El 31 de marzo la Secretaría de Hacienda (SHCP) presentó el marco general que orientará la formulación de la política hacendaria de 2024. Son los llamados Pre-Criterios, con los objetivos de ingresos y gastos públicos para el siguiente año, el panorama económico esperado y las prioridades en los programas públicos. Con este punto de partida, la Cámara de Diputados debería iniciar el análisis presupuestal y tributario, pero lo más probable es que no se modifique nada sustantivo, como ha sido la tradición hasta ahora.
Escrito por: Enrique Provencio D.
Según el proceso establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a más tardar el 1º de abril la SHCP entrega los Pre-Criterios, el 30 de junio proporciona la estructura programática, y el 8 de septiembre presenta los criterios generales de política económica, y los proyectos de presupuesto y de ley de ingresos. Estos últimos dos deben quedar aprobados el 15 de noviembre. Aunque a las comisiones se turnan estos proyectos de inmediato, el debate presupuestal inicia tarde, ya entrado el mes de octubre, y se hace rápido y superficialmente. La motivación original de los Pre-Criterios fue que al menos desde cinco meses antes de que llegara el paquete completo a la Cámara de Diputados se estuvieran analizando los escenarios y las bases del presupuesto y la ley de ingresos.
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En esto, como en tantos otros procesos legislativos, la inercia histórica se mantiene e incluso se ha intensificado, pues la indicación expresa es que al proyecto de presupuesto y a la iniciativa de ley de ingresos no se les mueva ni una coma. La aquiescencia de la mayoría a dejar intocadas las propuestas del Ejecutivo se ampara ahora con la explicación de que en el pasado reciente se negociaban prebendas y espacios de poder entre las cámaras y los gobiernos estatales, las organizaciones de productores y los propios diputados, con lo que la potestad de decidir sobre la hacienda pública se había convertido en un reparto tolerado de dinero y de proyectos.
Lo anterior es cierto, pues se impuso un acuerdo tácito con cuotas discrecionales que la Presidencia y la SHCP aceptaban y hasta anticipaban, y con la asignación de ese margen se daba la impresión de que con la dictaminación el proyecto de presupuesto era realmente modificado. Había, sin embargo, algunos esfuerzos serios por reasignar partidas o cambiar programas presupuestales a partir de diagnósticos serios y de acuerdos legítimos, como ocurrió, en algunos casos con el presupuesto para el desarrollo de los estados del Sur y Sureste.
Si se hubiera querido rescatar la facultad legislativa para intervenir auténticamente en la aprobación del presupuesto e incidir en la política hacendaria, se habrían introducido varias reformas además de abandonar aquel juego de arreglos y repartos, pero lo que seguimos teniendo es la clásica subordinación legislativa y la renuncia a una de las facultades emblemáticas de la Cámara de Diputados.
Una de las medidas que se propuso fue la creación de un Consejo Fiscal que auxilie al Congreso en la deliberación sobre la estructura y montos del presupuesto, y en la consideración de los supuestos macro económicos inherentes, por ejemplo en cuanto a la deuda pública. El Consejo, según lo que se ha planteado, puede tener autonomía técnica y otros rasgos que lo equiparen a la Auditoría Superior de la Federación, y estaría compuesto no solo por equipos de alto nivel técnico y de carrera, sino también por un consejo profesional nombrado para darle estabilidad y autoridad ante las obvias disputas partidarias que existen en cualquier congreso.
Estos consejos existen en muchos países con variantes en sus modalidades, y luego de muchas discusiones las propuestas que se presentaron consiguieron adaptar la idea, de tal modo que no se trate de un organismo más enfocado solo a la estabilidad y la austeridad fiscal, sino de un ente que fortalezca al Poder Legislativo y le de solvencia en su tarea de dictamen del presupuesto y la ley de ingresos. No ha ocurrido nada y no hay interés en la mayoría legislativa, y tampoco en el Gobierno Federal. Lo que sigue ocurriendo es que la Cámara de Diputados no dispone de capacidad para llevar a cabo un análisis serio de lo que le presenta la Presidencia de la República. Algunas fracciones parlamentarias se empeñan en presentar opciones para el rediseño de fiscal y presupuestal, pero sin un apoyo técnico efectivo de la propia Cámara de Diputados, pues su Centro de Estudios de las Finanzas Públicas se dedica básicamente a ejercicios descriptivos y de difusión.
Mientras la Cámara de Diputados no disponga de capacidades efectivas para revisar tanto los supuestos como el contenido de los proyectos que le entrega el Ejecutivo, la dictaminación seguirá siendo solo epidérmica y formal. Las comisiones no disponen de herramientas para determinar, por ejemplo, si las estimaciones macroeconómicas, o de precios del petróleo y de otras variables, son realistas y soportan adecuadamente el presupuesto. Lo mismo ocurre con el análisis de los programas concretos y con sus prioridades. Tampoco se utilizan bien, por cierto, insumos como los que entrega el CONEVAL, que se supone deberían ayudar a que las decisiones presupuestales tomen en cuenta los resultados de las evaluaciones de la política social. Del contenido concreto de los Pre-Criterios de la SHCP para el 2024 nos ocuparemos aquí en México Social próximamente.
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SHCP Comunicado No. 20 Ciudad de México, 31 de marzo de 2023
