Hoy se cumplen 20 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, y en Chiapas, como en prácticamente todas las localidades indígenas, la pobreza, la marginación y la desigualdad siguen campeando: 78 de cada 100 personas hablantes de lenguas indígenas son pobres, y únicamente 3 de cada 100 pueden ser considerados como no pobres y no vulnerables. Las desigualdades son abismales: sólo 18 de cada 100 tienen acceso a la seguridad social y 42 de cada 100 son vulnerables por carencia de acceso a la alimentación.
El 16 de febrero de 1996 se firmaron en San Andrés Larráinzar los llamados “Acuerdos de San Andrés” entre el Gobierno federal y la delegación zapatista. En estos documentos se sintetizaron las demandas de los pueblos y comunidades indígenas zapatistas, pero también los de numerosos pueblos que también lograron la incorporación de sus demandas y reivindicaciones en dichos textos.
Han pasado 20 años desde este histórico evento y los rezagos se mantienen; en efecto, las causas estructurales que dieron origen al movimiento zapatista se mantienen prácticamente sin modificarse; por el contrario, algunas de ellas, como la desigualdad, se han profundizado.
Los datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Encuesta Intercensal no dejan lugar a dudas: la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, así como con las comunidades y pueblos afromexicanos, sigue siendo la gran deuda a saldar en aras de un país verdaderamente incluyente.
El mensaje del Papa Francisco del día de ayer, pronunciado en San Cristóbal de las Casas, escenario en que se llevaron a cabo la mayor parte de los Acuerdos para la Paz y la Reconciliación en Chiapas, debería tener eco en todos los estratos del país: es hora de pedir perdón por siglos de atropellos, discriminación y exclusión a los pueblos indígenas; pero, sobre todo, desde una perspectiva laica, ha llegado la hora de construir un México para la igualdad y la garantía plena del conjunto de los derechos humanos, en el reconocimiento de la pluralidad y diversidad que nos caracteriza como nación pluriétnica, pluricultural y plurilingüística.
El rezago educativo: una muestra del olvido
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el porcentaje detectado de analfabetismo de las personas mayores de 15 años, a través de la Encuesta Intercensal es, para el año 2015, de 5.5%. Esto es equivalente a una suma de 4.74 millones de personas.
Sin embargo, las desigualdades entre entidades son abismales. El estado con el peor indicador en esta materia es Chiapas, con un 14.8% de las personas mayores de 15 años analfabetas, un indicador que es 9.8 veces superior al registrado en la entidad con mejores datos en este rubro, que es la Ciudad de México, en donde el analfabetismo puede considerarse como “erradicado”, pues equivale al 1.5% de la población mayor de 15 años.
Las otras entidades con indicadores lamentables son: Guerrero, con un 13.6% de población mayor de 15 años analfabeta; Oaxaca, con 13.3%; Veracruz, con 9.4%; Michoacán y Puebla, con 8.3% cada una; Hidalgo, con 8.2%; Yucatán, con 7.4% y Campeche, con 6.6%. Sobra decir que todas estas entidades son también espacios territoriales con importantes porcentajes de población indígena o hablante de lenguas indígenas.
Una lacerante pobreza
El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) muestra cómo entre los años 2010 y 2014 no hubo modificaciones significativas en los niveles de pobreza entre las personas hablantes de lenguas indígenas; en efecto, en 2010 el 79.5% de ellos era pobre; en 2012 el porcentaje se modificó a 76.8%; pero en 2014 se incrementó nuevamente a 78.4%. En números absolutos las cifras son dramáticas: 5.5 millones de personas hablantes de lenguas indígenas pobres en 2010, frente a 5.6 millones en 2014.
Entre esta población el acceso a la seguridad social no es sino una lejana aspiración: en 2010 únicamente el 16.5% de quienes hablan alguna lengua indígena tenía derechohabiencia a la seguridad social; mientras que en 2012 y 2014 el indicador se ubicó en 17.7%
En 2010 únicamente 25 de cada 100 personas hablantes de lenguas indígenas tenían acceso a servicios elementales al interior de su vivienda; mientras que en 2014 la proporción se movió apenas a 3 de cada 10.
Asimismo, en 2010 la proporción de personas hablantes de lenguas indígenas que vivía en vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación se ubicó en 40.5%, y en 2014 el indicador se incrementó, llegando a 41.3%.
La agenda invisible de los pueblos afromexicanos
La Encuesta Intercensal de 2015 incluyó, por primera vez en la historia demográfica de México, una pregunta relativa a la pertenencia o autoadscripción étnica a pueblos afromexicanos. Los resultados no dejan de ser sorprendentes para muchos en cuanto a su magnitud, pues de acuerdo con el INEGI, el 1.16% de la población nacional afirma pertenecer o sentirse parte de un pueblo o comunidad afromexicana.
En números absolutos la cifra es de 1,912,492 personas. De ellos no sabemos todavía bien a bien cuántos son pobres o cuántos viven en vulnerabilidad por alguna de las carencias sociales; como tampoco conocemos sus raíces históricas, sus costumbres y tradiciones. Es decir, cerrar las brechas implica comenzar por generar los diagnósticos apropiados y la información necesaria para garantizar sus derechos humanos, tal y como lo establece el mandato constitucional.
*Columnapublicada con el mismo nombre en el periódicoExcélsior, 16- Febrero- 2016, p.18
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