La gobernabilidad democrática y la prevalencia del Estado de derecho son condiciones indispensables para la generación del bienestar y para lograr que todas las personas tengan plena garantía de acceso a los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde esta perspectiva, si algo ha puesto en tensión la capacidad de las instituciones públicas en todos los niveles y órdenes de gobierno, es la presencia generalizada de condiciones de violencia generadas, no sólo por la delincuencia organizada, sino también por la violencia cotidiana de lo que en el lenguaje jurídico se denomina como el “orden común”.
La evidencia estadística con que cuenta el INEGI permite sostener que en los últimos siete años ha habido un crecimiento sostenido de la violencia asociada a la presencia nacional del crimen organizado, pero también se ha incrementado de manera sustantiva el número de suicidios, homicidios y muertes por accidentes, en particular aquellos en los que intervienen los vehículos de motor.
En lo relativo a los accidentes de tránsito, debe destacarse que si bien la mayoría de las víctimas mortales son las y los conductores, así como los copilotos y otros pasajeros, el segundo tipo de víctimas son los peatones; en efecto, del total de víctimas de accidentes de transporte (incluidas las personas fallecidas y heridas), el 16.5% son peatones arrollados por vehículos de motor.
Asimismo, debe considerarse que año con año ha crecido el número de suicidios, y que también anualmente se ha notado una ligera pero constante disminución en la edad en la que se cometen los actos suicidas; con el agregado de que, según las y los expertos, por cada suicidio consumado hay al menos 10 intentos en los que no se cumple el cometido.
Según las estadísticas judiciales en materia penal del INEGI, también año con año ha crecido el número de delitos sexuales, entre los cuales se incluye la violación, el abuso sexual, el acoso sexual, el estupro y el abuso y corrupción de menores, lo cual ratifica que en nuestro país enfrentamos una severa pandemia de violencia, ejercida particularmente en contra de las niñas y los niños.
Este panorama se confirma con base en los datos relativos al acelerado incremento en el número anual de denuncias ante el Ministerio Público por delitos en el ámbito familiar, entre los que se destacan la violencia intrafamiliar, el abandono de familiares, la exposición de menores e incapaces, y el incumplimiento de obligaciones y responsabilidades de convivencia familiar.
Hay, además, otras formas de violencia estructural, que se expresan en decisiones que, o limitan los derechos de algunos grupos de población o incluso generan profundos procesos de exclusión, como ocurre con la mayoría de las poblaciones indígenas y, peor aún, con poblaciones urbanas que viven en situación de calle.
Hay quienes afirman con razón que el acceso a una vida en paz, como concepto social de una envergadura mayor, debe ser considerado como un derecho humano; en esa lógica, a nuestro país le urge construir un acelerado proceso de pacificación de la vida social, y esto no puede ocurrir si no se diseñan los cimientos para una sociedad en donde la cordialidad y la solidaridad sean principios de actuación cotidianos.
Tampoco puede haber paz en una sociedad en la que la injusticia y la impunidad son las notas predominantes en la actuación de las autoridades, y en donde la impartición y la procuración de la justicia están al alcance sólo de los privilegiados.
Estamos ante una crisis social mayor, en la que la violencia, contextualizada en un marco de desigualdad y pobreza, hace todavía menos llevadera una existencia dura en sus expresiones y dificultades, y sumamente adversa en términos de acceso a oportunidades y al bienestar.
México no puede continuar siendo un país fracturado por la desigualdad ni dividido y confrontado por las extendidas condiciones de violencia; por ello, requerimos acometer con urgencia, todas y todos, la tarea de revisar, con humildad, cuáles son los principios de actuación social que hemos privilegiado, y asumir, de una vez por todas, que es sólo a través del diálogo y la tolerancia como podremos avanzar hacia un país en el que sea mucho más fácil realizar nuestros proyectos de vida.•
