Imagen tomada de redes sociales con fines estrictos de divulgación
Vuelve a surgir la demanda de ¿restaurar? ¿instaurar? el Estado del Bienestar en México. La moda sexenal de los apelativos ha alcanzado a las diversas dependencias de la administración pública federal que han cambiado su denominación a “bienestar”. Incluso, la reforma que llevó a varios programas sociales a la Constitución a finales de 2019 se justificó como parte de la estrategia gubernamental para darle contenido a este compromiso. Sin afán de juego de palabras, el propósito central es “estar bien”: las personas, las familias, la sociedad en su conjunto. Pero, ¿qué significa “bienestar” en la tercera década del siglo XXI?
Puedes serguir a la autora: Dulce María Sauri, en Twitter: @DulceSauri
Nada más lejano del “bienestar” que el encono y la polarización. Nada aparta más de este anhelo que la inseguridad, la violencia y la marginación. La incertidumbre sobre el futuro daña severamente la convivencia cotidiana, cuando se sabe en riesgo el sustento, el cupo en la escuela para los hijos e hijas, el empleo para quienes egresan de las universidades, el acceso a los hospitales y medicamentos cuando se pierde la salud. La vida cotidiana tendría que ser transformada por la acción conjunta de la sociedad y el Estado. Desde mi perspectiva, hay un debate pendiente que proporcione señales ciertas sobre la alternativa de futuro para nuestro país. Y una pieza central es justamente la visión del Bienestar.
Se trata de construir los cimientos de un Estado del Bienestar para una Sociedad del Bienestar. El presidente López Obrador concibe al bienestar como una consecuencia de sus políticas, no como una nueva forma de pacto social, que es justamente lo que propongo discutir. El derecho al bienestar en todo el ciclo de vida de mujeres y hombres, desde su nacimiento hasta su muerte, es la esencia misma de un Estado democrático, añeja aspiración que, quizá con otras palabras, se ha enunciado desde hace más de un siglo.
Pasar de la abstracción y la generalidad hacia las propuestas específicas demanda diseñar y retomar políticas públicas para cumplir con el mandato de bienestar. Dos son desde mi perspectiva, las políticas indispensables para avanzar hacia el Bienestar. Una es la atención integral de las y los adultos mayores, que en la actualidad se expresa exclusivamente en la pensión que llega a más de 8 millones de personas de 65 años y más.
Desde esta gigantesca plataforma instalada desde hace al menos dos décadas -el precursor fue el presidente López Obrador, entonces jefe de gobierno del Distrito Federal-, es posible plantear la pensión universal como piedra angular del ejercicio del derecho al bienestar de la población adulta mayor. No es la “ayuda” bimensual que actualmente se entrega -necesaria pero insuficiente para la mayoría- sino un pago mensual que equivaliera, al menos, al salario mínimo, independiente de la condición laboral de las personas que alcancen 65 años.
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La otra propuesta de la alternativa del Bienestar es el Sistema Nacional de Cuidados. En la legislatura pasada la Cámara de Diputados (todavía pendiente en el Senado) aprobó la reforma constitucional para su establecimiento, con una estrategia gradual que permita garantizar la viabilidad de su desarrollo.
Tod@s tenemos derecho a Cuidar y a ser Cuidad@s; sin embargo, la función de cuidar descansa principalmente en las mujeres de las familias, tanto de la niñez, personas enfermas o con discapacidad y ancianos. Concebir que la atención y el cuidado de los integrantes del hogar es una responsabilidad compartida entre la Sociedad y el Estado es profundamente perturbador entre quienes conservan creencias sobre la división del trabajo por géneros, correspondiendo a las mujeres por “amor y tradición” el cuidado de la familia.
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Dos políticas públicas abonarían el camino hacia la sociedad del Bienestar a través de una transformación en las responsabilidades del cuidado. Una se relaciona estrechamente con la atención de las y los niños menores de 4 años, “la primera infancia”. El sistema de Estancias Infantiles, desmantelado por la actual administración, apuntaba correctamente al ejercicio del derecho a “ser cuidad@”, para millones de pequeños que tendrían que permanecer en sus casas con poca supervisión por parte de los adultos porque la madre salió a trabajar o a estudiar.
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También la obligación de “cuidar” a cargo generalmente de las progenitoras es compartida en un Estado del bienestar en esas mismas estancias o centros de desarrollo infantil. La otra política de Cuidado está relacionada con las escuelas de tiempo completo, esas mismas que, por una extraña e inexplicada determinación burocrática, prácticamente se encuentran en extinción. Este programa tendrá que ser recuperado y relanzado porque en esas escuelas niñ@s y jóvenes ejercían su derecho a ser cuidados, atendidos, mientras sus padres se empleaban en diferentes labores. Las “cuidadoras”, las madres, podían destinar su tiempo al trabajo remunerado o simplemente al descanso.
Habrá quien piense que un desarrollo distinto, más justo y que combata la desigualdad y la pobreza no puede descansar sobre algo tan aparentemente cotidiano como un sistema nacional de cuidados. A ellos les propongo debatir sobre el significado revolucionario de su implantación a escala nacional. Es de tal calado que tendría que ser gradual, paso a paso, sobre todo por la viabilidad presupuestal. Pensiones dignas, cuidados en todas las etapas de la vida, particularmente en la infancia, cambian vidas. Y el bienestar eso es: estar bien, estar mejor, tener esperanza.
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