La política social no puede ser vista sólo como el conjunto de programas gubernamentales dirigidos a combatir la pobreza, sino como el conjunto de decisiones que el Estado debe tomar para garantizar plenamente los derechos humanos consagrados en la Constitución
En ese sentido, la política social implica una determinada política económica, pues no puede haber distribución de la riqueza, equidad e inclusión social sin que existan mecanismos redistribuidores del ingreso, con criterios de equidad y dirigidos a garantizar que todas las personas tengan acceso al cumplimiento efectivo de sus derechos.
Sin embargo, de acuerdo con Carlos Rojas, nuestro país ha perdido en los últimos años su visión y objetivo social y lejos de contar con una Política Social de Estado ha apostado por la simple operación y administración de programas de apoyo para atemperar las condiciones de vida de quienes menos tienen, lo que es más ha subordinado la política social a una política económica que profundiza las diferencias entre grupos sociales y regiones.
De hecho, el Informe Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 del Coneval advierte que nuestro país todavía está lejos de tener oportunidades y participación en igualdad de circunstancias para todas las personas.
Los jóvenes, por ejemplo, tienen mayores dificultades para insertarse en el empleo formal, actualmente casi 6 de cada 10 jóvenes entre 15 y 29 años laboran en la informalidad. Además, en 2016 cerca de 1 millón de niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años que vivían en hogares con ingresos por debajo de la Línea de Bienestar Mínimo no asistieron a la escuela.
La población indígena que ha sido históricamente discriminada y excluida, enfrenta la desigualdad en todos los casos en que se compara con población no indígena, la cual se agrava cuando además de ser indígena son mujeres. En 2016, de acuerdo con datos de Coneval, 85% de las mujeres indígenas residentes en zonas rurales eran pobres.
Frente a este panorama, el organismo encargado de generar información sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México, insta al Estado mexicano a enfocar la planeación en el acceso efectivo de los derechos y la reducción de la pobreza multidimensional como una hoja de ruta para dar pleno cumplimiento a los compromisos asumidos con la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU.
Urge una estrategia integral para responder a los nuevos desafíos que permita tener objetivos y metas precisas, por lo que es indispensable e inaplazable que el Estado mexicano suma a cabalidad su responsabilidad social. Para Carlos Rojas, esto requiere superar la visión de que las funciones del Estado son sólo subsidiarias o asistenciales y que el gobierno es un simple administrador o canalizador de recursos.
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