Se veían eufóricos los Senadores, algunos vestían diferente de como los hemos visto en las sesiones de los martes y jueves, estaban de fiesta. Incluso las imágenes eran más reveladoras que sus propios mensajes en las redes sociales, porque se subían a las butacas o sillas de la improvisada sede alterna, quizás para salir en la foto o en la toma que, a lo lejos, hicieron algunos camarógrafos de los medios de comunicación. No había duda, estaban pletóricos y, por lo tanto, dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de cumplir la encomienda, incluso a inventar que habían logrado el quorum.
Escrito por: Ruth Zavaleta Salgado
Así lo consignaron algunos periodistas que dieron cuenta de que los Senadores hicieron trampa, no tenían los votos ni para instalar la sesión, ni para aprobar las minutas que les habían enviado de la Cámara de Diputados. Sin embargo, eso no importó, porque hace mucho tiempo que, a los legisladores de la mayoría morenista y sus aliados, no les importa cumplir su máximo mandato constitucional: hacer cumplir la Constitución.
Su prioridad tampoco es quedar bien con los ciudadanos que votaron por ellos porque creyeron en una verdadera transformación, solo les importa congratularse con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Porque a final de cuentas, como en los viejos tiempos, al Presidente le alcanza su poder metaconstitucional para decidir el futuro político de todos y cada uno de ellos, tanto de los que aspiran repetir en el cargo, como de los que quieran transitar a otro espacio de poder. En consecuencia, a lo largo del sexenio, la mayoría de legisladores han aprobado varias reformas y nuevas leyes por encima de la Constitución, aunque saben muy bien que, las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tendrán que enmendarles la plana y por ello, enfrentaran, una vez más, la furia del titular del Poder Ejecutivo.
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De esta forma, horas antes de que concluyera el plazo para cerrar el periodo ordinario de sesiones, los Senadores de la mayoría morenista, mediante artimañas ilegales (sin quorum para sesionar), aprobaron los 20 dictámenes de las minutas que les habían enviado los diputados; lo hicieron en una sede alterna, porque las sedes oficiales estaban tomadas por el “bloque opositor” después de que los chamaqueo el Senador Monreal (en un infructuoso intento por salvar al INAI).
Dentro del conjunto de votaciones, aprobaron la minuta para expedir la “Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, y reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley de Planeación”. Aunque los legisladores “cantaron” haber emitido 58 votos a favor, 2 en contra, y 6 abstenciones, algunos periodistas como Claudia Salazar del periódico Reforma, contó sólo 46 a favor, 7 abstenciones y 11 en contra.
En ese contexto, la nueva Ley que desaparece el CONACyT y lo sustituye por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, será doblemente cuestionada, por su contenido porque afecta la libertad de pensamiento e impone una visión doctrinaria a la comunidad científica; y, por el desaseado procedimiento.
Desde diciembre del año pasado que el presidente de la República envió la iniciativa al Congreso de la Unión, la comunidad científica levantó la voz para protestar en contra de las modificaciones que imponen una doctrina científica como doctrina de Estado y advirtieron el retroceso que representaba, sin embargo, tanto el titular del poder ejecutivo como los legisladores, hicieron oídos sordos a las propuestas que expresaron los representantes de la academia, investigadores, estudiantes de posgrado, consejos y organismos de ciencia, tecnología e innovación estatales, organismos profesionales y empresariales, sindicatos y muchas otras instituciones.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que la comunidad científica emprende una lucha por el derecho a la libertad de pensamiento y de cátedra. Guardando las proporciones, no olvidemos la histórica confrontación entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano sobre la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, porque, curiosamente, en el fondo, la exposición de motivos y el articulado de esta nueva ley aprobada el sábado por la noche, revive el viejo debate sobre el “deber” de la orientación ideológica de las instituciones de educación pública, que se dio en ese lejano “primer Congreso de Universitarios mexicanos”, de septiembre de 1931, con la presencia del mismísimo presidente de la República, el Gral. Abelardo Rodríguez, el secretario de educación, Narciso Bassols, el rector de la UNAM y de la mayoría de rectores de las universidades del país; y, cuyas conclusiones presentadas en septiembre de 1933, generaron la confrontación del Maestro Antonio Caso y su exalumno Lombardo Toledano.
En ese entonces, la Universidad reafirmó su carácter autónomo, pero tuvo que pagar las consecuencias; además, meses después, la Reforma al Artículo 3° Constitucional de 1934, estableció que “la educación que imparta el Estado será socialista…”
Hoy, por falta de votos suficientes, Morena y sus aliados se tuvieron que conformar con aprobar sólo una Ley reglamentaria, pero si la SCJN no la declara inconstitucional, sus nocivos efectos se verán reflejados en un corto plazo, toda vez que, la ley privilegia el otorgamiento de recursos públicos a propuestas alineadas a los Proyectos Nacionales Estratégicos de quien se encuentra frente al gobierno, y lo mismo ocurre con la forma de otorgar los apoyos destinados a becas, claramente se busca incidir en el Sistema Nacional de Investigadores para inducir a sus miembros a desempeñarse prioritariamente en las áreas definidas en la Agenda Nacional de ya saben quién.
En ese contexto, se ve que no habrá tregua para la ni para la oposición legislativa, ni para la SCJN, porque hoy como nunca, las acciones de inconstitucionalidad son el único recurso que nos queda para defender el Estado de Derecho y la Democracia.
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