Por María Elena Camiro y Claudia García, integrantes de la Alianza Campo Justo y de @FundarMexico
El pasado 26 de noviembre el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos inició las sesiones de trabajo en las se discute el incremento a los salarios del 2021. En este espacio convergen de manera tripartita representantes del gobierno, de las empresas y por parte de los trabajadores, participan los sindicatos.
Desde 2019, a partir de la reforma al artículo 280 BIS de la Ley Federal del Trabajo, dicha institución tiene la obligación de establecer un salario mínimo profesional, por lo que 2020 es un año muy importante para que en esta discusión se priorice la fijación de un salario mínimo profesional para las personas jornaleras. La deuda del Estado con esta población no es reciente, en 2015, cerca de 70 mil trabajadores de San Quintín llevaron a cabo una huelga. Entre sus múltiples demandas estaba la exigencia del establecimiento de un salario digno.
Falta representación
Sin embargo, resulta preocupante la falta de representación de la población jornalera en esta discusión, pues las decisiones tomadas en este espacio impactarán directamente la vida de las y los jornaleros agrícolas.
Es importante que personas jornaleras, quienes viven de primera mano las desigualdades ocasionadas por los salarios que actualmente reciben, puedan tener un intercambio con el Consejo de Representantes para que sus testimonios sean escuchados y tomados en cuenta al momento de la discusión. Esta es una oportunidad histórica para saldar una gran deuda que se tiene con las y los trabajadores agrarios desde épocas de la Revolución.
Las personas jornaleras han sido esenciales en garantizar la alimentación a todas las familias mexicanas; sin embargo, siguen invisibilizadas y careciendo de sus derechos básicos, especialmente su derecho a un salario que les permita vivir dignamente con sus familias.
En este sentido, jornaleras y jornaleros han manifestado en diferentes espacios la necesidad que desde el Estado se retomen sus experiencias y se fije un monto de 300 pesos considerando las labores de alta productividad y alto riesgo que realizan, el costo de la canasta básica, los gastos resultantes de los traslados a las zonas agrícolas, además de la precariedad inherente al sector, ya que depende en buena parte de los ciclos agrícolas que requieren mano de obra temporal.
También, en términos macroeconómicos, el sector primario es el único que resistió a la pandemia por lo que las empresas tienen la capacidad económica para implementar un salario mínimo profesional para las personas jornaleras como el que se pide.
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Mayor valoración
Al preguntarnos si valoramos a las personas que son el motor de nuestra economía como es el caso de las personas jornaleras, la respuesta debería de ser que sí e ir acompañada de políticas que impulsen el aumento de los salarios mínimos para que estos sean dignos. Recibir un salario mínimo no puede continuar considerándose como un privilegio, ya que es una de las medidas necesarias para combatir las desigualdades históricas y tiene un vínculo inalienable con la dignidad humana. El salario constituye un mínimo vital que debe de abonar a un proceso para generar condiciones de igualdad en nuestro país.
Desde la Alianza Campo Justo, sabemos que la aprobación de un salario mínimo es apenas un primer paso para que esta población pueda acceder a niveles de vida dignos. Es necesario continuar exigiendo a las instituciones y órganos del estado que cumplan con el trabajo de velar porque esta población reciba un trato digno y justo en sus espacios laborales.
Frase clave: jornaleros agrícolas
