Una de las pocas políticas acertadas que ha tenido el Gobierno de la República en la administración de López Obrador es la política laboral, y en ese marco, la política de determinación de los salarios mínimos. A diferencia de otras áreas, la diferencia está en buena medida marcada porque el titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), es un economista que conoce teórica y técnicamente de la materia; y con base en ello, ha logrado un buen entendimiento con la representación patronal y con la representación obrera.
Escrito por: Saúl Arellano
La determinación de incrementar significativamente el valor del salario mínimo en México ha permitido una importante recuperación de los ingresos laborales de amplias franjas de la población trabajadora; y, de hecho, ha sido la propia CONASAMI la que ha estimado mediante un reciente estudio, que, más que los programas sociales, han sido los ingresos laborales los que han influido en la reducción en el número de personas en pobreza multidimensional en el país.
La política citada ha permitido además corregir problemas estructurales que no habían querido abordarse en las últimas décadas, bajo el dogma de que, una elevación progresiva del valor del salario mínimo, tendría efectos inflacionarios casi catastróficos. Pero ello estaba vinculado también a una visión de la economía desde la que se suponía que México debía apostar a fortalecer sus ventajas competitivas en el ámbito internacional, conteniendo los salarios y ofreciendo condiciones generalizadas de mano de obra barata.
Te invitamos a leer: Las y los desaparecidos en la Ciudad de México
Frente a ello es importante poner por delante, en primer lugar, la concepción constitucional en torno al salario. El cual, de acuerdo con la tradición jurídica mexicana, debe ser remunerador y permitirle a las personas y sus familias el acceso a condiciones dignas de vida. Por ello, en el salario, jurídicamente hablando, se integran además del ingreso monetario, las prestaciones sociales como servicios de salud y seguridad social, las condiciones de formalidad, y también el acceso a otras prestaciones económicas como el reparto de utilidades, pago de vacaciones y pago de aguinaldo, por citar solo las más relevantes.
Así visto, es evidente que, en términos generales, el país se ha colocado en la ruta correcta, aunque el trayecto por recorrer es todavía muy largo, pues faltan por resolverse otras cuestiones estructurales, en esa, y en otras materias asociadas. La más evidente de todas es quizá la del conjunto de desigualdades que persisten en todo el territorio nacional.
En esa lógica, la primera desigualdad que debe señalarse es la que existe entre hombres y mujeres. Y para ello, el indicador del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, que elabora trimestralmente el CONEVAL, con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI), resulta sumamente ilustrativo de lo que pasa en el país.
En efecto, el CONEVAL estima que entre el III trimestre de 2022 y el III trimestre de 2023, la variación porcentual real del ingreso laboral de las personas ocupadas fue de 8.7%. Para ubicarlo en términos coloquiales, si hace un año el ingreso real de las personas era de 100 pesos, ahora sería de 108.7 pesos. Sin embargo, al desagregar esa información por sexo, lo que se tiene es que el incremento para los hombres fue de 10%, mientras que para las mujeres fue de 7%.
Así, en términos absolutos, el ingreso laboral real de los hombres pasó, de $6,893.67 pesos en el III trimestre del 2022, a una suma de $7,583.29 pesos en el III trimestre de 2023. En contraste, el incremento para las mujeres fue de 5,578.38 en el primer periodo señalado, a $5,975 en el segundo. De este modo, si la diferencia en el ingreso labora entre mujeres y hombres fue, en el tercer trimestre de 2022, de 19.1% más a favor de los hombres, en el tercer trimestre de 2023 la diferencia fue de 21.3%
La segunda diferencia relevante que se puede señalar en este ámbito es la que existe en los ingresos laborales reales de la población que trabaja en el sector informal respecto de la que tiene empleo formal. En efecto, si entre los terceros trimestres de 2022 y 2023 el incremento fue el señalado 8.7%, para quienes tienen trabajo formal el incremento fue de 8.3% contra 7.8% de las y los trabajadores informales.
De esta forma, mientras que los ingresos de una persona trabajadora formal pasaron de $9,061.82 pesos a $9,817.49 pesos entre el tercer trimestre de 2022 y el de 2023, para quienes tienen trabajo informal el cambio fue de $4,444,86, a $4,791.46 pesos en el periodo señalado. Es decir, la diferencia de tener un trabajo formal y uno informal en términos de ingresos monetarios es de 104% más a favor de los primeros.
La otra dimensión de la desigualdad es la territorial. Y esto se puede observar claramente al comparar el porcentaje de personas ocupadas con ingresos laborales que se ubican por debajo del valor de la canasta alimentaria, es decir, el umbral de la pobreza extrema. Así, en el país hay un 37.3% de personas ocupadas en esa situación, lo que significa que prácticamente una de cada tres personas trabajadoras tiene salarios de hambre.
Si México quiere en serio transitar hacia un país de bienestar tiene que ser capaz, de aquí al 2030, de lograr que el porcentaje de personas en esa situación sea cero. Es decir, que el trabajo dé acceso a salarios auténticamente remuneradores, y transformar así un país de desigualdades, en uno que se encamina hacia la inclusión y el bienestar generalizado.
También podría interesarte: El olvidado mundo rural mexicano
Investigador del PUED-UNAM
[…] Con información de Saúl Arellano, México social.↵ […]