El 15 de octubre de 2020 publiqué en este mismo espacio el artículo titulado “En el mar de la precariedad educativa”. Ahí planteaba, con base en los datos del INEGI, que las brechas y desigualdades educativas, pero también de acceso, permanencia y logro educativo eran muy profundas entre las entidades federativas, y al interior de ellas, entre los municipios que las integran.
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En 2021, los datos del Censo de Población y Vivienda, 2020, así como de la encuesta recientemente presentada sobre el impacto de la pandemia de la COVID19 en el sector educativo, muestran que la precariedad en que estudian las y los niños y adolescentes de México no sólo se ha profundizado, sino que, además, hay millones que abandonaron la escuela en los últimos meses.
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Los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son estrujantes. En 2020, con información levantada por el Censo justo antes del inicio de la pandemia y el confinamiento en nuestro país, de los 17.55 millones de niñas, niños y adolescentes de 6 a 14 años de edad, había 1.87 millones que todavía no sabían leer ni escribir; y aunque muchos de ellos estaban matriculados apenas en el primer grado de primaria, había una suma de 833,696 que tenían entre 7 y 14 años de edad, es decir, una edad en que ya debían haber superado la condición del analfabetismo.
Además, había un total de 4.45 millones de personas mayores de 15 años que tampoco sabían leer ni escribir; y de esa suma, 2.49 millones estaban en el rango de edad de los 15 a los 64 años, es decir, es altamente probable que formen parte de la población económicamente activa, y seguramente entre ellas y ellos están quienes obtienen los más bajos salarios y que laboran también en las más altas condiciones críticas de ocupación.
Otro dato alarmante es que había 5.31 millones de niñas, niños y adolescentes de los 3 a los 17 años de edad, que no asistían a la escuela al momento del levantamiento del Censo. A esa suma, deben añadirse 9.84 millones de adolescentes y jóvenes de 18 a 24 años de edad que tampoco se encontraban matriculados en algún plantel escolar.
Lo anterior significa que, en el grupo de los 12 a los 14 años de edad, es decir, en el ciclo de la educación secundaria, el 9.44% de quienes deberían asistir a la escuela, no lo hacen. En el grupo de los 15 a los 17 años el porcentaje es de 27.1% (casi tres de cada 10); mientras que en el grupo de los 18 a los 24 años el porcentaje es de 66.6% que no asisten a la escuela (dos de cada tres).
El indicador que sintetiza esta situación que es una auténtica calamidad es el relativo al grado promedio de escolaridad de la población nacional, que llega apenas a 9.47 grados, es decir, aun considerando que el preescolar es obligatorio, pero tomando solo como base el tercer año de este nivel, estaríamos ante un escenario promedio de educación de hasta segundo y medio grado de secundaria.
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Por si lo anterior no fuese ya de suyo una catástrofe, de los 33.6 millones matriculados en el ciclo escolar 2019-2020, hubo 740 mil que no lo concluyeron; sin embargo, para el ciclo 2020-2021, debido al impacto de la COVID19, por falta de dinero o recursos, no se inscribieron a la escuela 5.2 millones de personas: 26.6% de esa suma consideró que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje; 25.3% señala que sus padres o tutores se quedaron sin empleo; mientras que 21.9% carece de computadora u otros dispositivos que les permitieran seguir estudiando.
Sin duda alguna, el reto que tiene enfrente la Secretaría de Educación Pública, pero también el sector social en su conjunto es inmenso. Por eso varios hemos insistido en la urgencia de replantear la política social; establecer nuevos objetivos y replantear las estrategias. Porque de no hacerlo, la tragedia a la que esta administración va a conducir al país será aún peor de lo que ya tenemos enfrente.
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Investigador del PUED-UNAM
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