Salud al grado máximo

por Nashieli Ramírez

En enero de 2013 el Comité de los Derechos del Niño aprobó la Observación General 15 sobre el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, utilizando el fraseo que hace referencia al derecho a la salud, establecido desde la constitución de la Organización Mundial de la Salud en 1946 y retomado en el artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño (1989)

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La salud y el derecho a ella se establece en dos artículos (24 y 25) de la Convención, pero además se menciona en nueve artículos adicionales. Su relevancia es evidente, si consideramos también que es señalado en 16, incluyendo la que hoy nos ocupa, de las 17 observaciones generales que al día de hoy ha emitido el Comité.

A lo largo de 121 párrafos, el Comité reitera lo señalado por la Convención hace un cuarto de siglo, pero lo hace con mayor especificidad y además incorpora al mapa de la atención nuevos problemas y prioridades en el ámbito de la salud infantil y adolescente. En el primer caso destaca el desarrollo que hace de las responsabilidades a partir de la premisa de que el Estado es responsable de la realización del derecho del niño a la salud, independientemente de si delega la prestación de servicios en agentes no estatales, alcanzando niveles de detalle tales como el señalar que aunque es necesaria la descentralización para atender las necesidades concretas a nivel local, ello no reduce la responsabilidad directa del gobierno nacional a efectos de cumplir sus obligaciones con respecto a todos los niños y niñas. Ambas observaciones demandan una amplia discusión en nuestro país.

En el segundo aspecto coloca la emergencia de problemas como el VIH/SIDA; las gripes pandémicas; el incremento de las enfermedades no transmisibles; la importancia de la atención de la salud mental; la mortalidad neonatal y de adolescentes; entre otros. El mayor entendimiento de las determinantes estructurales, como son la pobreza, el desempleo, la migración y los desplazamientos, las guerras y los disturbios civiles; y de las repercusiones del cambio climático y la acelerada urbanización en la salud de niñas, niños y adolescentes.

Dedica también una buena cantidad de recomendaciones a la salud sexual de los y las adolescentes, y entre ellas destaca la problemática del embarazo adolescente. De interés para nosotros, dado que en México para 2011, del total de nacimientos, el 18% correspondía a mujeres menores de diecinueve años, es decir, casi 473 mil infantes de madres adolescentes (INEGI). Situación preocupante si consideramos que un lustro atrás la proporción era del 13%.

En este ámbito, el Comité no sólo exhorta a la disposición inmediata de anticonceptivos, situación que debemos atender ante una demanda insatisfecha del 24.6% (ENANDID 2009), también señala la necesidad de programas de educación, sensibilización y diálogo, tanto para hombres como para mujeres. Y recomienda que los Estados garanticen el acceso al aborto en condiciones de seguridad y a servicios posteriores al él, independientemente de si el aborto es en sí legal.

Los Estados, indica, deben procurar que las niñas puedan tomar decisiones autónomas y fundamentadas sobre su salud reproductiva y debe prohibirse la discriminación de las adolescentes embarazadas, en especial en la escuela. Esta posición abre un debate necesario en nuestro país en donde los programas en la materia son débiles en la prevención, no consideran opciones informadas y actúan con esquemas con casi nulos fundamentos científicos y desde los marcos valorativos personales de quienes los impulsan y no desde la generación de políticas públicas que consideren el interés superior de estas adolescentes.

De ahí la necesidad de retomar lo que la Observación desarrolla como ciclo de acción, que traduce la exigencia de adoptar un proceso cíclico de planificación, aplicación, seguimiento y evaluación. La disponibilidad de datos pertinentes y fiables ocupa un lugar central en la elaboración, la aplicación y el seguimiento de políticas, programas y servicios encaminados a realizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a la salud. Esos datos, que han de ser tanto cuantitativos como cualitativos, deben reunirse, analizarse y emplearse para fundamentar las políticas y programas nacionales y subnacionales. En nuestro país generamos mucha información de calidad, sin embargo, la mayoría de las acciones y estrategias la omiten.

Un ejemplo de esto es la campaña de la Cámara de Diputados en relación con la “muerte de cuna”. La actual legislatura retoma un exhorto que sus antecesores hicieron al sector salud en 2011 para que realizara campañas de prevención del síndrome muerte súbita. Y en esa línea decide usar sus tiempos oficiales en radio y televisión, que son recursos públicos, para llevar a cabo la campaña desde el legislativo. Más allá de los cuestionamientos sobre el abordaje, su utilidad y su pertinencia, como que la posición es uno de los factores pero no el único, lo que es un hecho es que en México se estima que del 0.2% al 0.5% de los menores de un año está en riesgo de presentar este síndrome.

En contraparte, según INEGI, a partir de registros administrativos del 2011, el 52% de las muertes en menores de un año son producidas por afecciones originadas en el periodo perinatal y 27% por malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. O, en su defecto, que aproximadamente el 9% de niñas y niños que nacen con bajo peso tiene 10.4 veces más probabilidad de tener retraso mental.

No existe un marco estratégico en que se inscriba esta acción, y lamentablemente muchos programas y actividades se generan desde una lógica muy distinta de la que propone el Comité.

No obstante, asegurar el grado máximo de salud posible para los casi 40 millones de niñas, niños y adolescentes es factible y esta Observación es sin duda una hoja de ruta a la altura del siglo xxi para lograrlo.• 

Nashieli Ramírez Fundadora y coordinadora general de Ririki Intervención Social, organización que trabaja por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y por el desarrollo de sus familias y comunidades. Cuenta con una especialidad en Investigación Educativa de la UNAM. Actualmente es Consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; de la Ley de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil; de Radio Ciudadana del IMER; y del Observatorio de Políticas Públicas y Derechos Humanos. Ha participado en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios sobre indicadores de infancia, entre los que destaca la Infancia Cuenta en México en sus versiones del 2005 al 2009; formación de profesores; promoción social; organización y participación social; fortalecimiento municipal; programas sociales; desarrollo y microfinanciamiento rural; equidad y género; y derechos humanos, tanto en el ámbito de la administración pública, como en el no gubernamental.