Escrito pormexico_social• 21 agosto, 2024• 3:30 am• Axel Velázquez Yáñez, Democracia, Destacados, En Portada, Política

Soberanía informativa y tecnológica: México en el escenario internacional

InicioAxel Velázquez Yáñez, Democracia, Destacados, En Portada, PolíticaSoberanía informativa y tecnológica: México en el escenario internacional

En la primera década del siglo XXI, la soberanía informativa cobró relevancia como un concepto que reúne experiencias comunicativas que practican la autonomía, el cuidado y la defensa democrática del derecho a la información (Corcuera, s.f.). Se trata tanto del derecho a recibir información veraz y de calidad, a través de un acceso libre y gratuito; como del derecho a emitir información, asociado a la libertad de expresión y opinión.

Escrito por: : Axel Velázquez Yáñez

A partir de que existen diversos modos de vivir, así como múltiples visiones del mundo, la soberanía informativa defiende posiciones comprometidas con la producción, el uso y el consumo responsables de información, la participación ciudadana en la gestión de los recursos públicos y en la toma de decisiones vinculadas a las políticas de los gobiernos sobre el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). También en la creación y uso de alternativas comunicativas autogestionadas (Corcuera, s.f.).

No obstante, tal como apunta Ulrich Beck (2004), la soberanía de la información del Estado nacional, como parte de la soberanía política, corre el riesgo de desaparecer: con la globalización los Estados ya no viven los unos de espaldas a los otros ya que sus fronteras fortificadas se han convertido en un coladero. El mundo, en consecuencia, se encuentra en la época de la globalización informativa (p.49).

Te invitamos a leer: Las preocupantes cifras sobre el suicidio

La vieja autosuficiencia y cerrazón a nivel local y nacional se acercan a su final: la producción y consumo de todos los países se ha fusionado a nivel mundial. Las industrias nacionales han desaparecido por la presión de las nuevas industrias, sobre todo de carácter global y hegemónico (Beck, 2004:59).

El cambio tecnológico derivado del advenimiento de la nanotecnología y la convergencia de la microelectrónica, ha liberado todas las potencialidades de las redes, generando una transformación en los procesos informativos y comunicativos (Castells, 2009:49). Además, la liberalización, privatización y desregulación derivadas de las políticas gubernamentales favorables al mercado que predominan desde los años ochenta, han fomentado la formación de redes globales (Castells, 2009:90).

Es por ello que, debido al nuevo escenario digital comunicativo, ha surgido el planteamiento de que la soberanía informativa está estrechamente ligada a la soberanía tecnológica o digital. Según Ariel Sabiguero (2016), el individuo debe ser libre informáticamente, lo que implica poder conectarse a la red, elegir qué software utilizar, etcétera, sin restricciones ni supervisión de las corporaciones ni de los Estados. En resumen, hoy en día el acceso a internet se considera como un derecho humano básico.

En pos de dicha autodeterminación en línea, las acciones del Estado no deberían coartar la libertad del individuo. En general, la soberanía informativa o digital también implica que los pueblos tengan acceso a sus datos, control sobre su acopio y que el Estado favorezca el libre acceso a las herramientas adecuadas para su gestión (Sabiguero, 2016).

Por ello, los movimientos sociales vinculados a la soberanía informativa han propuesto no solo la regulación de las grandes corporaciones privadas y los gobiernos en su uso de los medios de comunicación públicos y de internet, sino también que se denuncie la vulneración del derecho fundamental a la información a través de mecanismos de manipulación informativa, negación de acceso a información veraz, coacción de la libertad de expresión y de opinión o violación de derechos digitales (Corcuera, s.f.).

A nivel internacional se han logrado acuerdos para promover la soberanía digital a través de la promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet, tal como lo estipula el Consejo de Derechos Humanos guiado por la Carta de las Naciones Unidas en 2016. En dicha asamblea, se consignó que el derecho a la libertad de expresión ha cobrado mayor importancia a partir del acelerado desarrollo tecnológico que permite a las personas de todo el mundo utilizar las TIC.

Se destacó el hecho de que dicho acceso a la información en Internet ofrece grandes oportunidades para una educación asequible e inclusiva a nivel mundial, aunque tal aseveración depende de que también se desarrolle en los Estados otro concepto: la Alfabetización Mediática e Informacional. Es por esa razón, que en dicha asamblea se exhortó a los gobiernos a colaborar desde un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar y ampliar el acceso a Internet con el objetivo de cerrar las múltiples formas de la brecha digital, a través del fomento de la alfabetización digital y el acceso a la información en Internet.

