Desde el inicio de la pandemia, António Guterres, secretario general de la ONU ha exhortado a las naciones de todo el mundo a seguir defendiendo la democracia, Estado de derecho, los principios básicos de legalidad, así como el acceso a la justicia.
Ha pedido, asimismo, que los gobiernos sean transparentes, receptivos y responsables en su respuesta al COVID-19 para garantizar que cualquier medida de emergencia sea legal y no discriminatoria.
De acuerdo con la ONU, “la democracia suministra un medio para la protección y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Esos valores se han incorporado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y han sido elaborados aún más en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que consagra una multitud de derechos políticos y libertades civiles en los que se basan las democracias significativas”.
Además, la define tanto como un proceso y un objetivo, y afirma que “solo con la participación y el apoyo plenos de la comunidad internacional, los gobiernos, la sociedad civil y las personas, el ideal de la democracia puede convertirse en una realidad para que todos puedan disfrutarla en todas partes”.
No obstante, las Naciones Unidas han dado a conocer sus principales preocupaciones al descubrir prácticas a nivel global que amenazan a la democracia en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19. Entre ellos se encuentran:
- Medidas que se han adoptado para controlar la circulación de información y reprimir la libertad de expresión y la libertad de prensa en un contexto donde ya se está reduciendo el espacio cívico.
- El arresto, la detención, el enjuiciamiento o la persecución de opositores políticos, periodistas, personal médico y de salud, activistas y otros por supuesta difusión de “noticias falsas”.
- La ciberpolicía agresiva y una mayor vigilancia en línea.
- El aplazamiento de las elecciones, que plantea graves problemas constitucionales en algunos casos y puede provocar un aumento de las tensiones.
Actuar contra las amenazas a la democracia
Frente a estas amenazas, el organismo internacional plantea la urgencia de proteger la libertad de expresión y eliminar la información errónea o la desinformación. “La respuesta más eficaz es la información precisa, clara y fáctica de fuentes en las que la gente confía”, señala.
El trabajo de la ONU para defender la democracia antes de la llegada del COVID-19 ya incluía las siguientes acciones:
- Ayudar a parlamentos a mejorar los controles que permiten que la democracia prospere.
- Ayudar a fortalecer la imparcialidad y efectividad de las instituciones nacionales de derechos humanos y los sistemas de justicia y seguridad.
- Ayudar a desarrollar legislación y capacidad para medios de comunicación que aseguren la libertad de expresión y el acceso a información.
- Ayudar a desarrollar políticas y leyes que garanticen el derecho a la libertad de asociación y de agrupación pacífica.
- Auministrar asistencia electoral y apoyo a largo plazo para los órganos de gestión electoral;
- Promover la participación de la mujer en la vida pública y política.
Este 2020, ante el llamado de la ONU para contrarrestar las acciones que atentan contra la democracia en tiempos de COVID-19, se han sumado las siguientes:
- El desarrollo de la alfabetización mediática y la seguridad digital
- Luchar contra la desinformación y el discurso de odio, que se han multiplicado durante la crisis.
- Capacitar a los periodistas de forma remota para informar sobre el impacto de la pandemia con una cobertura profunda y real, mientras se mantienen seguros en la primera línea.
- Empoderar a las mujeres contra la violencia de género, que se ha disparado en medio de cierres, cuarentenas y presiones sociales y económicas del Covid-19.
- Dar a conocer los desafíos de la desigualdad y la deficiente prestación de servicios agravados por la crisis, con un enfoque específico en las necesidades y derechos de las mujeres, los jóvenes, las minorías y otras poblaciones marginadas, para ayudar a que los gobiernos rindan cuentas.
