La crisis actual debe ser aprovechada como una oportunidad para repensar el financiamiento para el desarrollo de los países de ingreso medio, como los de América Latina y el Caribe. Es una ocasión para alcanzar un amplio consenso social y político que permita aplicar reformas ambiciosas con el fin de emprender un proceso de construcción sostenible e igualitario hacia el futuro, coincidieron hoy representantes de los países de América Latina y el Caribe reunidos en el trigésimo sexto periodo de sesiones del Comité Plenario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
En reciente reunión realizada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, participaron representantes de 37 Estados miembros de la CEPAL y de 3 miembros asociados, quienes aprobaron el programa de trabajo de la Comisión para 2023 y reafirmaron su papel como componente esencial del sistema de la ONU, con miras a lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones -económica, social y ambiental- de forma equilibrada e integrada a nivel regional.
Rodolfo Solano, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, inaugoró el evento de presentación, en su calidad de Presidente del Comité Plenario de la CEPAL y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, y contó con una intervención especial de Maria Luiza Ribeiro, Jefa de Gabinete de la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.
Alicia Bárcena dio cuenta de las actividades de la Comisión en 2020 y destacó que, pese la pandemia provocada por el COVID-19, los mandatos de los países han sido cumplidos.
“El COVID-19 ha evidenciado la necesidad de abordar el problema del financiamiento para el desarrollo de los países de ingreso medio. La pandemia ha empeorado los problemas estructurales de América Latina y el Caribe en materia de inversión, productividad, informalidad, desigualdad y pobreza”, subrayó Alicia Bárcena durante su presentación.
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Recordó que América Latina y el Caribe es actualmente la región más endeudada del mundo en desarrollo. La deuda bruta del gobierno general promedia el 77,7% del PIB regional, aunque en algunos casos supera el 100% del PIB nacional, y el servicio total de la deuda representa el 59% de sus exportaciones de bienes y servicios.
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“El alto nivel de endeudamiento resultante de una menor recaudación de impuestos, junto con el incremento de las transferencias corrientes para apoyar a los hogares y las empresas, ha aumentado las necesidades de liquidez de los países, a pesar de la considerable heterogeneidad de su situación fiscal y vulnerabilidad de la deuda. Esta situación ha reducido el espacio fiscal para implementar políticas contracíclicas, socavando la capacidad de los países para construir un futuro mejor”, afirmó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
El Informe propone una innovadora agenda de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de la región basada en cinco medidas de política:
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i) ampliar y redistribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo;
ii) fortalecer la cooperación regional aumentando la capacidad de préstamo y respuesta de las instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales, y estrechando sus vínculos con los bancos multilaterales de desarrollo;
iii) llevar a cabo una reforma institucional de la arquitectura de la deuda multilateral;
iv) proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores destinados a aumentar la capacidad de reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo, y;
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v) integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda a una estrategia de resiliencia encaminada a construir un futuro mejor. En este último punto, el documento subraya como ejemplo el Fondo de Resiliencia del Caribe, un fondo fiduciario establecido como una asociación público-privada cuyo propósito es financiar intervenciones estratégicas en todo el caribe para aliviar dificultades que afectan a la subregión.
En sus resoluciones, los países miembros del Comité Plenario reconocieron los esfuerzos de la CEPAL para garantizar la continuidad de sus operaciones y la disponibilidad de sus productos y servicios considerando los desafíos que plantea la pandemia de COVID-19, y reiteraron el papel de la Comisión en el apoyo a la implementación de la Agenda 2030, así como la respuesta regional y mundial para lograr una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva de la pandemia.
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