por Raymundo García
Ante la amenaza global que se cierne para la Sierra Norte de Puebla, los pueblos y comunidades indígenas se han unificado y están decididos a defender el territorio
La otrora estable región indígena de esta parte de la República se encuentra en franca movilización, lo que no sucedía desde que el totonaco Serafín Olarte encabezó una lucha en la región del totonacapan veracruzano, o cuando “Los Tres Juanes” de la Sierra de tradición liberal y con contingentes formados en las comunidades indígenas se enfrentaron a las tropas francesas, tanto en la ciudad de Puebla como en algunos sitios de la región.
La tranquilidad política de la región, sumida en la pobreza, es interrumpida por la disposición del Gobierno Federal al autorizar casi 100 concesiones mineras y 12 autorizaciones para la construcción de hidroeléctricas en ciudades rurales estratégicamente ubicadas en municipios indígenas, en donde se planea explotar las minas y utilizar grandes cantidades de agua, al usar el método de explotación de fractura hidráulica, gasoductos y proyectos de alto turismo, así como un ambicioso proyecto gubernamental de introducir capitales extranjeros en la región de Libres, pretendiendo hacer uso del agua de las comunidades asentadas en dicha subregión, como lo ejemplifica el caso de Ocotepec.
Sobre la naturaleza del conflicto y las opciones a seguir se presentaron una serie de encuentros y desencuentros, los cuales se perfilan en escenarios de diálogo con negociación o confrontación sin diálogo. Algunos concluimos que el conflicto es político y que en su solución se tienen que utilizar las herramientas del diálogo y la negociación, en el marco de un contexto político y legal adverso, pero apoyándonos en los resquicios legales obtenidos por la lucha de otros pueblos indígenas del país, pugnando por el respeto a nuestros derechos, creando las diversas instancias de representación indígena y vinculándonos con otros esfuerzos de lucha regional y nacional.
Para tal efecto, tras un trabajo de reacercamiento con unos y de convencimiento con otros en octubre de 2012, se determinó formar el agrupamiento Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI) y se aprobó su documento fundacional de nominado “Luchar por la Vida, Oponerse a la Muerte”.
Dicho documento contiene un pequeño diagnóstico, su concepción de la situación regional creada con las concesiones mineras y las autorizaciones para construir hidroeléctricas y ciudades rurales; define, asimismo, su posición central en considerar que dichas acciones de gobierno son nulas de pleno derecho, al no llevarse a cabo la Consulta Indígena Libre, Previa e Informada, posicionamiento que es inamovible, así como el reconocimiento y respeto al Territorio Indígena, como es la Sierra Norte de Puebla, bajo la directriz de la Libre Determinación.
Con el Estado mexicano no existía diálogo sobre la situación que prevalecía en el conflicto regional; en ese momento político las opciones implicaban un enorme desgaste y sufrimiento de los pueblos y comunidades indígenas. A nivel local, el gobierno adoptó una total ignorancia de nuestros derechos como pueblos indígenas, siendo evidente tal actitud en Tetela de Ocampo con las respuestas del Titular de la Secretaría de Economía. Al interior de las comunidades existían los rumores del Destino Manifiesto: “Las minas y las hidroeléctricas van por que van”. Diría don Jesús Reyes Heroles: “Que impere la fuerza de la política, no la política de la fuerza”.
Necesariamente apelamos al quehacer político para adoptar el diálogo como nuestra vía y herramienta para acercar a los representantes del poder a escuchar la posición de los pueblos indígenas de la Sierra Norte de Puebla. En el lapso de marzo a octubre de 2013 logramos el reconocimiento de la lucha de los pueblos indígenas serranos al aceptar que nuestra lucha es legítima.
Una de nuestras demandas de hacer respetar nuestro Derecho a la Consulta Indígena, Libre, Previa e Informada se ha hecho visible en la aprobación del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) de la Minera Espejeras del Grupo Frisco en Tetela de Ocampo, por lo que solicitamos la intervención del representante de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México (CDPIM) mediante una misiva enviada el Titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien el 4 de octubre solicitó suspender la resolución en favor del Proyecto de Exploración Espejeras “hasta en tanto no se cumplan todas y cada una de las disposiciones en la materia, contempladas en el marco normativo mexicano e internacional”, por lo que la Semarnat anuncia que queda suspendida la resolución hasta que la empresa no presente el acuerdo definitivo con las comunidades, y faculta ilegalmente a la empresa de Carlos Slim para organizar la Consulta Indígena y presentar el documento final del Acuerdo.
