Rostros infantiles de la explotación laboral

por Nashieli Ramírez

En nuestro país hay miles de niños, niñas y adolescentes que realizan trabajos peligrosos como son, por mencionar algunos, las labores en minas, en la agricultura, en los basureros, y en las ladrilleras

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Datos del Módulo de Trabajo Infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2013 indican que el 31.5% de las personas trabajadoras de entre 5 y 17 años de edad (798,000 niñas, niños y adolescentes) estaba expuesto a riesgos en su espacio laboral, como el polvo, gases o fuego; ruido excesivo; humedad o temperaturas extremas; herramientas peligrosas; maquinaria pesada; oscuridad excesiva; productos químicos; explosivos; y descargas eléctricas.

La misma fuente señala que 157,900 niñas, niños y adolescentes en ese rubro de edad laboraban en lugares no apropiados, como minas, ríos, lagos o mares; pisos elevados o andamios; calles, cruceros o avenidas; basureros públicos; bares, cantinas o centros nocturnos.

El trabajo infantil en general está presente en nuestra cotidianidad y lamentablemente sus peores formas también, ejemplo de ello es el que realizan niños y sus familias en las ladrilleras artesanales. En ellas se producen más de la tercera parte de los ladrillos de este país, a partir de un proceso que involucra una gran cantidad de riesgos para la salud: como son los derivados del esfuerzo físico; los golpes y caídas; infecciones por contacto con aguas contaminadas en la preparación de la arcilla; el impacto de la exposición prolongada al sol en el proceso de la preparación de la arcilla, boleo, tendido y canteo del ladrillo; y a altas temperaturas en la etapa de cocimiento en los hornos; y, finalmente, los riesgos químicos producto de los humos que genera el proceso de quema o cocción que utiliza leña, aserrín, madera, telas, plásticos, llantas, nopal y hierba seca y derivados del petróleo: como el diésel y el aceite quemado.

Solamente en Campeche y en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México no hay ladrilleras artesanales, en el último caso por la prohibición expresa derivada de las medidas de control de la calidad del aire a finales de los noventa; y es que preocupa que este tipo de productoras emitan Gases de Efecto Invernadero, de ahí que el mayor activismo de regulación se da en ese terreno, en nuestra región destaca el Programa de Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales de América Latina para mitigar el Cambio Climático. Sin embargo, no hay una reflexión nacional sobre el hecho de que la mayoría de nosotros vivimos o trabajamos en espacios que incorporan la mano de obra de miles de personas menores de edad involucrados en un proceso que implica, por sus condiciones, una situación de explotación laboral.

Recientemente, además, se han venido documentando casos de trata con fines de explotación laboral en: redes para el trabajo doméstico; redes para el trabajo de calle; redes vinculadas a la institucionalización; y redes vinculadas a la migración y el trabajo agrícola.

El establecimiento de redes para el trabajo doméstico de niñas y adolescentes guatemaltecas hacia la zona del Soconusco en Chiapas ha sido ampliamente documentado, así como la tradición aceptada de “señoras” y “agencias” que hacen enlaces para traslados de niñas de Oaxaca y Guerrero para la realización de quehaceres domésticos a terceros en el Distrito Federal y Monterrey. Hoy sabemos que muchos de estos procesos pueden configurar trata, como se está investigando en el caso de la adolescente tzotzil encontrada en Guadalajara en enero de 2015. En lo que toca al trabajo de calle -traslados de grupos de niños y adolescentes indígenas de los denominados “canguritos” en rutas de Chiapas hacia Tabasco o Quintana Roo-, el estudio de Human Trafficking Assessment Tool (American Bar Association) ubica a 47 bandas de trata en México, que no son exclusivas de explotación sexual, sino también de explotación laboral.

En lo que toca al trabajo forzado vinculado a la institucionalización, destaca el caso de lo documentando en el albergue de “Mamá Rosa” en 2014, y más recientemente en octubre de 2015, el rescate de seis adolescentes de entre 14 y 17 años retenidos en dos centros de rehabilitación en Iztapalapa en el Distrito Federal.

Finalmente, en relación con las redes vinculadas a la migración y el trabajo agrícola, las intervenciones de la STPS son cada vez más frecuentes: 30 niños en Atenguillo y Mascota, Jalisco, trabajando en la pizca del chile en 2013; 23 niños tarahumaras en dos ranchos en Comondú, en Baja California Sur en marzo de 2015; y el rescate de 78 adolescentes de entre 13 y 17 años, y 4 niños menores de 10 años, en Coahuila entre agosto y septiembre de ese mismo año.

