Formar parte del gabinete del Poder Ejecutivo Federal es una de las más altas responsabilidades y uno de los más altos privilegios que cualquier ciudadana o ciudadano puede tener en nuestro país. Se trata de un encargo en el cual, quien recibe el nombramiento del presidente de la República, exige de la más alta capacidad técnica y política para su desempeño.
Además de lo anterior, cualquier secretaria o secretario de Estado debe tener en todo momento una rectitud moral a prueba de todo, y ello implica no sólo su incorruptibilidad y un denodado compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, sino un permanente ejercicio de congruencia con los valores y principios republicanos inherentes a su cargo.
En un país democrático, el gabinete debe tener la capacidad de representar la pluralidad y diversidad que caracterizan al país que se gobierna; y ése es uno de los grandes déficits que tiene nuestro sistema institucional: el Presidente tiene como facultad constitucional, según lo establecido en el artículo 89 de nuestra Constitución, nombrar y retirar de su cargo, a su libre albedrío, a sus funcionarios.
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Lo anterior tiene su origen en la lógica vertical y autoritaria con la que se construyó el presidencialismo mexicano en el siglo XX y aun en lo que va del XXI. La racionalidad sobre la que se diseñó presupone que quien gana la Presidencia de la República tiene como facultad exclusiva la conducción del desarrollo nacional, y por ello requiere a un equipo de personas convencidas de Su proyecto.
Sin embargo, no se ha considerado suficientemente al respecto, lo contenido en el Artículo 25, y sobre todo en el Artículo 26 de la propia Constitución, el cual establece lo siguiente: “Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática”.
Este párrafo incorpora un asunto mayor en términos de visión y propuesta de gobierno, pues debería circunscribir los objetivos, estrategias y metas que se establecen en cada administración. Desde esta perspectiva, y en sentido estricto, respecto del Gobierno no cabrían “visiones o proyectos personales”, pues el mandato es explícito: dar cumplimiento a los contenidos de la Constitución, es decir, cumplir integralmente con todos los derechos humanos, en los cuales están incluidos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
La diferencia entonces, entre una administración y otra, es cuáles son las estrategias, programas y acciones que implementa para lograrlo, y no “el proyecto de país” que pretende enarbolar, porque no puede ser otro sino el contenido en la Constitución.
Siguiendo esta línea de argumentación, la responsabilidad del gabinete consistiría fundamentalmente en coadyuvar con el Ejecutivo Federal en la construcción de políticas de Estado, pues sólo con base en ellas puede darse cumplimiento al otro mandato de la Constitución, consistente en garantizar la rectoría del Estado en la conducción del desarrollo nacional.
Si esto es así, el gabinete debería tener la capacidad de ser representativo de la pluralidad de visiones que hay en el país, en aras de construir gobiernos con la capacidad orgánica, funcional y operativa de llevar a la nación a lo que está implícito en el Artículo 1º de la Carta Magna: un Estado social de Derecho cuyo principal anclaje es, dogmáticamente, el paradigma de los derechos humanos vigente desde junio del 2011.
Por esta razón, ningún gabinete auténticamente democrático puede ni debe construirse con base exclusivamente en lealtades personales, lo cual se ha confundido una y otra vez con la confianza política y profesional que se requiere para tomar decisiones de responsabilidad compartida.
Un gobierno de leales al presidente puede o no cumplir plenamente con sus responsabilidades; un gobierno de leales a la República, con base en la legitimidad de la representación plural del Estado, debería conducir indefectiblemente hacia el bienestar generalizado de la población; y tal como está redactada nuestra Carta Magna, la construcción de un Estado socialdemócrata.
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