Recuperar a la sociedad civil

Diferentes estudios lo afirman de forma categórica: los países con mayor democracia y con instituciones más sólidas son aquellos que tienen una mayor participación ciudadana, tanto organizada como a nivel individual, respecto de los procesos de consenso y legitimación de las principales decisiones de política pública.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

La razón es tan simple como obvia: la democracia se ancla en el diálogo, en la defensa de los derechos humanos y su garantía, en el respeto a las libertades públicas y en la generación de procesos de inclusión y protección de las minorías ideológicas, étnicas, religiosas o demográficas.

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Comparado con los países de la OCDE, México es uno de los cinco países con menor tasa de participación ciudadana en organizaciones no gubernamentales y, de hecho, las que existen están concentradas en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, del Valle de Toluca, Guadalajara, Puebla y Monterrey. Adicionalmente, más del 80% de las organizaciones son de asistencia privada o atención directa a la población y muy pocas son ONGs que atiendan agendas o causas ciudadanas.

El estilo impuesto por el presidente López Obrador agudizó esa ausencia de organización social, pues en su visión de lo político y lo social, no solo es posible sino deseable, que el Gobierno y sus instituciones tengan una relación directa con cada una de las personas que habitan en el territorio nacional.

Esa visión se confronta con otras propuestas de gobierno desde las que se postula la necesidad de que la sociedad civil coadyuve con el gobierno en tareas sustantivas, o bien, que se haga cargo de responsabilidades que les competen de manera directa o que son de  interés particular de grupos interesados en qué se resuelvan problemáticas específicas.

Las urgencias de nuestro país son demasiadas. Y es obvio que el gobierno no puede solo. Esto se evidencia particularmente en crisis como las que se presentan en desastres socio ambientales como los asociados a los huracanes, sequía o los incendios forestales que se han incrementado en magnitud y número en los últimos años; pero también en problemas estructurales como la necesaria protección de las niñas y niños en situación de calle, víctimas de violencia o de delitos como la trata de personas.

Puede afirmarse que no hay sociedad mas vulnerable o en situación de riesgo que aquella que depende esencialmente de sus gobiernos. Lo cual empeora en contextos hostiles a la democracia o donde las oposiciones políticas están, por un lado cooptadas por el régimen en turno o, por el otro, atrapadas o dependientes de intereses económicos que no necesariamente responden a la garantía del orden constitucional y legal.

Desde esa perspectiva la participación de la sociedad civil, particularmente en su modalidad organizada, es un componente esencial para todo país que busca consolidarse y pervivir como democrático; esto es así porque la existencia de ONGs robustas garantiza ejercicios auténticos de contraloría social, de vigilancia del presupuesto y de mejoría de las condiciones de vida de todas y todos. En esa medida, la participación forma parte tanto de un adecuado curso de desarrollo como de procesos civilizatorios que dan sentido de pertenencia, cohesión social, solidaridad y cooperación.

Los gobiernos de mayor talante democrático no solo son tolerantes y respetuosos de la pluralidad y diversidad de las formas y procesos de organización ciudadana y popular, sino que incluso destinan importantes sumas de recursos para la promoción, capacitación y equipamiento de las organizaciones de la sociedad civil, e incluso, promueven mecanismos de coordinación y acciones concretadas en las que, no en pocas ocasiones, se abre el espacio para el diálogo y la suma de la iniciativa privada comprometida con el desarrollo social y humano.

Ahora que inicia la administración de la presidenta Sheinbaum es deseable que pueda reconsiderarse la importancia de la organización social y comunitaria, su formalización y su consolidación como un instrumento privilegiado para la reconstrucción del tejido social, para la reconciliación del país, para la promoción de la paz, de la cultura, del cuidado del medio ambiente y de todas las agendas que son prioritarias para nuestro país.

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Investigador del PUED-UNAM