Construir una política fiscal progresiva y una política económica dirigida a la redistribución de la riqueza, implica enormes capacidades de negociación política.
Durante los mandatos de los presidentes Fox, Calderón y Peña, la Secretaría de Hacienda alcanzó niveles de poder inéditos, al grado de ser considerada por muchos como una especie de “Vicepresidencia económica”. Cuentan que Fox, ignorante en casi todo, rehuía incluso tener reuniones con Gil Díaz, debido a que simplemente “no entendía de qué le hablaba”.
En el caso de Calderón hubo tres secretarios: Agustín Carstens, Ernesto Cordero y el fallido candidato priista a la Presidencia de la República, José Antonio Meade. Mientras que, en el sexenio de Peña, hubo dos secretarios: Luis Videgaray, nuevamente José Antonio Meade y José Antonio González Anaya.
Como puede verse, si en algo tiene razón el presidente de la República, es que en la Secretaría de Hacienda predominó a lo largo de varias décadas una sola visión económica, y que, más allá de algunas diferencias de matiz, todos los secretarios mencionados siguieron una línea de continuidad en el tipo de políticas hacendarias y presupuestales en el desempeño de su encargo.
En el caso del doctor Carlos Urzúa, actual titular de la dependencia, su formación es totalmente distinta. Es Licenciado y Maestro en Matemáticas; aunque su doctorado, obtenido en la Universidad de Wisconsin, fue en economía. Su carrera ha sido eminentemente académica, con un breve lapso de experiencia pública, hace ya casi 20 años, cuando fue secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México.
Es mentira que la Secretaría de Hacienda debe ser vista como una dependencia estrictamente técnica; si acaso lo es solo en el sentido de que desde ahí se deben establecer las bases de una administración de excelencia.
Sin embargo, en la realidad del día a día, esta Secretaría concentra un enorme poder, pues en ella se definen los criterios de política económica, las políticas fiscales y las políticas de gasto.
Cualquier dependencia que defina cuánto, cómo y en qué momento se gasta es una en la cual se ejerce el poder; y si a ello se le suma que define quién y cuánto paga de impuestos, se tiene un mapa completo respecto de las relaciones del poder, pues alterar la fiscalidad de un Estado implica precisamente alterar las relaciones del poder.
Desde esta perspectiva, en un diseño democrático del gobierno, es dable pensar en la separación de ambas funciones: por un lado, las tareas fiscales y hacendarias, y por otro, la definición de la programación y el ejercicio del gasto.
Lo anterior es relevante y tiene sentido, sobre todo si se considera que en ambos casos se trata de definiciones mayores que deberían, si en serio se quiere acabar con la pobreza y reducir nuestra impresentable desigualdad, empezar por la revisión del pacto social.
Construir una política fiscal progresiva y una política económica dirigida a la redistribución de la riqueza, implica enormes capacidades de negociación política, generación de consensos y una auténtica vocación de diálogo público que le dé cauce y sentido a la pluralidad de visiones que hay en el país; pero que al mismo tiempo establezca los límites requeridos para refrenar al voraz y salvaje modelo de capitalismo en que vivimos.
Es un hecho que, independientemente de que se considerase los anterior, en la Secretaría de Hacienda deben abrirse además a nuevas agendas.
Por ejemplo, ¿cómo construir una nueva fiscalidad con perspectiva de género, que permita una más rápida reducción de las brechas que existen entre mujeres y hombres? ¿De qué manera renovar el pacto fiscal y cómo impulsar un nuevo federalismo con mecanismos renovados que eviten el dispendio y la irracionalidad que ha caracterizado a algunos fondos del Ramo 33?
¿Cómo dotar de nuevas facultades de recaudación a las entidades y municipios? ¿De qué forma será posible generar una visión renovada de los principios de solidaridad y subsidiariedad entre los estados de la República? Y todo ello, debe insistirse, se ubica más allá de habilidades técnicas y solidez teórica, características necesarias, pero no suficientes, para conducir la renovación del pacto fiscal, para darle cauce a un nuevo pacto social al país.
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