por Mario Luis Fuentes
La niñez mexicana enfrenta un escenario de violencia generalizada: cada día se inician al menos 47 averiguaciones por delitos vinculados a las familias (Abandono de familiares, violencia familiar, etc.). En este contexto, los datos del INEGI muestran que entre 2009 y 2011, se han iniciado 4,465 procesos por delitos relacionados con el abandono, el tráfico y la sustracción de menores de edad; para enfrentar este fenómeno, se ha creado el Sistema Nacional de la Alerta Amber, el cual, a pesar de la urgencia, sólo se encuentra operando en 21 Entidades de la República.
México transita por una dolorosa pandemia de violencia, que si bien expresa su rostro más visible en los brutales asesinatos cometidos por el crimen organizado, tiene otras aristas, quizá mucho más profundas y de una trascendencia de gran calado en lo que a la libertad y el bienestar social se refiere en nuestro país.
Una de ellas es el robo y la desaparición de niñas y niños. Algunos de ellos, sustraídos de hospitales, de sus hogares o robados en la vía pública, con el fin de entregarlos en adopciones ilegales; otros, sustraídos de sus entornos familiares o institucionales, con el fin de someterlos a las peores formas de explotación que hoy se sintetizan en el concepto de “trata de personas”; unos más que, ante el descuido o la omisión de cuidados, se extravían en espacios públicos y cuyo paradero es, con el paso del tiempo, muy difícil de ubicar.
A pesar de que existen nuevos mecanismos institucionales de respuesta a esta compleja realidad, tales como la Alerta Amber, ésta es de muy reciente creación, y todavía no ha logrado la penetración necesaria a través de campañas de difusión e información, a fin de que las personas cuenten con las herramientas necesarias para saber qué hacer y cómo actuar cuando alguna niña, niño o adolescente desaparece de sus hogares.
Un contexto generalizado de violencia
El fenómeno del robo de niñas, niños y adolescentes, no podría entenderse sin la existencia de un contexto generalizado de violencia y permisividad del maltrato que todos los días ejercen miles de personas en contra de quienes tienen menos de 18 años de edad.
Esta violencia se expresa en dos dimensiones. La primera, relativa a las condiciones estructurales de pobreza, desigualdad y exclusión social en que viven. Cinco datos bastan para dar cuenta de la magnitud del incumplimiento de los derechos humanos de la niñez en el país:
a) De acuerdo con el CONEVAL y UNICEF (2011), prácticamente 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes son pobres.
b) De los 21 millones de niñas y niños en condiciones de pobreza que hay en el país, casi 5.4 millones viven en condición de pobreza extrema, es decir, no tienen los recursos suficientes para acceder a una canasta básica alimentaria.
c) Hay casi 2.9 millones de niñas, niños y adolescentes que están privados de su derecho a la educación.
d) En México 3 millones de niñas, niños y adolescentes que tienen que trabajar para completar el ingreso de sus familias o para apoyar las actividades productivas familiares; de ellos, casi el 42% no recibe ingresos por el trabajo que desempeña, y uno de cada cuatro percibe salarios por debajo de los 61 pesos al día.
e) Cada año fallecen en el país casi mil niñas y niños por desnutrición; y de acuerdo con el CONEVAL, hay 11.7 millones de quienes tienen menos de 18 años que viven en vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación.
La segunda dimensión de violencia es la relacionada con las agresiones y los accidentes. Respecto de las primeras, según los datos del INEGI, entre los 10 años transcurridos del 2002 al 2011, han fallecido por homicidio 16,403 niñas, niños y adolescentes. Esto implica un promedio de al menos 4 homicidios diarios en contra de personas de este grupo de edad.
Esta dimensión está relacionada también con otro tipo de decesos en eventos “violentos” tales como los accidentes, y en particular, los originados con vehículos de motor. Desde esta perspectiva, si se suman todas las defunciones accidentales y violentas registradas para la población menor de 19 años, lo que se tiene es que entre el 2002 y el 2011, el resultado es un total de 103,300 casos, es decir, un promedio diario de 28 defunciones accidentales o violentas para este grupo poblacional.
Las niñas y niños en situación de calle: los más vulnerados
A pesar de las capacidades con que cuenta el Estado mexicano, no se ha logrado desarrollar ningún sistema efectivo de monitoreo que permita dimensionar la magnitud que tiene el fenómeno de la vida en situación de calle en el país.
De acuerdo con el documento Niños, Adolescentes y Jóvenes en situación de calle, elaborado en abril del 2011 por la hoy extinta Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, las cifras sobre el número de niñas, niños y jóvenes en la circunstancia señalada oscilan entre 16 mil y 100 mil, sólo en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México.
Como es evidente, al no tener un número aproximado a la cantidad de familias, y de niñas, niños y adolescentes que viven solos en la calle o que desarrollan actividades en vía pública durante periodos prolongados a lo largo del día, es prácticamente imposible tener un control adecuado cuando una o uno de ellos es sustraído de su entorno o de las exiguas redes de protección de las que forman parte.
Las agresiones de todos los días
A pesar de que ningún código penal en las 32 Entidades de la República y el Distrito Federal tiene tipificado el delito de “Robo de niños”, hay delitos que en algún modo están vinculados a este duro fenómeno.
Los dos primeros de ellos son los de “Abandonar y no asistir a menores de edad e incapaces de cuidarse” y el de “Abandono de familiares”. Como puede intuirse, a pesar de que estas categorías pueden incluir a mujeres adultas o personas adultas mayores de ambos sexos, es evidente que en un alto porcentaje las niñas, niños y adolescentes son las víctimas. De estos delitos el INEGI cuenta con información de 2,324 casos en el periodo 2009-2011, es decir, un promedio de dos denuncias penales al día.
Otra dimensión oscura es la violencia sexual que se ejerce en contra de mujeres, niñas, niños y adolescentes en el país. Sobre el particular debe destacarse que el INEGI no cuenta con información que permita saber la edad de las probables víctimas de las averiguaciones previas sobre las que se tienen datos.
Aún con ello, lo que sí es posible saber es que las víctimas son, en más de un 90%, precisamente los grupos de población señalados. Así, por los delitos de “abuso sexual”; “Corrupción de menores e incapaces”; “Estupro”; y “Explotación sexual de menores e incapaces”; así como “Afectaciones a la integridad y la salud de los menores”; INEGI tiene contabilizados 15,554 casos en el periodo del 2009 al 2011, es decir, casi 5,400 casos anuales, o bien, un promedio de 14 denuncias al día.
En el marco de la violencia sexual y el robo de niñas, niños y adolescentes, cabe destacar tres categorías: “Exposición de menores e incapaces”; “Sustracción y Tráfico de menores de edad e incapaces” y el delito de “Lenocinio”. Por estos tres tipos de delitos se han abierto en el periodo del 2009 al 2011, un total de 2,141 averiguaciones previas, o lo que es equivalente, un promedio de 713 casos anuales. Esto implica un promedio de dos denuncias al día.
Como se señaló líneas arriba, estos fenómenos no podrían explicarse sin una pandemia –normalizada socialmente- de violencia al interior de los hogares. Así, por los delitos de “Incumplir obligaciones de asistencia y convivencia familiar” y “Violencia Familiar”, se han iniciado en el periodo señalado, un total de 31,700 averiguaciones, es decir, una media anual de 10,566 casos, o bien, al menos un caso cada hora.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 03- Junio- 2013, p.26
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