Este año, además de algunos procesos electorales locales extraordinarios, el país vivirá por primera vez a nivel federal, un ejercicio denominado de democracia directa a través de un proceso de revocación de mandato que se realizará el 10 de abril próximo. Además, están en puerta 6 elecciones locales en igual número de entidades federativas en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.
sigue al autor Mtro. Fernando Díaz Naranjo en Twitter @fdodiaznaranjo
En los 6 estados se renovará la persona titular del ejecutivo local; el estado de Durango, habrá además elecciones para 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías; en tanto, en Quintana Roo se renovará el Congreso local integrado con 25 curules legislativas (15 bajo el principio de mayoría relativa y 10 de representación proporcional).
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El responsable de la organización del proceso de revocación de mandato y, en coordinación con los institutos electorales locales de los 6 procesos electorales actualmente en marcha, es el Instituto Nacional Electoral (INE). Por ello, resulta preocupante los diversos embates que ha tenido ya durante varias semanas.
Es importante puntualizar que su estructura, funciones, alcances y, consecuentemente, sus determinaciones están reguladas por el marco constitucional y legal que fue delimitado por el Legislativo federal. Por lo mismo, no se entiendes algunos cuestionamientos en torno al ejercicio de sus funciones.
Pero más allá de los dimes y diretes, me parece que ante escasos 3 meses de la celebración del ejercicio de revocación de mandato y a 5 meses de las jornadas electorales en las entidades federativas descritas, el ataque constante al INE no tiene ningún sentido, sobre todo cuando es una de las instituciones del estado mexicano que más confianza alberga en la ciudadanía.
En una medición realizada por Consulta Mitofscky de diciembre de 2020, recopiló la confianza en 19 instituciones a través de una ponderación de 0 a 10, en donde el 10 fue la máxima calificación otorgada por la ciudadanía. Así, el INE obtuvo un 6.7 de la confianza de las y los mexicanos; en tanto, la Cámara de Diputados y Diputadas obtuvo un 5.7 y los partidos políticos, en el sótano de esta medición, un 5.3.
De igual manera, el Diario Reforma publicó en abril del año pasado un estudio de opinión donde se relevó que un 68% de la población manifestó la confianza que le tiene al INE. Asimismo, el Diario El Financiero por su parte, en una encuesta de la confianza ciudadana del INE, resaltó que la misma alcanzó hasta un 71%.
Estos datos por demás contundentes reflejan varios aspectos de los que destaco los más relevantes:
- La población confía en el INE, en sus resultados y en su trabajo;
- La población sabe que se voto cuenta y, consecuentemente, la ciudadanía ha comprendido el tamaño de responsabilidad que su voto tiene para refrendar a alguna administración, algún o algunos legisladores, gobernantes, entre otros, o bien, para quitarle dicha confianza por malos resultados y otorgárselo a alguna otra opción política;
- La ciudadanía reconoce en el INE a una institución democrática que realiza elecciones y que, desde su conformación, ha existido un sinnúmero de cambios de poder de distintos partidos políticos desde el nivel municipal hasta la Presidencia de la República.
Es así como, ante la proximidad del ejercicio de revocación de mandato y de las elecciones locales, lo que debemos hacer es fortalecer al INE y no debilitarlo. Si hay aspectos que se consideran deben de cambiarse, fortalecerse o actualizar, el Legislativo es la instancia competente para ello y no las constantes descalificaciones.
Atacar al INE solo debilita nuestra democracia, nos divide como sociedad y puede ser un factor que inhiba la participación ciudadana en estos ejercicios que tenemos en puerta.
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