Por otra parte, la Reunión Global de Múltiples Partes Interesadas sobre el Futuro de la Gobernanza de Internet, celebrada en São Paulo los días 23 y 24 de abril de 2014 reconoció, entre otras cosas, la necesidad de que la gobernanza de Internet se base en los derechos humanos y que los derechos de las personas también deben estar protegidos en Internet.

Además, los artículos 9 y 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instan a los Estados partes a que adopten las medidas pertinentes para promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, con el objetivo de que todas y todos los individuos integrantes de una sociedad tengan garantizado dicho derecho.

En un hecho más reciente, fue en julio de 2020 que el gobierno alemán anunció en su programa oficial para la presidencia del Consejo Europeo su intención de “establecer la soberanía digital como leitmotiv de la política digital europea” (Pohle y Thiel, 2022). Este acontecimiento reciente corresponde a uno de los muchos en los que el término soberanía digital ha sido utilizado por los gobiernos para transmitir la idea de que los Estados deben reafirmar su autoridad sobre internet para proteger a su ciudadanía y a sus empresas de los múltiples desafíos que ésta supone para la autodeterminación en la esfera digital (Pohle y Thiel, 2022).

A nivel nacional se reconocen ciertos esfuerzos que abogaron por la soberanía informativa, tales como la Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual se creó a través de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en el año 2002. Dicho organismo público y autónomo se encarga de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y la protección de los datos personales, así como promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad (INAI, 2020).

No obstante, pese a que el gobierno mexicano intentaba construir la soberanía digital con una política pública de tecnologías de la información, fue notorio que se veía mermada por la preferencia de las autoridades hacia proveedores de tecnología extranjeros y la falta de impulso necesario para el desarrollo de servicios locales para que fueran utilizados por el gobierno y los mismos consumidores (Sánchez, 2015).

Fue por ello que el 6 de septiembre del 2021 se convirtió en un día fundamental para México, ya que oficialmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se expidió la Estrategia Digital Nacional 2021-2024, la cual tiene dos visiones: 1) Independencia Tecnológica y 2) Autonomía Tecnológica. Además, uno de sus cuatro principios es el de Soberanía Tecnológica, la cual se concibe como la atribución única de la nación para tomar decisiones sin interferencias externas sobre qué políticas y estrategias se deben seguir en torno al ámbito digital y tecnológico.

Eso en cuanto a la tecnología, pero en cuanto a los contenidos que circulan a través de la misma, Cruz-Mendoza (2019) sostiene que la dependencia informativa no sólo es cuestión de los países en desarrollo. En realidad, las agencias de noticias se expanden en diferentes regiones porque es parte de su lógica informativa al intentar cubrir las noticias de todo el mundo. No obstante, el punto clave se encuentra en la incapacidad de las empresas nacionales por cubrir información dentro de sus fronteras y por ello, tienden a adquirir los productos de organizaciones ajenas a su nación que sí cuentan con el capital humano y la capacidad tecnológica para producir noticias fuera de su territorio (p.290).

Una agencia de noticias es una intermediaria de la información pues, a diferencia de cualquier otro medio de comunicación, no busca noticias para sí misma, sino para sus clientes. De esa manera, Salazar (1990) señala que su actividad central se dirige a la búsqueda, el procesamiento y la difusión de la información en el menor tiempo posible (p.51 citado en Cruz-Mendoza, 2019).

En el caso de México, la primera agencia de noticias fundada en el país se llamó INFORMEX y fue creada en 1961 como un negocio privado de Álvaro Gálvez y Fuentes. Posteriormente, se encuentra la Agencia Mexicana de Noticias (NOTIMEX), creada en 1968 por el gobierno federal con el propósito de ofrecer información sobre los Juegos Olímpicos (Trejo, 1989: 33 citado en Cruz-Mendoza, 2019)

La principal clientela de NOTIMEX estuvo constituida por Telesistema Mexicano, Televisión Independiente de México y la Corporación Mexicana de Radio y Televisión. Además se consideró la pionera en filmar a color para los noticieros. En 1974 ganó un premio al mejor programa periodístico de la televisión mexicana, con su producción ¿Qué pasa en México? (Samayoa, 2009:33).

Según Karla Samayoa (2009), NOTIMEX fue un medio informativo auspiciado por el Estado mexicano que transmitía noticias, opiniones y análisis a través de textos, fotografías, video y audio, vía satélite e Internet, a México y al mundo. Básicamente fue la encargada de divulgar los principales acontecimientos que intervienen en el desarrollo de Latinoamérica y el resto del mundo (p. 33).

En la República Mexicana existieron 5 coordinaciones regionales ubicadas en Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Mérida. En el mundo contó con cuatro coordinaciones regionales en el Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, así como en Europa y Asia. No obstante, al día de hoy NOTIMEX ha desaparecido.

