por Mario Luis Fuentes
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, el salario real ha caído en al menos 26% en los últimos 20 años. En contraste, el costo de la Línea del Bienestar estimada por el CONEVAL (por debajo de la cual las personas están en pobreza), se ha incrementado en al menos 16% en los últimos cinco años. Asimismo, el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza muestra que en enero de 2008, las y los trabajadores obtenían, en promedio, $1,800 pesos mensuales; en enero del 2014 su ingreso era de $1,230 pesos al mes.
Uno de los factores que en mayor medida influyen en la determinación de los niveles de pobreza de las personas es el de sus ingresos, tanto laborales como no laborales. Es decir, en nuestro país las personas y sus familias obtienen recursos por su trabajo, pero también vía transferencias a través de programas públicos, o bien mediante subsidios directos en productos como la leche y otros bienes de la canasta alimentaria.
El debate sobre los salarios constituye uno de los temas clásicos del análisis económico y la posición que han asumido los Estados nacionales al respecto, ha dependido de la posición teórica de las y los funcionarios responsables de las decisiones de política económica que se toman en un momento determinado.
En épocas recientes el énfasis se ha puesto en dos factores: por un lado, hay quienes asumen que los bajos salarios que existen en el país se deben a la baja productividad y competitividad de múltiples sectores de la economía; por el otro, se encuentran quienes sostienen que el problema se encuentra en la caída de la inversión productiva y en el deterioro progresivo del mercado interno, lo cual se ha traducido en un magro crecimiento en las últimas décadas.
Independientemente de ambas visiones, los datos que alimentan el debate muestran que los salarios se han deteriorado significativamente en el país, lo cual provoca un incumplimiento cotidiano del mandato constitucional, relativo a que el salario debe permitirle a las personas tener una vida “digna y decorosa”, lo cual, a la luz de la reforma constitucional al Artículo 1º del mes de junio de 2011, no puede entenderse fuera del marco de los derechos humanos de la población.
En este contexto, es importante que la población cuente con elementos para el debate y dar un seguimiento puntual a lo que se está discutiendo respecto de los ingresos que las personas obtienen como producto de su trabajo.
Un contexto de carestía
A pesar de que en los últimos años ha habido un control importante del proceso inflacionario, los productos que forman parte de la canasta alimentaria y no alimentaria han tenido importantes incrementos, al grado que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), estima un impacto muy importante en la inflación en los precios de los alimentos en los niveles de pobreza registrados en 2010 y 2012.
De acuerdo con el organismo citado, los niveles de la Línea del bienestar han crecido gradual pero sostenidamente en los últimos años. En efecto, en el año 2010 la línea del bienestar (la cual incluye a la canasta alimentaria y la no alimentaria) se ubicó, para el sector rural, en 1,337.01 pesos mensuales por persona; mientras que en los ámbitos urbanos se situó en 2,117.29 pesos mensuales.
En contraste con lo anterior, en el mes de enero del 2014 el nivel de la línea del bienestar para el sector rural fue de 1,622.65 pesos mensuales por persona, mientras que para los ámbitos urbanos alcanzó la cifra de 2,543.99 pesos.
Estos datos muestran que en sólo cuatro años, la línea del bienestar ha tenido un incremento de 17.6% en el ámbito rural, y de 16.7% en los espacios urbanos. En contraste, los niveles de incremento salarial están muy por debajo de estos niveles lo que ha llevado también a un crecimiento en el número y porcentaje de personas que aun trabajando no logran salir de la pobreza.
La precarización del empleo
Un indicador que permite dimensionar la precarización de los puestos de trabajo en el país es el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (construido por el CONEVAL), el cual estima la proporción de personas que obtienen ingresos laborales por debajo de la Línea del Bienestar. Por ejemplo, pensando sólo en 2014, lo que el índice mostraría sería el porcentaje de personas que teniendo empleo, perciben menos de los citados 1,622 pesos mensuales en el ámbito rural o 2,544 pesos en el ámbito urbano.
Los datos del CONEVAL muestran cómo no sólo hay más personas que están en la circunstancia descrita, sino que en términos generales, el ingreso que se obtiene como producto del trabajo ha ido descendiendo en los últimos cuatro años.
En efecto, el ingreso laboral promedio deflactado por la citada Línea del Bienestar Mínimo, se ubicó en 1,470.52 pesos en enero del 2010. Para el año 2011 se ubicó en 1,428.22 pesos; para el 2012 descendió a 1,397.96 pesos; en enero del 2013 llegó a 1,326.27, mientras que para enero del 2014 fue de 1,230.80 pesos.
Lo anterior significa que en términos reales, el ingreso laboral per capita ha decrecido 16.3% en los últimos cuatro años; cifra que confirma el dato relativo al costo que tiene la línea del bienestar.
Salario mínimo: deterioro continuo
El mayor crecimiento registrado para el Salario Mínimo en los últimos 55 años se registra en el año de 1982, en medio de una severa crisis económica; en ese año, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) registra que hubo un incremento de 33.8% respecto del año anterior.
A partir de ese año, en medio de la espiral inflacionaria que se generó de 1983 a 1987, el segundo mayor incremento que ha tenido el salario mínimo se encuentra en 1986, año en que creció en 33.1%.
Ha habido también años en los que el Salario Mínimo General ha tenido niveles de nulo crecimiento, pues de acuerdo con la CONASAMI en 1992, 1997 y 1999 el salario mínimo tuvo un crecimiento de 0% respecto del año previo.
En los últimos 10 años los mayores incrementos nominales se encuentran en los años 2010 y 2009, en los que la CONASAMI consigna niveles de 4.85% y 4.6%, respectivamente.
Frente a lo anterior es importante destacar que el salario real de las y los trabajadores se ha deteriorado progresivamente en los últimos 20 años, pues de acuerdo con las series históricas del salario en el país, respecto del valor del Índice de Precios al Consumidor, indican una caída de al menos el 27% entre 1994 y 2014.
En efecto, según los datos de la CONASAMI, en el año de 1994 el promedio de ingresos para quienes obtenían el salario mínimo fue de 78.84 pesos (en valores reales); en contraste, el promedio registrado para el año 2013 fue de 57.71 pesos. Para enero del 2014 el “salario real” estimado por la CONSAMI fue de 57.98 pesos.
La informalidad: el otro talón de Aquiles
De acuerdo con la información oficial del INEGI, en nuestro país hay más personas ocupadas en condiciones de informalidad que trabajadoras y trabajadores en el ámbito formal, propiamente dicho. En efecto de los 49.54 millones de personas que tienen alguna ocupación en el país, al cierre del segundo trimestre del 2014 había 20.9 millones en lo que se denomina como “formalidad” en el trabajo y 28.62 millones en condiciones de informalidad, es decir, sin prestaciones, sin contrato laboral escrito, o bien definitivamente sin un lugar de trabajo fijo.
De ese total, había 13.54 millones de personas en el sector informal, es decir, personas que literalmente trabajan en la calle, ya sea como vendedores ambulantes o desarrollando actividades de alta precarización laboral.
Debe destacarse que la tasa de informalidad laboral del primer trimestre del 2011 fue de 59.39% respecto de la población ocupada, mientras que en el primer trimestre de este 2014 se observa un ligero descenso a 57.77% en el segundo trimestre de lo que va del año.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 19- Agosto- 2014, p.23
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