El estado de cumplimiento de los derechos de la niñez de una sociedad es reflejo de sus valores, pero sobre todo, de sus prioridades; más aún cuando se trata de economías de gran tamaño, en las cuales existen los recursos suficientes para lograr que ninguna niña o niño se quede atrás.
La diferencia entre unos y otros gobiernos es fácilmente identificable cuando se ponen en una balanza cuáles son los ámbitos en los cuales se destina mayor inversión; es decir, en qué, cuándo y de qué manera se decide ejercer un presupuesto, es reflejo de la auténtica visión y convicción de quienes ostentan el poder político.
A propósito de lo anterior es importante decir que el 12 de junio se conmemoró el Día Internacional contra el Trabajo Infantil; y este año se cumplió el primer siglo desde que la Organización Internacional del Trabajo comenzó sus esfuerzos por reducir y erradicar este pernicioso síntoma de la voracidad y miseria del modelo capitalista imperante a escala global.
¿Cómo sabemos en México cuántas niñas, niños y adolescentes trabajan? Esto es con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el marco de la cual, bianualmente se venía levantando, desde el año 2007, el Módulo de Trabajo Infantil, el cual, en su última edición (2017), arrojó como resultado que hay más de 2.3 millones de niñas y niños de entre 5 y 17 años de edad, que se encuentran ocupados; de ellos, poco más de 1.1 millones no asisten a la escuela porque tienen que trabajar; mientras que el resto trabaja parcialmente, de manera mayoritaria en negocios familiares sin remuneración o con remuneraciones muy bajas.
De manera lamentable, este año el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció que, debido a los recortes presupuestales que vivió el Instituto, no tuvo los recursos necesarios para levantar y procesar el Módulo de Trabajo Infantil, con lo que queda en la incertidumbre la posibilidad de contar con datos tanto en el corto como en el mediano plazo, respecto de la situación y magnitud del trabajo infantil en México.
Nuestro país carece igualmente de un “censo” de niñas y niños en situación de calle; problemática atroz que expone a quienes la padecen, a las peores formas de trabajo infantil, y también a delitos infames como la trata de personas o la explotación sexual comercial; es evidente, por lo demás, que este grupo de población, que se encuentra en las mayores y más profundas condiciones de vulnerabilidad social, no fue considerado en el fraude llamado “Censo del bienestar”, para el cual el gobierno de la República sí destinó, junto con su partido político, millonarias cantidades de recursos. Se trata, una vez más, de la definición de prioridades…
Otro grupo de población altamente explotado y que vive en las más precarias condiciones es el de las niñas y niños trabajadores agrícolas, los cuales son en un muy alto porcentaje pertenecientes a algún pueblo indígena, o bien que habitan en el ámbito rural, en las localidades más pobres y apartadas, los cuales tampoco estarán contabilizados en el mencionado fraude del “Censo del bienestar”.
Debe considerarse que, según los datos del Coneval, 7 de cada 10 personas indígenas son pobres; y que las niñas y niños son los más pobres entre los pobres, por lo que, apegándose a los datos de ese organismo, no es exagerado estimar que al menos 85 de cada 100 niñas y niños que forman parte de pueblos o comunidades indígenas son pobres y que en un muy alto porcentaje están ocupados o deben contribuir a la generación de ingresos de sus hogares.
Se trata de una agenda crucial para el desarrollo del país; y de resolverla depende que transitemos hacia un país auténticamente apropiado para la niñez. El presidente López Obrador ha sostenido en diferentes ocasiones que “hacer el bien no es tan difícil”; y en ese sentido es posible sostener, que comenzar con las niñas y niños más vulnerables debería serlo mucho menos. Está por verse si ocurre.
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