En octubre de 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para desaparecer a NOTIMEX, ya que consideró que se podía prescindir de ella tomando en cuenta los avances tecnológicos que permiten a la sociedad mexicana el libre acceso a informarse (De la Rosa, 2023). La iniciativa señaló:

Durante décadas, NOTIMEX coadyuvó a cumplir la obligación del Estado para proporcionar información a la población, hoy en día, la diversificación de fuentes y medios que proporcionan información en tiempo real y con posibilidades de acceso casi universal, han evidenciado que se puede prescindir de una agencia estatal de información y que, en consecuencia, ya cumplió con el objetivo.

Además de mencionar que la diversificación de fuentes y medios permiten el acceso casi universal a la información deseada en tiempo real, otro de los motivos del mandatario para eliminar la agencia fue que sus conferencias matutinas realizadas diariamente desde Palacio Nacional cumplirían la misma función, tal como declaró en una conferencia de abril en 2023: “Nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso” (LPO, 2023).

Sin embargo, la desaparición de dicha agencia también involucró otros factores. El 23 de enero de 2019, el presidente anunció a Sanjuana Martínez como la nueva directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (NOTIMEX), sustituyendo a Alejandro Ramos Esquivel, quien declararía en 2023 ante la Secretaría de Función Pública (SFP) por presuntos actos de corrupción en su administración (Redacción Animal Político, 2024).

Una vez designada, y frente al Senado, Martínez aseguró que uno de sus objetivos era el combate a la corrupción. Bastaron solo un par de meses para que la administración de esta periodista comenzara a ser criticada por los trabajadores: algunos medios reportaron 200, otros 245, e incluso se manejó la cifra de 330 trabajadores despedidos de manera injustificada para julio de 2023.

Los primeros afectados fueron los corresponsales extranjeros, quienes denunciaron a NOTIMEX por dejar de pagarles a pesar de prometerles una renovación de contrato. Posteriormente, se despidió a 347 miembros de la plantilla, quienes también acusaron a la agencia de “malos tratos y liquidaciones de solo 30% que no correspondían a lo que marca la ley” (Redacción Animal Político, 2024).

Lee el articulo: Una inédita condición dual

Martínez justificó los despidos refiriendo que el personal no tenía capacitación pues plagiaba notas, también que había puestos con aviadores, robo de noticias para otros medios y mafia sindical. Además, se enmarcaron como parte de las medidas de austeridad y control de presupuestos que distinguía a la administración federal. Todo lo anterior, llevó a los trabajadores a manifestarse frente a Palacio Nacional el 15 de julio de 2019 con el objetivo de solicitar al presidente la renuncia de la directora (Redacción Animal Político, 2024).

Esta manifestación no generó la respuesta esperada ya que el Presidente en primera instancia defendió a la directora, lo que llevó a los trabajadores hacer un llamado a huelga en febrero de 2020. La agencia ignoró la misma y continuó con sus operaciones a pesar de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la avaló como un movimiento legal desde marzo de 2020. Frente a este panorama, AMLO declaró que no intervendría en el conflicto pues ese problema debía resolverse entre el sindicato y la directora en turno.

No obstante, los conflictos se mantuvieron en las mismas circunstancias durante tres años más y cuando, en octubre de 2023, el Presidente intervino; fue con el envío de una iniciativa a la Cámara de Diputados que justificaba la acción de desaparecer a NOTIMEX por el surgimiento de fuentes y medios diversos que actualmente pueden proporcionar a los ciudadanos, en tiempo real y con acceso casi universal, la información que necesitan; en pocas palabras, había llegado el momento en que el Estado podía prescindir de dicha agencia.

Luego de enviar la iniciativa, se aseguró que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado cuidaría los bienes públicos que pertenecen a la agencia, mientras las secretarías de Gobernación y de Trabajo implementarían 260 millones de pesos para indemnización de los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados (LPO, 2024).

Sin embargo, la postura del mandatario evolucionó:

“En Notimex faltó más diálogo y más atención de parte de nosotros porque sí es importante tener una agencia del Gobierno, se suple con lo que se hace con el manejo de los medios públicos, pero no es igual. Sin embargo, estaba ya desatada la confrontación y no se pudo”, reconoció en la conferencia matutina del 10 de julio de 2024.

El acontecimiento confirma que resulta indispensable el apoyo y reconocimiento de las agencias de noticias y los medios de comunicación nacionales (sobre todo púbicos) frente a un escenario de globalización informativa. Todos los medios públicos se han fundado en una convicción que se mantiene válida en gran parte del mundo: el sector privado por sí mismo no puede ser garantía de pluralismo (Medina, 2007:230).

