El caso Sharon Cimá: Una aparente muestra brutal del poder institucional.

El caso de Sharon Cimá, la madre yucateca que fue separada arbitrariamente de sus hijas por las autoridades de Kanasín y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (PRODENNAY), no es un incidente aislado. Es un ejemplo doloroso de cómo las instituciones públicas, diseñadas para proteger y garantizar derechos, pueden convertirse en agentes de represión y abuso. Este caso no solo afecta a una madre y sus dos hijas; es un reflejo de la profunda desconexión entre las autoridades y los valores de justicia y humanidad que deberían guiar sus acciones.

Esta opinión se emite como reflejo de lo que hoy la opinión pública sabe y conoce de este caso, que en su apariencia, debe doler y lastimar profundamente en el seno de la moral de toda persona.

Escrito por: Eduardo Rodrigo Alam Bentata

PRODENNAY: Protector o agresor institucional.

La PRODENNAY tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de personas en situaciones de vulnerabilidad. Sin embargo, en este caso, su actuación fue la antítesis de su misión. Al sustraer a las hijas de Sharon con base en argumentos que, según los relatos conocidos, carecían de sustento legal y moral, la institución demostró una preocupante falta de rigor en sus procesos.

El argumento de que las niñas se encontraban “desamparadas” mientras estaban bajo el cuidado de una vecina es insostenible. Más aún, la forma en que se presume fueron retiradas con violencia y sin una evaluación exhaustiva de las circunstancias familiares, raya en lo delictivo. Este tipo de acciones no solo perpetúan el trauma para las víctimas, sino que también erosionan la confianza de la ciudadanía en una institución que debería ser sinónimo de apoyo y protección.

Te invitamos a leer: La obispa Budde y el elegido Trump

¿Cuántas otras familias han enfrentado un trato similar? ¿Cuántas otras familias viven una realidad basada en el apoyo y la solidad entre vecinas, abuelos, tías que a los ojos de estas instituciones y a a luz de lo acontecido, significa el desentendimiento de las obligaciones de padres, madres o personas cuidadoras? ¿Cuánta desconexión existe entre las instituciones y la realidad social imperante en el país, en el estado? Son preguntas clave en este tipo de casos.

Este asunto debe llevar a una investigación y auditoría profunda de la PRODENNAY, para identificar y erradicar posibles patrones de negligencia, abuso de poder y corrupción que puedan existir en su estructura. Esta será una tarea que deberá asumir el Gobierno que apenas inicia su gestión, pero ahora a los ojos de la opinión pública nacional.

El papel de las autoridades de Kanasín: abuso y complicidad.

El caso de Sharon no habría escalado de esta manera sin la intervención de las autoridades municipales de Kanasín, especialmente de un elemento señalado en los relatos de la víctima hoy conocidos, en los que se narra que este individuo utilizó su posición de poder para hostigarla, presuntamente como represalia tras el rechazo de insinuaciones sexuales. Las acusaciones de tortura, violencia física y psicológica durante su detención son alarmantes y deben investigarse con el mayor rigor.

El abuso de poder que se percibe de lo que se sabe en este caso, de confirmarse, es hiriente; una madre acusada falsamente de robo, detenida arbitrariamente y sometida a torturas mientras sus hijas eran separadas de ella. Este no es solo un ejemplo de abuso policial; es una violación flagrante de los derechos humanos que debería movilizar tanto a las autoridades estatales, cuanto a la sociedad civil en su conjunto. No hay muestra más aberrante del mal uso del poder que una madre abusada, torturada e injustamente separada de sus hijas, no hay muestra más dolorosa de la insensibilidad institucional que dos hijas arrancadas del seno de su hogar, mientras su madre fue detenida y torturada. Esta narrativa de lo que se conoce hasta hoy duele y debe calar en lo más hondo de la dignidad humana.

El actuar indebido de las autoridades locales también se evidenciaría en la presunta negativa de la Fiscalía radicada en Kanasín, para recibir la denuncia de Sharon el día después de los hechos. Este tipo de inacción no es casual; es parte de un sistema que parece operar para proteger a perpetradores y revictimizar a quienes buscan justicia; es parte de un sistema que día a día sufren cientos, tal vez miles de yucatecas y yucatecos, con la indolencia de quienes deberían atenderles.

El caso de Sharon se erige como un recordatorio de que la violencia institucional en México no es la excepción, sino una aparente norma que encuentra su causa en una variedad de factores que va desde la sensibilidad humana, hasta la insuficiencia presupuestaria. El caso de Sharon nos recuerda una dura realidad imperante, pues de no ser porque una periodista expuso el tema en la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum, quizá hoy nadie sabría nada de este asunto.

