Uno de los grandes retos de las políticas para el desarrollo social se encuentra en la necesaria armonización legislativa de los principales ordenamientos que son reglamentarias de tres de los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución Política; y al mismo tiempo, la urgente alineación institucional. Esto, porque históricamente la estructura sectorial de la administración pública ha obedecido, ante todo, a criterios políticos, antes que a un diseño racional y estratégico de planeación y desarrollo organizacional.
Escrito por: Saúl Arellano
En efecto, el nombramiento de las y los titulares de las Secretarías de Estado obedece antes que nada a criterios definidos por los arreglos políticos de las mayorías gobernantes; lo que lleva a que no necesariamente las dirijan personas con conocimientos especializados en las materias de su competencia, sino personalidades políticas que, incluso siendo en ocasiones muy capaces, están siempre sujetos no exclusivamente a la evaluación de su desempeño y resultados, sino a la capacidad de generar alianzas estratégicas que permitan mantener el poder.
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Desde esta perspectiva, los tres derechos humanos mencionados arriba son los relativos a la educación, los derechos inherentes al desarrollo social y los relativos al disfrute del máximo nivel posible de salud. En los tres casos, las dependencias del ramo, como se les denomina en el argot de la administración pública, son a la vez “cabezas de Sector”, es decir, no sólo cuentan con una estructura “orgánica tradicional”, es decir, subsecretarías, unidades y direcciones generales, sino que además coordinan a dependencias de enorme relevancia que pueden tener la figura de organismos descentralizados o de organismos desconcentrados.
Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Salud, coordina acciones con el Consejo de Salubridad General, uno de los organismos constitucionales más relevantes por sus capacidades y funciones en materia de salud pública; y además coordina a instancias como el IMSS, el ISSSTE, el Sistema Nacional DIF o la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por mencionar algunos de los más visibles.
En el caso de la Secretaría de Educación Pública, coordina a organismos públicos descentralizados tan importantes como el INEA, el CONALEP o el CONAFE; pero también desconcentrados como el CONOCER, o direcciones tan relevantes como la Dirección General de Profesiones, encargada nada menos que de la validación de títulos y la expedición de las cédulas profesionales.
Desde esta perspectiva, uno de los problemas que no se han logrado resolver a lo largo de las décadas es la armonización de competencias y una eficaz coordinación Interinstitucional. En esa lógica, se ha mantenido de manera inercial una dinámica de duplicidad de programas y acciones entre las diferentes secretarías y niveles de gobierno, lo que ha resultado permanentemente en un uso ineficiente de recursos y esfuerzos. Por ejemplo, programas de salud y alimentación escolar que demandan de una coordinación muy importante entre la Secretaría de Salud, a través del DIF, pero también de la Secretaría de Desarrollo Social, con la SEP; pero también con entidades federativas y municipios dada la integración actual del Ramo 33.
Frente lo anterior, hasta ahora no se conoce que en la administración del presidente López Obrador se haya dado algún proceso de mejora institucional que permitiera potenciar los recursos y capacidades disponibles; y que permitiera ampliar, desde una auténtica perspectiva de derechos, la cobertura e impacto de programas que podrían funcionar mucho mejor de lo que lo hacen hoy.
Por otro lado, también dada la estructura y contenidos de las leyes generales que regulan estás materias, se han generado definiciones de prioridades del desarrollo que no son necesariamente compatibles, ni desde la perspectiva de la política pública, y menos aún de la lógica política impuesta por el estilo personalísimo de gobernar del presidente López Obrador.
Preocupa en esa medida los posibles conflictos que podrán presentarse en los próximos meses y años, pues no es clara la estrategia de coordinación y de cooperación que habrán de establecer los Secretarios de Salud, de Educación y la Secretaria de Desarrollo Social; siendo que los tres provienen de formaciones completamente distintas en lo político; pero también en visión y perspectiva de gobierno y administración pública.
No puede dejarse de lado entonces que las diferentes prioridades personales e institucionales mantengan la actual fragmentación de las políticas públicas, donde la integración y la cohesión de los objetivos no se logran plenamente, o que incluso de profundicen las contradicciones y la divergencia de las acciones que se desarrollen.
Es importante decir que, dado que la presente administración ha sido reacia a la construcción de un sistema de evaluación integral y, un sistema de indicadores integrado se ha hecho aún más compleja la evaluación y el monitoreo efectivos de las políticas públicas, como ocurrió recientemente en lo que respecta a la negativa de llevar a cabo la realización de la prueba piloto para la aplicación de la prueba PISA en nuestro país.
Por último, pero no menos relevante, se encuentra la realidad de la férrea competencia que se da entre las dependencias por los recursos financieros lo que puede generar conflictos, especialmente en contextos de presupuesto limitado. Así, en una lógica de prioridades políticas diferenciadas y quizá incompatibles, los resultados de la presupuestación y financiamiento de los programas puede incluso ni siquiera estar alineadas con los mandatos constitucionales y legales más esenciales.
Cómo será el estilo de gobierno de la presidenta Sheinbaum sigue siendo una incógnita mayúscula; pero para lograr un gobierno exitoso deberá, sin duda, resolver los problemas aquí planteados, y otros de carácter estructural y coyuntural.
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Investigador del PUED-UNAM
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