Revocación de mandato: ¿participación ciudadana o propaganda presidencial?

El próximo 10 de abril se llevará a cabo la consulta para la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, un instrumento de democracia participativa propuesto e impulsado por el propio titular del Ejecutivo y promovido principalmente por funcionarios y simpatizantes de Morena. En ella se preguntará a los ciudadanos si desean que el presidente continúe en su cargo o si prefieren que se le revoque el mandato “por pérdida de confianza”, todo esto, en medio de un clima de polarización política y social que persiste desde las elecciones de 2018, con un país afectado todavía por el fuerte golpe de la crisis económica y sanitaria del COVID-19, y justo tras el arranque del proceso electoral de este 2022.

Escrito por: Alexandro Méndez González

En México, este instrumento, que podría considerarse novedoso para la democracia nacional, ha tenido claroscuros que permiten observar su transfiguración: tras proponerse como un ejercicio verdaderamente democrático, ahora tiene visos de ser una herramienta utilizada con fines propagandísticos para consolidar la popularidad del presidente. En este tenor, algunos actores políticos la han desviado de su concepto original, incluso con acciones como promoverla como “ratificación de mandato” y no como “revocación”. Así, el proceso parece alejarse de su principal objetivo: que los ciudadanos puedan poner fin a malos gobiernos y reemplacen a los funcionarios que demuestren su incapacidad para ejercer el cargo o que tengan un mal desempeño en sus funciones.

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Sobre su origen en nuestro país, destaca en un primer lugar que la medida fuera propuesta por López Obrador (desde su campaña presidencial) y que en el último año se haya convertido en su principal promotor. Esto se contrapone en cierta medida a su esencia original y democrática, donde es el pueblo, o incluso las facciones opositoras, el que pediría al gobernante en cuestión que se retire del cargo, como ocurrió en septiembre del año pasado con gobernador demócrata de California, Gavin Newsom. Con base en la actuación de Newsom frente a la pandemia, oponentes y ciudadanos recolectaron las firmas necesarias para someterlo a un referendo revocatorio. El resultado favoreció al gobernador, con un apabullante 65% a favor de su continuidad en el cargo.

Aquí no ha sido igual. Aunque la reforma constitucional de 2019 donde se estableció la figura de revocación de mandato también es aplicable para gobernadores y altos funcionarios, hasta el momento, solo han sido el presidente López Obrador y grupos simpatizantes a su gobierno quienes la han “solicitado”. En este sentido, cabe mencionar que este proceso existe en siete países latinoamericanos: Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Panamá, Argentina y Colombia, y solo en Venezuela y Bolivia es aplicable a los presidentes, como en México.

¿Cómo ha funcionado en otros países? El proceso de revocación de mandato presidencial se ha realizado anteriormente en Venezuela y Bolivia. En ambos casos, el ejercicio de revocación se aplicó a los propios presidentes que impulsaron las reformas constitucionales donde se incorporó el mecanismo: Hugo Chávez y Evo Morales. Tal como está sucediendo actualmente en México.

No obstante, en el caso de Venezuela, fue el grupo opositor el que impulsó el referéndum revocatorio de Chávez durante su segundo mandato presidencial, el cual se realizó el 15 de agosto de 2004. En ese momento, existía un gran descontento social y los grupos opositores a su gobierno se unieron para conformar la llamada Coordinadora Democrática. A través del referéndum buscaban destituir al presidente de manera democrática y fueron los encargados de recolectar las firmas para llevarlo a cabo.

Sin embargo, con una votación de 9.8 millones de personas (casi 70% del padrón), el resultado fue favorecedor para Chávez, lo que finalmente debilitó a la oposición y desintegró a la Coordinadora Democrática. La figura del mandatario venezolano se fortaleció tras el ejercicio al obtener un 59% en contra de su destitución y, aunque hubo acusaciones de fraude en el proceso, organismos como la OEA y el Carter Center las desestimaron.

Por su parte, para la revocatoria presidencial del boliviano Evo Morales, realizada del 10 de agosto de 2008, no existió una recolección de firmas por parte de los ciudadanos y esta herramienta fue vista más bien como una forma de salir de la crisis institucional y política que se vivía en Bolivia, con protestas de sindicatos mineros y cuestionamientos a la nueva Constitución y a la asamblea que la había aprobado. Mediante el referéndum, se ratificó el cargo de Morales como presidente, con 67% de los votos (2.1 millones de sufragios).

También se votó sobre la continuidad del vicepresidente y de ocho prefectos, de los cuales solamente dos no mantuvieron su cargo. El referéndum funcionó finalmente como una “válvula de escape” de la crisis boliviana y coadyuvó a la continuidad del mandato presidencial de Morales. En ambos casos, Hugo Chávez y Evo Morales lograron sortear (al menos momentáneamente) escenarios de polarización y oposición a sus mandatos a través de la herramienta de revocación de mandato, consolidando su figura presidencial y su poder.

En México, son muchas las dudas y cuestionamientos que han generado los posibles resultados de este ejercicio. Expertos aseguran que, en cualquiera de los escenarios previstos, López Obrador no dejará la presidencia. No obstante, es relevante plantear la posibilidad de una revocación que efectivamente reúna la cantidad de votos que hagan vinculante el ejercicio y que soliciten mayoritariamente la destitución del presidente. Cabe recordar que, para que la consulta sea vinculante, debe participar el 40% de la lista nominal, es decir, 37.12 millones de ciudadanos mexicanos. De ellos, más del 50% tendrían que votar a favor de retirar al mandatario de su cargo. En ese caso hipotético, ¿cuál sería la reacción del presidente? ¿Dejaría el cargo, como afirma hasta el momento? ¿El país estaría al borde del colapso y la ingobernabilidad?

Es importante remarcar también que finalmente no sería el pueblo el que defina quién sería el próximo mandatario nacional, sino el Congreso. Según lo estipulado en la Constitución, el presidente del Congreso de la Unión (el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna) asumiría provisionalmente la presidencia nacional y el Poder Legislativo sería el encargado de nombrar a la persona que debería sustituir al mandatario por el resto del sexenio.

La revocatoria de mandato es un instrumento de participación en el que la ciudadanía obtiene mayor voz y voto para vigilar de cerca a sus gobernantes y decidir sobre su futuro en el cargo por el que fueron elegidos. Sin embargo, en la realidad, esta herramienta ha generado una gran desconfianza entre la población mexicana, principalmente por los fines con las que se ha realizado en los países latinoamericanos. No obstante, no hay que olvidar que es una figura que también se ha implementado alrededor del mundo, aunque no para retirar a un presidente de su cargo, sino a otros funcionarios, y existe para estos fines en algunos estados de Estados Unidos, en cantones de Suiza, en la provincia de Columbia Británica en Canadá, así como para la revocación de diversos cargos públicos en Cuba, Taiwan, Etiopía, Liechtenstein, Nigeria y Palau, entre otros.

Es la primera vez que un instrumento así se lleva a cabo en México, donde los ciudadanos parecen haber quedado olvidados en medio del fragor morenista a favor y la visión opositora en contra, y continúan con muchas dudas, a pesar de ser la parte central de este ejercicio. La pregunta principal que queda en el aire, a escasos días de que se vuelva una realidad la consulta de revocación de mandato, es lo que representa para nuestro país: ¿será un verdadero ejercicio democrático de participación ciudadana o se ha convertido en una herramienta propagandística con fines políticos?

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Alexandro Méndez es doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac del Norte y profesor de asignatura en la maestría en Administración Pública de la Universidad Tecnológica de México.