En lugar de ser un soporte para las personas vulnerables, las instituciones frecuentemente se convierten en instrumentos de opresión que de poco en poco van generando un clima de desconfianza tanto como de tensión y encono hacia las autoridades. Las mujeres, en particular, enfrentan un doble desafío pues son victimizadas por su condición de género y revictimizadas por un sistema que perpetúa prácticas indebidas.

Más allá de los hechos específicos, el caso de Sharon debe entenderse en el contexto más amplio de la desigualdad y exclusión social, pues mujeres como ella, madres solteras y trabajadoras, enfrentan una vulnerabilidad estructural que las coloca en una posición de desventaja frente al sistema, mientras que no solo luchan por sobrevivir en un entorno económico precario, sino que también enfrentan el peso de un sistema institucional que les oprime en lugar de protegerlas. Esto se traduce en una lógica punitiva que castiga la pobreza, la vulnerabilidad y la resistencia.

Este caso es un recordatorio de que el acceso a la protección de las autoridades sigue siendo un privilegio en lugar de un derecho; sigue siendo uno de los grandes pendientes del Estado Mexicano.

Yucatán, un estado que se enorgullece de su imagen como uno de los lugares más seguros del país, no puede seguir ignorando estos problemas. Casos como el de Sharon no solo dañan la reputación del estado, sino que también revelan un sistema profundamente fracturado que requiere una transformación urgente.

El turno de las autoridades estatales.

El gobierno de Yucatán ha mantenido un silencio preocupante sobre este caso, a pesar de la atención mediática y la indignación pública, pues no se han anunciado medidas visibles para investigar y sancionar a quienes resulten responsables; indiferencia que envía un mensaje peligroso traducido en que las víctimas de abuso de poder están solas y quienes abusan, seguirán operando con el velo de la impunidad. Esperemos que encerrado en el silencio, se encuentre un paquete de acciones urgentes encaminadas a tomar este tema y atenderlo de fondo; sin embargo, seguirá siendo recomendable que un gobierno que se ha mostrado proclive a las causas populares, nos diga públicamente como atenderá el caso de Sharon y el de cientos de mujeres y familias que podrían estar en la misma situación.

El gobernador y las autoridades estatales tienen la responsabilidad de garantizar que este caso no quede en el olvido, por lo que es imperativo que se investiguen las acciones de la PRODENNAY, la policía municipal y la Fiscalía en Kanasín; además de que debe implementarse un mecanismo para garantizar que las familias afectadas por decisiones arbitrarias reciban justicia y reparación integral; pero sobre todo debe comunicarse con eficiencia que Sharon y las familias yucatecas no están solas frente a conductas que provengan de autoridades e instituciones y que se ejecuten como abuso.

¿Qué debe suceder ahora?

Este caso no puede quedarse en el olvido. Es un llamado urgente a la acción, tanto para las autoridades como para la sociedad en su conjunto. Creo que las medidas esenciales deben comenzar con una profunda y certera investigación a toda persona servidora pública involucrada, para encontrar la verdad y en su caso, de confirmarse las acusaciones, imponer las sanciones correspondientes.

Además, deberá analizarse el papel que juega la PRODENNAY, siendo sometida a una auditoría exhaustiva para garantizar que sus decisiones estén basadas en el interés superior del niñas, niños y adolescentes y no en criterios arbitrarios o influencias externas. En este tema deberán jugar un papel importante las y los Diputados locales.

Por su parte,Sharon y sus hijas deben recibir apoyo integral, incluyendo atención psicológica y medidas de protección contra posibles represalias.

Todo esto acompañado porla sociedad civil debe desempeñar un papel activo en la vigilancia de las instituciones públicas, exigiendo transparencia y rendición de cuentas.

Conclusión.

El caso de Sharon es una herida abierta en el tejido social de Yucatán. Es un recordatorio de que la violencia institucional no solo afecta a las víctimas directas, sino que también erosiona la confianza de toda la sociedad en sus instituciones. No podemos permitir que estos actos de abuso y negligencia queden en el olvido.

Para Sharon no basta con la devolución de sus hijas, sino también es necesaria la reparación integral de los daños y la transformación de un sistema que, hasta ahora, ha operado en su contra. Este caso debe ser un punto de inflexión para Yucatán, un estado que no puede seguir tolerando la violencia institucional. La dignidad y los derechos de las personas deben estar por encima de cualquier interés político o burocrático.

También podría interesarte: Los retos de la repatriación

Reitero, esta opinión se basa en lo hasta ahora conocido, que, de confirmarse, sostendría el sentir plasmado en las líneas que anteceden. Sin embargo, quizá como en muchos otros casos, falta aún mucho por conocer.

“Comparte esta información para crear conciencia sobre la cuestión social en México”.“¿Te pareció útil este artículo? Difúndelo con tu red y súmate al cambio”