Rendición de cuentas: clave de la democracia y la confianza ciudadana

La rendición de cuentas es una de las herramientas fundamentales con las que cuenta un Estado democrático para afianzar la credibilidad de la población en sus autoridades. Aunado a mecanismos de control y sanción, este proceso demuestra a los ciudadanos el compromiso de un gobierno con la transparencia y su lucha contra la corrupción.

Escribe Alexandro Méndez González

En aras de consolidar la democracia, las autoridades de todos los niveles deben asumir los retos que implica garantizar el desempeño íntegro de los servidores públicos, además de plantearse las metas necesarias para robustecer los mecanismos que transparentan el manejo de los recursos públicos. En una cultura de rendición de cuentas, las instituciones, dependencias y entidades ejecutoras de fondos públicos están obligadas a justificar sus acciones ante las autoridades y los ciudadanos y sobre todo a hacerse responsables de sus acciones y resultados.

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En este sentido, el pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados su Informe Final del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020. Este documento revela los resultados de la revisión de la ASF sobre la gestión financiera de la administración pública. Como ocurre cada año, la Auditoría reportó múltiples irregularidades en el uso de recursos públicos, actos que es urgente erradicar si uno de los objetivos principales que se ha planteado como clave para lograr el bienestar del país es eliminar la corrupción.

Entre los malos manejos que revela el informe de la Auditoría se encuentran la asignación de contratos a empresas que no cumplen con los requisitos para prestar un servicio, duplicidad en compras, pagos por prestaciones de servicios sin documentos que los respalden, obras con sobreprecios, entre otras. Cabe señalar que la ASF ha entregado los tres informes correspondientes al análisis total de 2020, los cuales suman un monto de 60 mil millones de pesos en gastos que aún están pendientes de aclarar o recuperar. Asimismo, este órgano identificó en los años 2019 y 2020, un total de 2,640 irregularidades en perjuicio del erario, tanto en dependencias federales como estatales.

La ASF es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados que se creó en diciembre del año 2000 y se ha consolidado como la autoridad encargada de llevar a cabo la fiscalización del uso de los recursos públicos en los niveles federal, estatal y municipal. Sus auditorías e informes constituyen una herramienta fundamental para examinar el manejo de las finanzas públicas y combatir la ineficiencia, la opacidad y la discrecionalidad. Sin duda alguna, la Auditoría forma parte de los avances democráticos del país en la construcción del camino hacia una mayor transparencia en el ejercicio de la gestión pública.

La sociedad mexicana tiene cada vez mayor conciencia sobre la importancia de los procesos de vigilancia y evaluación de las autoridades y los funcionarios, quienes están obligados a cumplir cabal e íntegramente con su labor. Por eso, un modelo en el que imperen la discrecionalidad y la opacidad ya no es admisible cuando el objetivo es garantizar a los ciudadanos que sus aportaciones al erario son administradas correctamente y que su demanda de cuentas claras se cumple cada vez con mayor transparencia. Los avances en la materia son innegables, pero también lo son las asignaturas pendientes del país en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En este sentido, cabe recordar que en abril de 2020 se dieron a conocer los resultados del Índice de Presupuesto Abierto 2019, elaborado por la International Budget Partnership (IBP) y que se actualiza cada dos años, en el cual México ocupó el cuarto lugar de 117 países, al obtener 82 puntos de 100 posibles. Con ello, superó el promedio global de la evaluación, de 45 puntos, e incluso el de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que fue de 71.

Con esa puntuación, México ocupó el cuarto lugar del ranking, posicionándose como una de las naciones con mayor transparencia fiscal, solo por debajo de Nueva Zelanda, Sudáfrica y Suiza. Y no solo eso, sino que nuestro país ha mejorado en los últimos años, pues en 2010 había registrado una puntuación de 52, por lo que en solo nueve años logró un incremento de 30 puntos.

Sobre estos resultados, la Secretaría de la Función Pública puso el énfasis en que la IBP señaló a México como “un ejemplo de cómo cerrar las brechas entre ciudadanía y Estado en materia presupuestaria a través de las labores de vigilancia y contraloría social”. Sin embargo, el documento también señala que nuestro país “debe avanzar en fortalecer mecanismos de participación ciudadana y de vigilancia del presupuesto”.

Efectivamente: aún es necesario cuidar y fortalecer a las instituciones para garantizar que el dinero público sea utilizado de forma correcta, con honradez y eficiencia, en aras de cumplir a cabalidad con la ley. También es fundamental preservar la autonomía de los órganos encargados de revisar el comportamiento de las dependencias en el gasto público. Sin autonomía, imparcialidad e independencia de los organismos de control no puede ser efectiva la rendición de cuentas ni se obtendrán evaluaciones que permitan un mejor rendimiento de las cuentas públicas y que abonen al necesario fortalecimiento institucional.

Los resultados del Barómetro de información presupuestal municipal 2020, elaborado por el Centro de Investigación en Política Pública del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), indican que la calidad de la información presupuestal ha registrado avances en la última década, pues el promedio de cumplimiento en la transparencia presupuestaria pasó de 42% en el año 2017 a 51% 2020.  Sin embargo, el Imco advierte que “todavía queda mucho por hacer”, ya que “detrás de esta mejoría hay grandes brechas entre los municipios del país”, y señala que en la Ciudad de México, Chiapas y Morelos es donde se ha registrado mayor opacidad en la planeación y administración del gasto público.

El mismo Imco presentó el pasado octubre su Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2021 con base en su análisis del cumplimiento contable en las entidades. De acuerdo con este informe, “los gobiernos estatales cumplieron con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en un promedio de 87% para reportar sus gastos de 2020”. No obstante, el documento revela que las entidades no modificaron la prioridad de su gasto en la coyuntura de la pandemia, lo que “propició un mal uso de los recursos públicos y dejó sin atender las verdaderas prioridades”.

Además, este reporte señala que las entidades incurren en una subestimación de los ingresos para gastar “de forma discrecional” los ingresos excedentes y advierte que “las finanzas públicas estatales tienen grandes deficiencias en su planeación presupuestal. Esto sucede ya que una vez aprobados los presupuestos y las leyes de ingresos, los congresos locales se desentienden de su cumplimiento”.

México aún necesita fortalecer a sus instituciones para garantizar un manejo adecuado de todos los recursos públicos. También es importante robustecer el sistema de evaluación de políticas, la garantía del acceso a la información, el sistema de rendición de cuentas y los procesos de vigilancia de la gestión pública. Ahí radica la gran importancia de atender y aclarar todos los resultados del informe sobre la Cuenta Pública 2020. Solo así podrán avanzar y consolidarse los mecanismos de transparencia, aumentará la confianza de la sociedad y mejorará la calidad de los gobiernos y de nuestra democracia.

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Alexandro Méndez Dr. en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte y profesor de asignatura en la maestría en Administración Pública de la Universidad Tecnológica de México.