Hay títulos de textos que de suyo constituyen condenas a hechos que deben denunciarse como parte de un modelo civilizatorio sustentado en una ética del despojo y la explotación
El concepto clave que presenta el CEEY es el de la movilidad social, una categoría sociológica que describe los procesos mediante los cuales una persona tiene o no la oportunidad de “ascender” o “descender” en la escala del bienestar socioeconómico.
Una de las conclusiones más duras de la Encuesta sobre Movilidad Social, 2011, sostiene que en México el hogar en que se nace sigue determinando las oportunidades y probabilidades de mejorar la posición socioeconómica que existía en el hogar de nacimiento; y particularmente, las características socioeconómicas de las madres y padres de las personas.
Enrique Cárdenas ha definido a esta situación como un estatus de “impermeabilidad social”, en la cual el 20% de los hogares más ricos es en promedio, 7.2 veces mayor que los ingresos del 20% de los hogares más pobres; es decir, vivimos bajo un modelo de desarrollo (o de anti-desarrollo, como le ha denominado Rolando Cordera), en el cual no existen mecanismos redistributivos eficaces de la riqueza.
Vivir en un país en el que la frase predominante podría ser: “Si naces pobre, morirás pobre”, constituye un cuestionamiento ético de proporciones mayores, pues se trata de un régimen plenamente antidemocrático, socialmente injusto, y políticamente insostenible e inviable.
Desde esta perspectiva, la tecnocracia gobernante desde 1982 ha servido para dos cosas: para generar un largo periodo de estancamiento secular, como le ha denominado el economista Paul Krugman; y fundamentalmente para generar la evidencia suficiente para sostener que el modelo no sólo no funciona, sino que además es generador de sufrimiento y dolor social.
El análisis sobre la movilidad social que ha presentado el CEEY, fortalece los argumentos de quienes sostenemos que es urgente una nueva lógica de desarrollo, pues a todas luces, citando nuevamente a Cordera, vivimos bajo el mandato de una “coalición antidesarrollista”, que ha generado acuerdos políticos desde los cuales se ha cimentado un régimen —que bien podría calificarse de “excepción económica”— pues sus dos principales resultados son: 1) un más que mediocre crecimiento económico anual, y; 2) masas de personas empobrecidas, que al 2012 sumaban más de 50 millones, y de los cuales 22 millones eran niñas, niños y adolescentes.
La situación no puede continuar por la ruta convenida hasta ahora por los poderosos; de ahí también la urgencia de cuestionar los valores y principios de organización social que asumen quienes nos gobiernan y nos representan: no es aceptable tener a más personas en el poder público que no hayan acreditado además de dominio técnico de las materias sobre las que tendrán responsabilidad, una sólida y consistente probidad ética.
Juan Ramón de la Fuente sostenía recientemente que, si quienes toman las decisiones en Wall Street y en general en las principales bolsas de valores del mundo, además de ser extraordinarios constructores de gráficas y proyecciones econométricas, tuviesen una sólida formación ética, quizá la crisis de 2008-2009 no hubiese ocurrido.
Lamentablemente la formación cívica ha desaparecido de prácticamente todos los ámbitos educativos; y por formación cívica debe entenderse una educación dirigida a formar personas capaces de comportarse como ciudadanos plenos: personas respetuosas de la Constitución, y seres humanos capaces de asumir una ética de la responsabilidad con el prójimo.
“Si naces pobre, morirás pobre” es una sentencia que a todas luces es inaceptable e impresentable en tanto condena inevitable para quienes nacemos en este gran país; el cual lamentablemente nos ha sido arrebatado por un grupo de codiciosos —Marx dixit—, y al cual estamos obligados a rescatar con la ley y con la ética en la mano. Nada más, pero tampoco menos.
Artículo publicado originalmente en la “Crónica de Hoy” el 18 de junio de 2015
