Ha causado un gran revuelo el conjunto de albazos legislativos del partido Morena en la Cámara de Diputados, mediante los cuales las y los diputados de ese partido decidieron, como se dice coloquialmente, “borrar de un plumazo” a un conjunto de organismos gubernamentales, en el tramo final del gobierno, con el propósito fundamental de obtener recursos para las obras prioritarias del titular del Ejecutivo.
Escrito por: Saúl Arellano
Uno de esos organismos es la Secretaría del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), creado por mandato de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Dada la premura con la que se presentaron las iniciativas aprobadas, es difícil tener un análisis preciso de los puntos que serán controvertibles y que muy probablemente lleven a una nueva oleada de recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un gran número de expertas y expertos en materia de infancias han señalado el enorme error conceptual y jurídico que implica fusionar en un mismo organismo al Sistema Nacional DIF y al SIPINNA. De hecho, uno de los argumentos que se plantearon en su momento para la creación de ese último organismo era que el SNDIF no tenía ni el mandato ni las capacidades para cumplir plenamente con el complejo y amplio conjunto de derechos de las infancias y las adolescencias.
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Habría además de ese, múltiples argumentos para defender la permanencia del SIPINNA; pero hay datos que muestran que quizá la demanda ciudadana debería ir en otro sentido, y exigir un cambio de perspectivas y visiones, que nos lleven a la construcción de una auténtica política de estado en la materia.
En efecto, en una apretadísima síntesis, hay que decir que más de la mitad de la población infantil vive en condiciones de pobreza; y que hay más de 900 municipios donde 80% o más de las niñas y niños viven en esa condición; que hay prácticamente un millón de hogares con niñas y niños con severos problemas de hambre; que la violencia homicida es enorme y que la tasa de homicidios dolosos de niñas y niños supera casi en tres veces la tasa de feminicidios; que la cobertura en vacunación cayó drásticamente; que hay alrededor de 3 millones de niñas y niños que trabajan; que la brecha educativa se incrementa y que después de la pandemia se registran severos retrocesos en coberturas, transición entre grados y niveles y pérdidas, quizá irreparables, de aprendizajes sustantivos.
En resumen, puede afirmarse que las condiciones en que vive la niñez mexicana son auténticamente dramáticas y constituyen, en varias de sus dimensiones y magnitudes, una situación de verdadero escándalo pues, dados los recursos y capacidades de que disponemos como país, ninguna niña o niño debería vivir con hambre, fuera de la escuela o carecer de servicios médicos oportunos y de calidad.
Una de las grandes debilidades del SIPINNA se encuentra precisamente en que carece de la fuerza y liderazgo político para articular a todas las dependencias y organismos del Estado para articular una política de infancias y adolescencias integral y que garantice la progresividad en el cumplimiento de los derechos.
Y por eso sostengo que el planteamiento de mantener al SIPINNA, tal como se encuentra, resulta ya limitado, porque no podemos seguir, en el marco del paradigma constitucional de los derechos humanos y del contenido integral del Artículo 4º Constitucional, aceptando “lo mínimo y posible” para la niñez mexicana.
Es hora de exigir mucho más, y por ello deberíamos poner en el centro del debate, para comenzar, la creación de la Secretaría de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias. Se trataría de una dependencia del Estado mexicano, ahí sí del más alto nivel, y con el rango requerido para articular o al menos promover la coordinación con las otras Secretarías para orientar apropiadamente los presupuestos, programas y acciones que se requieren para cumplir con el mandato del principio del Interés Superior de la Niñez.
Esto permitiría sectorizar a varios organismos y coordinar de mejor manera a otros, con el objetivo de replantear las prioridades del Estado pues, justamente, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes planteó, acertadamente, que las niñas y niños tienen prioridad en la garantía de sus derechos, aún frente al cumplimiento posible de derechos de las poblaciones adultas.
En el marco de la reingeniería institucional que se requiere para ello, debería plantearse que esta dependencia tendría una Sub secretaría de Asistencia Social; una más de Planeación y Coordinación intersectorial; y una más Atención y Prevención de Riesgos Sociales.
No debe olvidarse que en México hay prácticamente 40 millones de niñas, niños y adolescentes; y que ese solo dato validaría la idea de crear una dependencia capaz de abordar la complejidad y los inmensos retos que tenemos en ese ámbito; porque aún erradicando el hambre, y garantizando coberturas universales en salud y educación, hay una muy amplia agenda de intervenciones sobre las que debería avanzarse para garantizar también el cumplimiento del principio de progresividad; es decir, debe pensarse en una institucionalidad capaz de hacer cada vez más, y no como ahora, reducirla para que haga cada vez menos.
El estado en que se encuentran las infancias de un país es un reflejo fiel de los valores y prioridades de una sociedad. Y en el caso mexicano, es claro que, tal como estamos ahora, nuestro espejo nos enseña el rostro de una enorme fractura ética.
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Investigador del PUED-UNAM
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