfrentar y resolver el presidente López Obrador, acompañado de su equipo de trabajo, es cómo reinventar al gobierno. Desconozco si en algún momento, en alguna de las reuniones del Gabinete, se ha planteado una reforma integral del aparato de la administración pública; pero sin duda es una de las asignaturas que no pueden dejarse de lado si de verdad quiere concretarse una transformación de fondo del país.

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Para enfrentar la crisis económica que ya está provocando efectos catastróficos para millones de familias, sumada a la emergencia sanitaria, el Estado mexicano debe resolver dos bloques problemáticos de gran calado: por una parte, reducir la anemia fiscal y disponer de los recursos requeridos para garantizar los derechos que están reconocidos en la Constitución pues, aunque no formen parte de la narrativa presidencial, siguen siendo un mandato ineludible para el Ejecutivo.

El punto de partida

En ese ámbito, la Presidencia ha avanzado decididamente, de manera correcta a mi juicio, haciendo lo que no se había querido llevar a cabo en administraciones precedentes: cobrarle lo que deben a las grandes empresas y corporaciones que operan en México. El SAT ha avanzado también, de manera rápida y eficiente, en la reducción de la evasión fiscal, que generaba al año boquetes de ingresos superiores a un punto porcentual del PIB. En ese rubro el gobierno lo está haciendo razonablemente bien.

Sin embargo, disponer de más recursos exige de más y mejores capacidades para gastarlo, no solo de manera más eficiente, sino, sobre todo, más efectiva. Y en este caso, dado que el propósito explícito del titular del Ejecutivo es reducir la pobreza, ese compromiso ético debe materializarse en acciones que eleven los ingresos de los más pobres, pero también generando las bases para una nueva etapa de crecimiento sostenido, con mecanismos de redistribución justos de la renta nacional.

Un escenario con nubarrones

Si antes de la emergencia sanitaria, según los datos del CONEVAL, alrededor de 8 de cada 10 personas en México eran, o pobres o vulnerables por carencia social; al finalizar la primera etapa de la pandemia es posible que esa proporción se eleve a 9 de cada 10.

Si antes de la llegada de la pandemia la estructura del gobierno de la República se encontraba desbordada, hoy la reforma se hace más que urgente, porque al haber cambiado radicalmente la realidad, no es viable continuar con la misma lógica de organización de las dependencias federales.

Ningún aparato público de la dimensión que tiene el mexicano puede funcionar sin auténticas expertas y expertos que conozcan de los temas que les corresponden atender, pero que al mismo tiempo puedan traducir los objetivos y principios del jefe del Ejecutivo en acciones y programas que cumplan con los criterios exigibles en cualquier sociedad abierta y democrática: transparencia, rendición de cuentas y eficacia gubernamental en la solución de los problemas ciudadanos.

Lo que urge

Desde esta perspectiva, la democratización del aparato público exige nuevos mecanismos de diálogo y discusión con la ciudadanía; pues si bien es cierto que por mandato constitucional el Ejecutivo tiene la facultad exclusiva de la conducción del desarrollo nacional, éste no puede darse sin un diálogo constante y sin la real aplicación de procesos de consulta ciudadana.

Ese es uno de los mecanismos que en democracia deben prevalecer para garantizar los derechos de las minorías excluidas y con menor acceso a la representación en el aparato del Estado; y es la única manera eficaz de evitar que la agenda pública sea exclusivamente una agenda del Ejecutivo.

Reinventar al gobierno implica asumir que lo que hoy tenemos no alcanza para dar respuesta a todos los problemas estructurales que enfrenta el país; requiere de mucha imaginación y de mayor capacidad operativa y técnica. Alguien en el Gabinete debería estar pensando en esto, y debería intentar convencer al Ejecutivo que, sin una reforma en este sentido, será mucho más difícil alcanzar la transformación que se ha planteado y por la cual votaron nada menos que 30 millones de personas.

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