Con este escenario no sorprende que en el Índice de Trabajo Infantil 2014 (Maplecroft), que considera la frecuencia y severidad de incidentes de trabajo infantil reportados, así como la forma en que los gobiernos previenen estas actividades y garantizan que los responsables comparezcan ante la ley, México esté ubicado en la posición 56 de 197 países, colocando a las niñas y los niños mexicanos en “riesgo extremo”, junto con Somalia, Myanmar y Pakistán. Asimismo, el Informe Global sobre Esclavitud en el Mundo 2014 (Walk Free Foundation) nos ubica el cuarto lugar en América Latina, con mayor número de personas que viven en esta situación, por encima de Jamaica, Trinidad y Tobago y Barbados.

Sin embargo, aún de manera incipiente, en los últimos años se han venido incrementando las acciones para atender esta problemática. En lo que toca a las organizaciones de la sociedad civil, destacan la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes en México y el Colectivo contra la Trata de Personas, que realizan intervenciones directas, acciones de defensa, generación de conocimiento y también incidencia en políticas públicas. En la esfera gubernamental, en los últimos cuatro años se ha avanzado en la construcción de un andamiaje institucional en la materia: una Ley Federal de Trabajo que establece el compromiso de desarrollar programas para “identificar y erradicar el trabajo infantil” (Art. 173) y que establece las labores peligrosas e insalubres (Artículo 176, última reforma DOF 12-06-2015); cambio constitucional en el incremento de la edad mínima de admisión al empleo a 15 años (para la posterior ratificación en el 2015 del C138 de la OIT); la incorporación por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo de una línea de erradicación infantil; la STPS encabezando esta agenda y promoviendo las Comisiones Interinstitucionales para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil; y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITI).

A pesar de lo anterior, hay mucho por hacer para que esta institucionalidad opere; que la coordinación sea activa operativamente y no nada más formal; y que las diversas estructuras públicas que atienden temas relacionados al trabajo infantil (como STPS, SEDESOL, SEP y DIF) cuenten con presupuesto para este fin.

Los retos en la agenda de políticas públicas van de la mano con las percepciones que dominan sobre el trabajo infantil, ésas que lo justifican por razones de usos y costumbres, de pobreza y de contenedor de riesgos de violencias presentes y futuras.

Hoy sabemos que la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes no solamente violenta sus derechos presentes, sino que juega en su contra en la ruptura del ciclo de la pobreza, los limita en su desarrollo y en la expectativa de una vida futura diferente. Adicionalmente, recientes evidencias nos indican que es un mito atribuir al trabajo infantil funciones atenuantes de violencias sociales. El “Diagnóstico de las y los adolescentes que cometen delitos graves en México” (Azaola, E./ SEGOB/UNICEF 2015), que recoge información del 70% de menores de edad privados de su libertad por delitos mayores en Coahuila, Hidalgo, Morelos y Sinaloa, refiere que el 94% de ellos tuvieron varios empleos. Una cuarta parte comenzó a trabajar antes de los 12 años y cuatro de cada 10 entre los 13 y los 14 años. El 98% señala que recibía remuneración por su trabajo y 64% indicó que contribuía al gasto familiar. Se involucraban en diversos trabajos: vendedores (dulces, flores, películas, tacos, puestos fijos mercados); repartidores de pizzas; asistentes en vulcanizadoras, talleres mecánicos, de carpintería o herrería o vulcanizadora; albañiles; franeleros; lavaplatos; y también desempeñado labores en el campo y en la ganadería.

El fortalecimiento urgente de la capacidad institucional y la transformación de los imaginarios sociales son imperativos en la protección y la restitución de los derechos de millones de niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos víctimas de explotación laboral en sus peores formas. Erradicar cualquier tipo de servidumbre humana, trabajo forzoso y actividad que los coloque como objeto y mercancía tendría que estar en las prioridades de la política pública y de la indignación social.

Nashieli Ramírez  Fundadora y coordinadora general de Ririki Intervención Social. Cuenta con una especialidad en Investigación Educativa de la UNAM. Es Consejera de la CDHDF; de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil; de Radio Ciudadana del IMER; y del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos Humanos.