por Mario Luis Fuentes
No hay ninguna entidad federativa en la cual se vivan condiciones aceptables de seguridad pública. Se trata de una crisis mayor, porque no puede hablarse de ningún modelo estatal o municipal en el país que por sus resultados pudiera ser replicable como solución en otros ámbitos territoriales.
60 mil 809 agentes policiacos estatales aprobaron filtros de control de confianza en 2016
Como norma discursiva, en las 32 entidades federativas se encuentra la idea recurrente de “a nosotros no nos toca”, argumentando que la inseguridad que se vive en sus ciudades es resultado de la presencia del crimen organizado. Peor aún, se ha llegado a absurdos como asumir que el indicador a medir es sólo el de los homicidios dolosos, como si los homicidios culposos no tuviesen como resultado la pérdida violenta de la vida de miles de personas.
Desde esta perspectiva resulta de sumo interés el conjunto de resultados del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales, 2017, presentados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
De acuerdo con el Inegi, a lo largo del año 2016 se registraron en todo el país 1.91 millones de intervenciones de las policías estatales. De esta cifra, en 226 mil 777 casos se trató de intervenciones por presuntos delitos del fuero común; 11 mil 163 por presuntos delitos del fuero federal; 498 mil 994 por presuntas infracciones; 490 mil 152 casos más por motivos “distintos a los anteriores”, y 698 mil 337 por motivos “no especificados”.
Si se observa con atención los conceptos señalados, lo primero que destaca es la ausencia de un sistema de información eficiente que permita saber exactamente por qué intervienen las policías en el país; más aún porque de acuerdo con el propio Inegi, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe), es probable que en 2016 se hayan cometido alrededor de 31.1 millones de delitos. Si esto es así, las policías estatales intervienen únicamente en 0.77% de los presuntos delitos que se cometen en el territorio nacional.
Según el Inegi, del total de intervenciones que se registran de la policía estatal, en una baja proporción éstas se traducen en notificación al Ministerio Público para que se inicie una investigación por la probable comisión de alguno o varios delitos. En efecto, de las 736 mil 434 intervenciones de las policías estatales reportadas en 2016, por presuntos delitos, ya sea del fuero común o del fuero federal, únicamente 147 mil 236 fueron notificadas al Ministerio Público correspondiente, es decir, sólo una de cada cinco de esas intervenciones motivó la intervención del Ministerio Público.
7 policías de cada 10 obligados a realizar exámenes de control de confianza han aprobado
Destacan en ese sentido varias entidades en donde el porcentaje es excepcionalmente bajo: en Hidalgo, Michoacán y Quintana Roo se registra una notificación nula al MP, es decir, cero casos en cada una de estas entidades; en Quintana Roo el porcentaje es de 2%; en Guanajuato es de 3%; en Baja California Sur es de 7%; en Campeche es de 8% y en Durango es de 10%.
Uno de los datos que en mayor medida llama la atención en los resultados del censo 2017 es el relativo al número de entidades en donde se carece de datos sobre posibles víctimas de delitos: en efecto, en el caso de 19 entidades el Inegi consigna lo siguiente: “La administración pública de la entidad federativa correspondiente reportó no contar con un registro de la cantidad de probables víctimas relacionadas con las intervenciones de la policía”.
Lo anterior es un asunto mayor, pues revela que en el sistema de seguridad pública nacional sigue sin entenderse la relevancia de centrar toda su atención en las víctimas: ¿cómo diseñar criterios para una adecuada reparación del daño, acompañamiento jurídico y sicológico, así como protección de la justicia local o federal, si ni siquiera se cuenta con un registro apropiado de quiénes han sido víctimas de la delincuencia?
Una de las grandes fisuras del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la ineficacia del control de confianza; pero más aún, la insuficiente evaluación de las personas que forman parte de las policías estatales. En efecto, de acuerdo con el Inegi, hay 218 mil 649 personas que laboran en corporaciones policiacas estatales. De éstas, hay 86 mil 206 que están obligadas a ser evaluadas.
De esa cifra, hasta el mes de diciembre de 2016, sólo habían sido efectivamente evaluadas un total de 79 mil 278; y de estas últimas, sólo 60 mil 809 habían aprobado los filtros de control de confianza; es decir, sólo 7 de cada 10 personas obligadas a presentar exámenes de confianza los han aprobado en las corporaciones policiacas estatales.
Por otro lado, es preciso subrayar que hay 19 entidades en donde los integrantes de las corporaciones policiacas no han recibido ningún curso relativo a la seguridad pública, y que en total, de las más de 218 mil personas que trabajan en ellas, únicamente 6 mil 466 han recibido este tipo de cursos; en otras materias en las que más se ha avanzado son: derechos humanos, en la que han sido capacitados 128 mil 886 personas; en materia de sistema penal acusatorio 111 mil 760; y en “preservación de los hechos o del lugar del hallazgo”, un total de 113 mil 733.
*Columna publicada con el mismo nombre en el periódico Excélsior, 31-octubre-2017, p.16.
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