Sistema Nacional Anticorrupción: los retos

por Jacqueline Peschard

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El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es una institución de nueva generación que fue producto de una amplia deliberación entre gobierno y sociedad civil. Fue diseñado para potenciar la acción institucional de las entidades que desde sus respectivas trincheras tienen encomendado prevenir, detectar, investigar y sancionar las faltas administrativas de los servidores públicos y los hechos de corrupción, en estrecha colaboración con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil. 

En esto consiste la gran novedad institucional: en la interacción comprometida entre instituciones autónomas y los tres poderes federales para combatir la corrupción no sólo en sus manifestaciones, sino en sus causas

El Comité Coordinador es, ni más ni menos, que la cabeza rectora del SNA, que en su composición condensa las facultades y funciones desde las cuales debe enfrentarse el mal de la corrupción. Su instalación es el primer paso en la construcción del edificio institucional que sentará bases para una efectiva coordinación entre sus componentes, en aras de lograr el objetivo último de desmantelar las redes de corrupción que ahogan a nuestro país.

La corrupción es el mal uso de las posiciones de poder para beneficio privado, y se ha extendido a tal punto en nuestro país que virtualmente ha capturado nuestras instituciones públicas, minando nuestro ya de suyo frágil Estado de derecho

En México la corrupción es un problema estructural, cada vez más complejo y sofisticado que corre por redes de ocultamiento y de complicidad y se mantiene vivo al amparo de una agraviante impunidad. La corrupción y el incumplimiento de la ley se identifican como los principales obstáculos para el crecimiento de la economía y el desarrollo del país en general. No tendremos prosperidad económica ni desarrollo social si no los apuntalamos en un Estado de derecho sólido y si no combatimos frontalmente la corrupción.

Sin embargo, el costo de la corrupción no es sólo económico. También daña a la democracia y a nuestra sociedad, pues la gente confía menos en las instituciones y sus representantes y hay una correlación entre altos grados de corrupción, pobreza y violencia.

Asimismo, la corrupción es transversal a los distintos órdenes de gobierno e instituciones del Estado. Su combate debe ser una tarea conjunta de la sociedad en distintos frentes: para generar leyes y mecanismos suficientes y adecuados para prevenirla y sancionarla, para evitar a toda costa la impunidad mediante un sistema de justicia sólido que la condene y para construir una cultura de la legalidad que premie el comportamiento apegado a la ley y castigue socialmente la infracción.

El Comité Coordinador cuenta con amplias facultades para dirigir y operar el SNA, pero enfrenta fuertes resistencias sustentadas en prácticas ilegales de mutua protección que han probado ser barreras eficaces para la acción de la justicia

Quiero proponer una breve agenda inicial de trabajo que gira en torno a cuatro ejes: 1) la consolidación del edificio del SNA, 2) la prevención de los actos de corrupción, 3) el combate eficaz a la impunidad y 4) la apertura gubernamental como estrategia para hacer de la sociedad civil nuestro gran aliado.

Consolidar el edificio del SNA

Para completar y consolidar la estructura del SNA, debemos darle forma a la Secretaría Ejecutiva, única entidad de nueva creación del Sistema, que será su brazo operativo y su instrumento estratégico.

La selección de su titular, el Secretario Técnico —que hará el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva, a partir de una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana—, habrá de cumplir con los estándares más altos de transparencia, profesionalidad y competencia. Hemos diseñado métodos abiertos de evaluación de los candidatos, que puedan ser vigilados por la sociedad civil, a fin de dar certeza de que quien ocupe el cargo tenga las mejores credenciales profesionales, capacidades de dirección estratégica y una comprobada autonomía e integridad.

El SNA está todavía incompleto porque no están nombrados el Fiscal Especial de Combate a la Corrupción ni los magistrados de la sección especializada y de las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tendrán a su cargo imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos que cometan faltas graves.

Es indispensable que la selección de estos cargos se haga con mecanismos que aseguren un claro escrutinio público, es decir, una competencia abierta entre candidatos y con vigilancia de la ciudadanía, a fin de garantizar su imparcialidad y autonomía.

Estos mecanismos de selección deben hacerse extensivos para todos los servidores públicos que intervienen en los procesos de control interno de la Administración Pública Federal.

Sólo con procedimientos abiertos a manera de concursos, propios del servicio profesional de carrera, los integrantes de los órganos internos de control tendrán la necesaria independencia y los méritos técnicos indispensables para asegurar que se investiguen las faltas administrativas y se detecten las áreas y procesos susceptibles de ser atrapados por la corrupción.

Para que sea realmente nacional, el Sistema debe velar porque los marcos constitucionales y legales en el ámbito local cumplan con los mismos principios y criterios establecidos en el plano federal

Este modelo de selección deberá replicarse al integrar los órganos internos de control y los auditores en la entidades federativas, porque bien sabemos que la falta de capacidades institucionales y de masa crítica ciudadana los ha sujetado al control discrecional de los poderes locales.

La misma fórmula debe aplicarse para designar jueces y magistrados en el plano local, porque para sanear nuestra gestión pública y abatir la elevada impunidad es urgente contar con un sistema de justicia nacional independiente y honesto.

Prevenir actos de corrupción

La prevención es clave para frenar la aparición de conductas ilegales y corruptas y la información de calidad es el insumo esencial de la prevención. Sólo documentando las acciones y procesos que se desarrollan en las áreas administrativas se pueden detectar de forma temprana debilidades institucionales y riesgos en la operación de la gestión pública.

