Los resultados de la medición multidimensional de la pobreza que presentó recientemente el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) obligan a una lectura mesurada, que permita interpretarlos en un sentido integral, tal como lo establece su propia metodología, pero también el sentido del artículo 1º constitucional, sobre todo en lo que respecta al principio de la progresividad de los derechos, y su “anverso” que implica la no regresión.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Es cierto que, con los parámetros que se ha medido en los últimos 14 años la pobreza en nuestro país, el ingreso tiene un peso preponderante. De tal forma que cualquier variación ya sea en términos de disminución o incremento, provocará siempre fluctuaciones importantes en los resultados respecto de las personas en condición de pobreza.
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En ese sentido, lo que muestra la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH, 2022), es que efectivamente se incrementó en alrededor de un 11%, en promedio, lo que las personas obtienen ya bien como fruto de su trabajo, o bien como resultado de las transferencias monetarias que reciben a través de becas, apoyos directos u otros programas públicos.
De tal forma que, en apariencia, estaríamos ante una muy buena noticia pues la elevación de los ingresos implicaría una mejoría en las condiciones de vida de las personas. Sin embargo, lo anterior debe relativizarse, considerando ante todo que la buena noticia hubiese sido que los ingresos se elevaron, y que las variables relativas al acceso a un mínimo de derechos sociales se hubiesen mantenido al menos en el mismo nivel que en el 2020.
Pero lo que muestra la medición del CONEVAL es que, por el contrario, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud es de más del doble de lo que se tenía registrado en 2018. En efecto, en el año de referencia el 15.6% de la población no tenía afiliación a ningún sistema de salud, mientras que en el 2022 el porcentaje se elevó a 39.1%. Lo anterior significa, en términos absolutos, que en 2018 había 20.1 millones de personas en la condición señalada, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 50.4 millones.
¿Qué significa lo anterior? Porque el argumento del gobierno ha sido que debemos aceptar que la política social ha sido absolutamente exitosa, dado que hay menos personas en pobreza. Pero lo anterior significa afirmar llanamente que debemos celebrar que ahora la gente tiene más dinero en el bolsillo, pero que simultáneamente, ahora no tiene siquiera afiliación a servicios de salud.
Lo anterior debe ponerse en blanco y negro en las cifras absolutas: en el 2022, un hogar mexicano obtiene, en promedio, ingresos monetarios equivalentes a $21,131.6 pesos al mes. En el 2020, el ingreso promedio fue de $19,807 pesos mensuales. Como se observa, la diferencia es, en promedio, de $2,324 pesos más por mes.
Pero a cambio de recibir esa cantidad adicional, el CONEVAL nos informa que hay 14.7 millones de personas que dejaron de tener afiliación a servicios de salud. ¿Cuánto gastaron en servicios privados los hogares a los que pertenecen?
Según el INEGI, el promedio del gasto promedio trimestral por hogar en servicios médicos es de 1,345 pesos, es decir, 30% más que lo que se erogaba en promedio en el año 2018. Ahora bien, una vez más, debe considerarse que ese es el monto promedio, y que seguramente se eleva de manera muy significativa entre los hogares que no tienen atención gratuita. De tal forma que la ecuación inicial que debe realizarse es cuál es el impacto en el gasto de bolsillo en los hogares que dejaron de tener cobertura.
Por otro lado, debe subrayarse una vez más que lo que mide el CONEVAL es afiliación; pero no acceso efectivo. Es decir, una persona puede tener afiliación al IMSS, al ISSSTE o a servicios abiertos de la Secretaría de Salud, pero no necesariamente tiene acceso efectivo y oportuno a consultas médicas, a tratamientos o al surtimiento adecuado de sus recetas.
Por ello, nos dice el propio CONEVAL, pero igualmente la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), más de la mitad de la población nacional que ha requerido acudir a una consulta médica lo hace en consultorios privados o adyacentes a farmacias.
Otra reflexión que se debe plantear es la relativa a los supuestos que están detrás de la política de transferencias de ingreso; y el principal y más cuestionable de todos es que el mercado distribuye de manera eficaz y justa los bienes y servicios que la población requiere para vivir y tener adecuados niveles de desarrollo. Es decir, una cosa es que las personas dispongan de ciertas cantidades de dinero, y otra que en sus localidades o entornos existan los alimentos, la ropa, el calzado, etc., que necesitan para vivir con dignidad.
Por otro lado, es importante decir que el promedio de las carencias que tiene la población creció; y que en los rubos de rezago educativo y de acceso a servicios básicos en la vivienda, no hubo ningún cambio significativo y, de hecho, hubo un ligero incremento, en números absolutos, en ambos rubros.
Con todo lo anterior, podríamos estar ante un efecto no deseado de la medición de la pobreza: que al “mover su indicador más importante” se tiene un resultado aparentemente muy positivo; pero afectando, debido al diseño estructural de la política pública, otros elementos esenciales y que no tienen el mismo peso en la determinación de los resultados de la medición.
Lo que debe quedar claro en todo caso, es que la afiliación y acceso efectivo a servicios de salud no es “un indicador más”; porque ahora estamos ante el argumento inverso al que se presentó en los dos gobiernos previos. En efecto, en ambos casos se argumentó que se tenían muchos avances en la reducción de las vulnerabilidades sociales, pero que “lo único que faltaba ya era mejorar el ingreso”. Ahora, la postura del gobierno es a la inversa: “hemos mejorado sustantivamente el ingreso, pero “nos faltará solamente afinar al sistema de salud”; lo cual es a todas luces inaceptable porque lo que se juega es la salud, el incremento en la pérdida de años de vida saludable, y en los casos más extremos, la pérdida de la vida de las personas.
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