por Alberto Javier Olvera Rivera
Visto el panorama en su conjunto, podemos decir que la sociedad civil mexicana vive un momento de debilidad, dispersión y falta de unidad política que ha permitido el éxito temporal del proyecto de restauración autoritaria que estamos viviendo actualmente
Situando los conceptos y los retos
Existe en la opinión pública un cierto consenso respecto a que la sociedad civil ha jugado un importante papel en el proceso de democratización mexicano. En efecto, diversos actores civiles fueron protagonistas importantes de las luchas por la democracia electoral que culminaron con la alternancia en el año 2000, y lo han sido también, antes y después de ese momento histórico, en el proceso de creación de instituciones garantes de derechos, tales como las Comisiones de Derechos Humanos, los Institutos Electorales y los Institutos de Transparencia y Acceso a la Información, así como en la apertura de numerosas instancias de participación ciudadana (I).
Esta imagen, siendo correcta, es parcial. Los aportes democráticos de la sociedad civil son mucho más amplios: abarcan todo el campo de la promoción de derechos humanos (movimiento feminista, por la defensa de los derechos civiles, por la autonomía indígena, etcétera) y de la defensa de la ecología y del espacio público como bien colectivo. Pero la sociedad civil mexicana también padece límites muy relevantes, pues por diversas razones no ha podido dar pasos decididos en la generalización de los derechos de ciudadanía ni democratizar las organizaciones laborales, empresariales, profesionales, y populares urbanas, por lo cual la cultura política democrática sigue siendo residual en nuestro país.
Para hacer un balance objetivo del problema aquí analizado debemos empezar por unas consideraciones preliminares sobre los conceptos e hipótesis subyacentes que usamos cotidianamente.
En nuestro tiempo y en nuestro país, ha habido una tendencia hegemónica a entender la sociedad civil como el conjunto de actores sociales organizados autónomamente del Estado, por lo que en la práctica se asume que las ONG y asociaciones civiles urbanas −sean de promoción de derechos o asistenciales− son la sociedad civil (II). En realidad, la sociedad civil no define un conjunto de actores social y políticamente homogéneos, sino un vasto conjunto de sujetos sociales con muy diferentes intereses y proyectos políticos. Por lo tanto, no hay una sociedad civil, sino múltiples sectores de la sociedad civil, cada uno de los cuales asume una distinta posición en el escenario político. Se trata, en México, de una sociedad civil muy pequeña, fragmentada y dispersa.
En segundo lugar, el concepto de democratización (III) debe entenderse como un proceso mucho más amplio que las elecciones. En realidad, la democratización implica un largo proceso de construcción del Estado de Derecho, la consolidación de sus instituciones, la operatividad de los derechos de ciudadanía, y la construcción de una sociedad civil democrática.
Es en este marco conceptual que debemos analizar el papel de la sociedad civil en la democratización mexicana.
Actores civiles prodemocráticos
La transición mexicana ha sido un largo proceso centrado en reformas electorales sucesivas, al cual se han sumado, después de la alternancia, una serie de innovaciones legales e institucionales centradas en la protección de algunos derechos civiles (derechos humanos, acceso a la información, derechos de las mujeres). Actores civiles pro-democráticos han sido protagónicos en momentos cruciales.
Siendo estos actores los más visibles del proceso de democratización, han estado acompañados por múltiples actores de escala local o regional, que en sus respectivos espacios defienden derechos individuales, colectivos y comunales. La característica central de estos movimientos es su dispersión, fragmentación y escasa visibilidad nacional, en buena medida debido a la continuidad de la tradición centralista mexicana.
Como puede percibirse de esta incompleta enumeración, el enorme activismo de los sectores prodemocráticos de la sociedad civil ha resultado en reformas importantes que han ampliado el espacio de los derechos y abierto la puerta a ciertas innovaciones legales e institucionales, que, sin embargo, no se ha logrado poner fin al viejo régimen. El fracaso de los intentos por impulsar una “Reforma del Estado” marca los límites de este tipo de activismo civil, que por sí mismo no puede cambiar la dinámica básicamente conservadora de la vida política. El problema principal radica en que las reformas parciales no han alterado los fundamentos del viejo régimen.
¿Qué puede hacer la sociedad civil, en su infinita heterogeneidad, para impulsar la democratización?
Aquellos sectores de la sociedad civil interesados en ese proyecto deberán apostar a que en medio del previsible caos en la negociación política, y ante el aumento de la conflictividad social, se puedan crear algunos espacios públicos, aprovechando los esfuerzos reformadores, para abrir nichos de empoderamiento de los sectores prodemocráticos de la propia sociedad civil. Ante el intento del nuevo gobierno de crear instituciones legitimantes, como la Comisión Nacional Anticorrupción −y darle nuevo estatuto al IFAI− será necesario exigir que esas reformas sean más profundas y no queden simplemente en una nueva ficción jurídica y política, como ha sucedido hasta ahora.
Será necesario también empujar en serio la democratización del mundo laboral y de las organizaciones sociales en general, en las que la ausencia casi absoluta de democracia constituye un lastre histórico extraordinario, y concentrarse también en la defensa de los derechos usando los instrumentos que potencialmente ha abierto la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos. La apelación al poder judicial y el uso sistemático de los tribunales para avanzar causas se constituirá en un mecanismo importante de avance de los derechos de ciudadanía y de la defensa de aquellos sectores movilizados de la sociedad civil que insisten en proteger el medio ambiente, los derechos de mujeres, de las víctimas de la violencia.
Al mismo tiempo, los movimientos sociales de diverso tipo se seguirán expandiendo, sin una dirección central ni una tendencia única. El movimiento estudiantil posiblemente se dividirá en varios frentes, pero cada uno hará una contribución importante al cambio de la cultura política pasiva y privatística que parecía caracterizar a las mayorías juveniles. Los movimientos ecologistas pueden encontrar convergencias nacionales si los partidos se abstienen de tratar de colonizarlos y líderes ambiciosos no se tratan de subir demasiado rápido al carro. Y nuevas convergencias de organizaciones civiles pueden surgir si se plantean una agenda de cambios profundos del orden político sin protagonismos y sin negociaciones detrás de la puerta con la clase política.
Se tratará de un combate político librado en múltiples frentes en varios tiempos, con distintos interlocutores y con alianzas y coaliciones variadas, que no podrán tener un mando central porque no existe hoy esa capacidad de liderazgo. Deberán coincidir en la orientación fundamental del fortalecimiento de la ciudadanía, el control de la acción del Estado y la democratización de la propia sociedad civil.•
Bibliografía
I. Olvera, Alberto J. (coord.), 2003: Sociedad Civil, Esfera Pública y Democratización en América Latina: México, FCE-Universidad Veracruzana, México.
II. Olvera, Alberto J. (coord.), 2010: La Democratización Frustrada. Limitaciones Institucionales y Colonización Política de las Instituciones Garantes de Derechos y de Particpación Ciudadana en México, CIESAS Universidad Veracruzana.
III. Whitehead, Laurence, 2011: Democratización: teoría y experiencia, FCE, México
Referencias
I. Ver un balance de estas luchas en Olvera (coord.), 2010.
II. Para una visión general de la formación de la sociedad civil en México, ver Olvera, 2003.
III. Para una crítica de estos conceptos, ver Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006.
IV. Sobre el concepto de democratización, ver Whitehead, 2011.