Los medios públicos de comunicación son aquellos que por su naturaleza deben proporcionar a todos los ciudadanos, en iguales condiciones, un lugar de expresión cultural e intercambio gracias al cual se forman las identidades sociales, y de acceso a la información y a los debates en los que se debe basar la política democrática. No obstante, para poder desempeñar esta función, deben estar libres de los efectos distorsionadores del ejercicio del poder económico o estatal (Medina, 2007:230).

Un ejemplo de medio público exitoso corresponde a la British Broadcasting Corporation, mejor conocida como la BBC, la cual es un medio público en Europa que tiene más de ocho décadas de historia y representa el medio público más grande del mundo (Redacción El Universo, 2015). Su financiamiento proviene de una subvención parlamentaria administrada por la cancillería británica, la cual también decide en qué idiomas se debe transmitir, pero su control editorial está en manos de los productores de la BBC, los cuales son totalmente independientes (BBC, 2014).

Alejo y Ramiro Moner Sans anotan que una de las claves para su funcionamiento es que, desde su creación en 1922, no está sujeta a las presiones gubernamentales. Por ello se le ha reconocido que desempeña un rol democrático y constitucional en la medida en que protege las libertades individuales a través de la provisión de información y noticias a la ciudadanía. Además, el hecho de que en el resto del mundo se acuda a la BBC en búsqueda de información confiable y una oferta atractiva de programación corrobora dicha percepción (Moner, A. y Moner, R.).

Sin embargo, debido al amplio nivel de influencia que posee la BBC, no solo en Gran Bretaña sino en todo el mundo, se considera concerniente que la visión de otros países sobre sus propias realidades se vea moldeada por la visión de este medio o de otros que resultan igualmente influyentes y globales, como la Agence France-Presse (AFP). Dicho esto, la situación podría describirse como una función ideológica que se forja en el poder de unas naciones sobre otras.

Manuel Castells (2009) define el poder como un proceso fundamental de la sociedad, cuya definición se basa en valores e instituciones, y lo que se valora o institucionaliza se define por relaciones de poder (p. 33). En otras palabras, es la capacidad relacional que permite que un actor social influya de forma asimétrica en las decisiones o esquemas mentales de otros actores sociales ya sea mediante la coacción o la construcción de significado partiendo de los discursos (Castells, 2009:33).

El poder necesita una “base de poder” cimentada sobre la escasez de recursos sociales competidos, como son la fuerza, el dinero, los bienes inmuebles, el estatus, el conocimiento o la información (Van Dijk, 2003:48). De acuerdo con Teun A. Van Dijk (2003), el acceso al discurso público es uno de los recursos sociales más importantes de gran parte del poder contemporáneo, ya que quien controla el discurso público puede controlar indirectamente la mente de las personas y sus prácticas sociales.

Esto no debe tomarse de forma literal, es decir como un control explícito o hipnosis sobre los receptores. Esto es imposible cuando se vive una época en la que éstos son cada vez menos pasivos y suelen criticar con mayor rigor lo que reciben a través de diferentes medios. No obstante, es cierto que la mayor parte de las creencias sobre el mundo se adquieren a través del discurso (Van Dijk, 2016:29).

Controlar el contexto de la situación comunicativa implica definir aspectos como el tiempo y el lugar del acontecimiento, los participantes que pueden o deben estar presentes en él, sus respectivos papeles, los conocimientos u opiniones que han de tener o no tener, las acciones que pueden o no realizar. En resumen, al definir estos elementos se pueden influenciar las creencias sociales de un grupo, permitiendo que tanto el núcleo de la reproducción del poder y la base de la definición de la hegemonía se mantengan intactos (Van Dijk, 2016:27,31).

Es por ello que resulta pertinente cuestionar la predominancia de la influencia de medios o agencias de noticias extranjeras sobre las nacionales, pues más allá de interpretar el mundo de acuerdo al modo en que los poderosos lo presentan, también se genera que las sociedades actúen en consonancia con los deseos e intereses de los mismos. Esto implica que se refuercen las desigualdades sociales, no sólo entre individuos, sino también entre las naciones.

También podría interesarte: La planeación como diálogo democrático

Axel Velázquez Yáñez

Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Candidato a Investigador Nacional por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Profesor de Tiempo Completo del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la FCPyS-UNAM, donde Imparte las materias Teorías de la Comunicación II y III, Lenguaje, cultura y poder, Teorías y Análisis del Discurso y Géneros Periodísticos Informativos. Sus líneas de investigación son Análisis del discurso político e ideológico, Estrategias de comunicación política, Discursos informativos novedosos en el entorno digital; Temas sobre los que ha escrito capítulos de libro y artículos en revistas indexadas. Colaborador de la Revista Zócalo desde 2016 con artículos de divulgación sobre temas vinculados al fenómeno comunicativo.