Las remesas enviadas por migrantes mexicanos desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos, se han consolidado como una fuente vital de ingresos para millones de hogares en México. Durante la última década, estos flujos monetarios han mostrado un crecimiento constante, alcanzando cifras récord año tras año.
Mario Luis Fuentes
Según datos del Banco de México, los ingresos por remesas pasaron de 23,647 millones de dólares en el año 2014, a 58,868 millones de dólares en el 2020 y a un nuevo nivel histórico de 63,313 millones de dólares en el 2024. Al respecto, lo primero que debe hacerse notar es que en el país no se tiene un registro homologado y confiable sobre la suma de recursos que ingresan al país por esa vía, pues lo que reporta el INEGI vía la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares es radicalmente distinto a las cifras del Banco Central.
Aún con lo anterior, hay una coincidencia institucional de que se ha registrado un incremento sostenido en los montos transferidos, fruto del trabajo de nuestros connacionales, lo cual refleja la resiliencia y el compromiso de la comunidad migrante con sus familias en México, constituyéndose en un soporte económico esencial.
Otro punto a considerar es que, a pesar de que en todo el país se reciben este tipo de recursos, la distribución de las remesas no es homogénea entre las entidades de la República, pues la mayoría de la recepción del dinero que viene del exterior, se concentra principalmente en estados con altos índices de migración histórica y estructural. En efecto, en 2023, Guanajuato se posicionó como el principal receptor de remesas, con 5,414 millones de dólares, seguido de Michoacán con 5,409 millones y Jalisco con 5,355 millones. Estas entidades, junto con Zacatecas y el Estado de México, agrupan el 45% de los migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Sin embargo, es importante notar que estos estados también enfrentan graves problemas de criminalidad. Guanajuato y Zacatecas han registrado altos niveles de violencia ligada al crimen organizado, mientras que Michoacán y Jalisco continúan siendo epicentros de conflictos entre grupos delictivos. La intersección entre el alto flujo de remesas y la violencia genera un fenómeno particular: las remesas no solo son un sustento económico, sino también un objetivo para grupos delictivos que buscan extorsionar o apropiarse de estos recursos mediante secuestros, cobro de “derecho de piso” y otras formas de violencia económica.
El hecho de que las remesas lleguen a zonas con altos índices de violencia también impacta la dinámica económica local. Por un lado, estos recursos permiten a muchas familias mantenerse a flote en un entorno de pocas oportunidades laborales; por otro, la inseguridad reduce la inversión productiva y limita el impacto positivo de estos flujos monetarios en el desarrollo regional. Este contexto evidencia la necesidad de que las políticas públicas no solo se enfoquen en la protección de los migrantes en el extranjero, sino también en la seguridad de sus familias y comunidades receptoras en México.
A la complejidad señalada, se suma ahora el hecho de que la administración del presidente Donald Trump ha radicalizado sus políticas migratorias, llevándolas a posiciones cada vez más violentas y restrictivas, las que van desde la separación de familias en la frontera hasta la amenaza de orquestar deportaciones masivas, a la par de gravar o incluso confiscar parte de las remesas enviadas desde Estados Unidos. Aunque muchas de estas medidas no se han concretado en su totalidad, han generado un clima de incertidumbre y temor entre las comunidades migrantes y sus familias en México.
Uno de los mayores temores es la posibilidad de que las remesas se vean afectadas por restricciones financieras o impositivas. En diversas ocasiones, Trump ha propuesto gravar con un impuesto del 10% los envíos de dinero hacia México, lo que podría impactar drásticamente la capacidad de ahorro y sustento de las familias receptoras..
Además, el endurecimiento de las políticas anti-inmigrantes también ha impactado el bienestar emocional de las comunidades migrantes. La incertidumbre sobre su permanencia en EE.UU., el miedo a la separación familiar y la hostilidad de ciertos sectores políticos y sociales han aumentado los niveles de estrés y ansiedad entre los migrantes mexicanos. Esta situación también afecta indirectamente a las familias en México, que dependen de la estabilidad laboral y migratoria de sus parientes para recibir recursos constantes, pues de ellos dependen tratamientos médicos, formación de patrimonio, el pago de colegiaturas, o incluso la manutención cotidiana.
Desde una perspectiva económica, la incertidumbre política en EE.UU. podría traducirse en una desaceleración del crecimiento de las remesas. Si las políticas de deportación se intensifican o si se imponen restricciones financieras a los envíos de dinero, el impacto podría ser significativo no solo para los hogares, sino para la economía mexicana en su conjunto.
Las remesas no solo son fundamentales para los hogares que las reciben, sino que también tienen un impacto macroeconómico significativo. En 2023, representaron aproximadamente el 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Además, estos flujos de capital influyen en la estabilidad del tipo de cambio, ya que incrementan la oferta de divisas en el país.
Dada la relevancia de las remesas, es imperativo que el gobierno federal implemente políticas que protejan los intereses y el bienestar de las familias dependientes de estos ingresos. Esto incluye la defensa de los derechos de los migrantes en el extranjero, la negociación diplomática para evitar impuestos y el fortalecimiento de programas sociales que apoyen a las comunidades receptoras.
Las remesas constituyen un pilar económico y social para México, especialmente en tiempos de adversidad e incertidumbre. Proteger y fomentar estos flujos requiere de esfuerzos coordinados entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad migrante, asegurando así el bienestar de millones de familias que dependen de este vital recurso.
Investigador del PUED-UNAM