Aun cuando no participamos en el proceso de gestión para presentar un Punto de Acuerdo sobre el caso de Olintla, le dimos seguimiento a través de los Diputados promoventes, convenciendo a más de 20 Diputados de diversas Fracciones Parlamentarias de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados a presentar un Punto de Acuerdo sobre el Resolutivo de la Semarnat, en el caso del Proyecto de Exploración Espejeras, convencidos de que violaba el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, al facultar a la empresa a organizar la Consulta Indígena. En iguales términos se autoriza el resolutivo del proyecto hidroeléctrico “San Antonio”, que amenaza a seis municipios indígenas.
Respecto a este Punto de Acuerdo, así como el de Olintla, se tiene documentado con las respuestas el tratamiento de algunas dependencias a nuestros derechos como pueblos indígenas. De igual forma, las respuestas de algunos funcionarios de la Semarnat, la Profepa y la Secretaría de Economía.
Es necesario destacar el procedimiento de la Semarnat, ya que después de la aparición de la resistencia indígena en la Sierra Norte, algunos proyectos los autoriza sin mencionar el tema de la Consulta Indígena, como es el caso del proyecto de exploración minera “El Aretón” en Tlatlauquitepec; y del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 de la empresa Deselec 1, S. de R.L. de C.V. aprobado en diciembre de 2011, en el cual no se establece la realización de la Consulta Indígena. La Secretaría de Energía intentó llevar una Consulta Indígena mediante una solicitud de información, por medio del Director de Pueblos Indígenas de Semarnat sobre la MIA del proyecto hidroeléctrico Pilotos Uno Sapi, que amenaza a los municipios de Zapotitlán de Méndez, Atlequizayan, Caxhuacan y Huehuetla, y dicen no saber qué área lo dictamina, por lo que la Delegación Semarnat-Puebla da a conocer que dicho proyecto es rechazado. Y qué decir del estado de sitio prevaleciente en Ixtacamaxtitlán, en donde la empresa minera no permite acercarse a los activistas e investigadores, utilizando la amenaza, sin que el gobierno intervenga.
Al mismo tiempo de nuestro trabajo con las comunidades, participamos en el Foro Nacional Indígena convocado por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la LXII legislatura de la Cámara de Diputados celebrado el 26 de febrero de 2014 con el criterio de participar, proponer y debatir los contenidos de la necesaria reforma indígena inconclusa, ahora con nuevos ingredientes de la situación prevaleciente en las regiones indígenas, sobre todo en la defensa del territorio, haciendo nuestra la recomendación redactada en los términos de: “ (…) hacemos un llamado (…) al conjunto de los pueblos indígenas del país, a no cesar en la defensa de sus territorios, lenguas, culturas y derechos, en el entendido de que todo proceso legislativo y de armonización legislativa, o de aplicación y desarrollo de políticas públicas depende fundamentalmente de lo que hagan o dejen de hacer los propios pueblos y comunidades indígenas (…).”
Dicha recomendación coincide con las posiciones de Serranos Unidos en Resistencia Indígena, independientemente de divergencias respetables con acciones de otros agrupamientos, pero la idea fundamental es otorgar a las comunidades indígenas su propia decisión de hacer las cosas en los tiempos y ritmos que se acuerden formando las representaciones legal y legítimamente reconocidas en las normas internacionales y nacionales tal como se ha venido planteando en la vertiente de Agenda Nacional Indígena en la que participan liderazgos de distintas partes del país.
Para terminar, es necesario recordar las palabras de Diputado Constituyente, Pastor Rouaix, poblano de la región de Tehuacán, cuando en su libro Génesis de los Artículos 27 y 123 de la Constitución Política de 1917, editado por el PRI en el año 1984, molesto por el despojo de la nación, observaba: “En la vida independiente de México, y especialmente desde la iniciación de la política plutocrática, no volvió a ver la nación un solo edificio construido ni una sola donación pecuniaria para el establecimiento de escuelas, hospitales o templos, que hubieran mostrado, la gratitud siquiera, de los explotadores de los filones metalíferos para el pródigo país que se los entregaba. A las grandes ciudades americanas y europeas iba el fruto de las bonanzas para ser repartido entre directores y accionistas, dando esplendor a extrañas familias”.
Este sentir del Diputado Constituyente que convivió con los indígenas de Tehuacán, Puebla, a quienes reconoció y valoró, participa y sufre en carne propia los torbellinos de una revolución; por eso, al explicar las repercusiones y la amenaza de las concesiones mineras y las hidroeléctricas, un totonaco de casi 70 años de la comunidad de Tapayula, San Pedro Camocuatla me interrumpe diciendo: “Entonces tenemos que hacer otra revolución”.
| Raymundo García Politólogo, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, miembro fundador de la Corriente Democrática y de la Corriente Crítica del PRI. Su trabajo como politólogo le ha permito tener puestos como Consejero Nacional del PRD; Secretario Técnico de la Comisión de Asuntos Indígenas en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, Asesor de la Comisión de Educación y Servicios Educativos de la LXII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, Secretario Ejecutivo de Causa Indígena A.C. y fundador de Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI). |
