La generación de empleos dignos suficientes en nuestro país es uno de los mayores rezagos que tenemos desde la implantación del llamado modelo neoliberal; sin duda, la reducción del trabajo precario será uno de los indicadores con los que habrá de evaluarse si la llamada #4T logrará una auténtica transformación del curso de desarrollo.
O si, en su defecto, solo se modificarán nombres de algunos programas y, en el mejor de los casos, se incluirán a nuevos grupos de población en programas de asistencia social, como los que ya ha anunciado la presidencia de la República: “Pensión de Adultos Mayores”, “Jóvenes construyendo el Futuro” y los distintos programas de becas a población escolarizada.
Con base en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el INEGI estimó al cierre del cuarto trimestre del 2018 un total de 1.82 millones de personas en condiciones de desocupación. También estimó que habría 54.1 millones de personas mayores de 15 años ocupadas.
Del total de personas desocupadas, 1.082 millones se encuentran en las áreas más urbanizadas, mientras que 745,845 se ubican en zonas rurales. En ese sentido, habrá de verse si la nueva estrategia de plantación de árboles y la reconversión de algunos programas como el llamado Procampo tienen un efecto positivo en el corto y mediano plazo.
Los datos relativos a los ingresos y calidad del empleo que hereda la administración de López Obrador son catastróficos, y por ello se antoja muy pobre la propuesta del nuevo gobierno en la materia, con todo y la reforma laboral que se aprobó recientemente en el Congreso.
En efecto, de acuerdo con el INEGI, al cierre del 2018 había 3.34 millones de personas (6.6% de la población ocupada) que trabajan, pero que no reciben ingresos por sus actividades; hay además 8.66 millones (16.6% del total de quienes laboral), que perciben hasta un salario mínimo de ingresos; así como 15.03 millones más que perciben ingresos entre uno y dos salarios mínimos al día (27.7% del total).
En síntesis: 50.9% de las personas que trabajan en nuestro país perciben menos de dos salarios mínimos diarios como ingreso por su trabajo.
Según el INEGI, 10 millones de personas tienen ingresos entre 2 y 3 salarios mínimos al día (18.48% del total de quienes trabajan); 6.92 millones más obtienen entre tres y cinco salarios mínimos (12.79% del total); mientras que únicamente 2.45 millones de personas perciben ingresos por arriba de los cinco salarios mínimos diarios (4.52% del total).
La conclusión a la que se llega es la infinita desigualdad que se tiene en el país, pues literalmente hay más personas que trabajan y no perciben ingresos, que aquellas que reciben 5 salarios mínimos o más.
La fractura del mundo del trabajo no para ahí; hay 15.8 millones de personas más que declaran trabajar 48 horas o más a la semana (al menos 9.6 horas diarias en “semanas de cinco días” laborales). A ello debe agregarse que de los 54.1 millones de personas ocupadas, hay 33.58 millones que no tienen acceso a servicios de salud como prestación laboral, mientras que solo 20.28 millones cuenta con tal beneficio.
Para terminar con las cifras, destaca que según el INEGI hay 14.58 millones de personas que trabajan en el sector informal, y que hay 2.29 millones de personas que realizan trabajo doméstico remunerado, quienes, a pesar de la reforma aprobada en el Congreso este periodo de sesiones, se encuentran en precarias condiciones laborales.
Frente a todo lo anterior, los pronósticos de crecimiento no son nada positivos, y no hay nada en el horizonte de mediano plazo que permita vislumbrar una mejora sustantiva.
Lo esperado para este año es un crecimiento de 1.3% a 1.5% del PIB; y de confirmarse el umbral inferior, la economía mexicana tendría que crecer entre 2020 y 2024 a un ritmo ininterrumpido de 5% anual; lo cual, en el contexto internacional en que nos encontramos, será prácticamente imposible, y con ello, la generación de empleos de calidad simplemente no se dará.
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