La información pública ordenada, sistemática, actualizada y, sobre todo, interconectada para potenciar su utilización es el ingrediente primario para un trabajo eficiente del Comité Coordinador. Quienes cumplimos alguna función en la tarea de derribar las redes de corrupción debemos contar con información fidedigna, completa, actualizada y muy accesible.

Es imperativo que los diferentes sistemas de información y bases de datos sean interoperables vertical y horizontalmente y estén automatizados para hacer más eficiente la ejecución del presupuesto, que es donde proliferan los actos de corrupción.

Sólo con mecanismos que permitan darle un seguimiento completo a las compras y contratos gubernamentales será posible descifrar en dónde están las fugas y las grietas por donde se cuela la corrupción

Combatir eficazmente la impunidad

El combate a la impunidad sólo puede lograrse con un SNA eficaz y eficiente, que remueva diques, que saque a la luz pública las complicidades, identifique los vacíos legales y los deficientes procesos de detección y de investigación de violaciones a las normas que redundan en desviaciones en el uso de los recursos públicos, para que la comisión de actos de corrupción no siga siendo una práctica sin castigo es indispensable eliminar los incentivos que la alientan.

Un ejemplo relevante que se ha publicitado año a año es el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación, la cual, al auditar y encontrar posibles delitos (que ya suman más de 745), los denuncia ante la PGR, sin que contemos con resultados claros sobre qué ha hecho al respecto la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Tampoco conocemos qué ha hecho el SAT para recuperar el daño patrimonial generado por dichos servidores.

Es necesario darle prioridad a la acción coordinada sobre los casos de corrupción ya detectados y sujetos a investigación para asegurar que cada autoridad desarrolle la función que le corresponde y tener pronto resultados que desemboquen en sanciones que inhiban futuros hechos de corrupción

Un escándalo de corrupción de alcance global como el de la empresa brasileña Odebrecht es un ejemplo de lo anterior, en particular porque se trata de un delito confeso. Estamos en espera de que se cumpla el plazo de reserva de información de este caso en mayo próximo, para que nuestras autoridades den a conocer los nombres de los funcionarios responsables de un pago indebido de 10 millones de dólares y que proceda su detención.

Apertura gubernamental

La reforma constitucional y legal en materia de combate a la corrupción fue una exigencia social. La participación ciudadana tiene un papel clave en la conducción del SNA y por ello estamos obligados a cimentar una alianza estratégica con la sociedad civil comprometida con el combate a la corrupción.

Debemos acelerar el desarrollo de la Ley de Responsabilidades Administrativas, popularmente conocida como la ley 3de3, que fue promovida por una coalición respaldada por más de 640 mil firmas ciudadanas.

El Comité Coordinador tiene la obligación legal de diseñar los formatos que servirán para publicar las declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses de los funcionarios públicos, asegurando que se protejan los rubros que puedan afectar su vida privada.

La apertura gubernamental que conocemos como gobierno abierto es una nueva forma de hacer política pública que implica que desde el inicio exista un canal abierto para que intervenga la sociedad civil

La información accesible, utilizando todas las herramientas informáticas, es el mejor recurso para que la ciudadanía se apropie del SNA, es decir, para que se convierta en nuestra aliada privilegiada.

Mensaje final

Para atacar eficazmente la corrupción no es suficiente tener buenas intenciones o voluntad política. La corrupción es un problema estructural de tal magnitud que hay que echar mano de todos los medios posibles para entenderla bien, para aquilatar su impacto sobre nuestro tejido social, para comprender como acentúa nuestras desigualdades y como obstaculiza el ejercicio de nuestros derechos humanos. Sólo así podremos atacar sus causas de raíz y no sólo sus manifestaciones más burdas y lacerantes.

El complicado y amenazante contexto internacional que enfrentamos hoy hace más urgente que pongamos en operación la ruta institucional que nos marca el SNA y que ha despertado grandes expectativas entre la población

Nuestra reputación como país está dañada por la corrupción y debemos estar abiertos a explorar diferentes experiencias internacionales que se han puesto en marcha para combatirla en sus diferentes expresiones.

Debemos voltear los ojos no sólo a Suecia y la OCDE, sino a Guatemala, Singapur o Hong Kong. Nuestro modelo institucional es adecuado, surgió de una larga interlocución entre actores públicos y sociales, pero si no tenemos resultados pronto, que demuestren que nos estamos tomando en serio el combate a la corrupción y que no es una nueva mascarada, la desconfianza y el escepticismo que están bien arraigados en nuestra sociedad pueden derivar en situaciones de anomia social.

Como bien ha dicho el consultor salvadoreño, Joaquín Villalobos, el combate a la corrupción no es un asunto de figuras redentoras o justicieras. Para que prospere es indispensable edificar acuerdos políticos nacionales.

Sin un gran pacto anticorrupción que involucre a todas las fuerzas y actores políticos del país, enfrentamos el riesgo de replicar lo que ha sucedido en otros países de la región latinoamericana.

Podremos caer en un ciclo interminable de revanchas de unos grupos contra otros, sin que realmente se desmonte la corrupción y, en cambio, sí se erosionen los pilares de la institucionalidad pública, acentuando la desconfianza y la irritación ciudadanas. Barack Obama presentó su último “discurso a la nación” el pasado marte