A una semana del cierre de la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, los resultados de la reunión son vistos y analizados desde puntos de vista muy diferentes. Por un lado, existe optimismo desde ciertos sectores que consideran que los compromisos nos acercarán al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París; por el otro, hay sectores que consideran que los compromisos asumidos no son ni serán suficientes para el tamaño de acciones que se necesitan.
¿Cuáles son esas áreas que resultaron problemáticas durante la Conferencia?
En primer término, es necesario mencionar los problemas de apertura, participación e inclusividad que enfrentó la reunión en Glasgow. Fueron muchas las críticas sobre la forma como se dieron el diálogo y las negociaciones: personas representantes de grupos no gubernamentales y movimiento sociales, particularmente, levantaron la voz al ver las enormes limitaciones que había para participar en las discusiones y aportar de manera significativa a los acuerdos.
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El secretariado de la COP26 promocionó el evento como el más inclusivo de la historia, pues se registraron alrededor de 40,000 personas (como referencia, en la COP25 en Madrid, se registraron 22.000 personas).
Ante tal cantidad de personas, era evidente que la autoridad encargada de la organización estaba frente a un reto mayúsculo. En particular, porque siempre se privilegió la realización de una COP 100% presencial, a pesar de las restricciones por la pandemia de COVID-19.
Para garantizar la seguridad de quienes asistieron, se lanzó un programa de vacunación dirigido a personas delegadas que estarían participando y que probablemente no hubieran podido acceder a vacunas en sus países de origen. A pesar de ello, la aplicación de vacunas no se dio con la celeridad necesaria, provocando que algunas personas no estuvieran completamente vacunados a tiempo.
La premisa para las negociaciones era que quienes participaran debían estar de forma presencial; hubo posibilidades de seguir algunas negociaciones de forma virtual, pero solo para Escocia. El lugar del evento quedó rebasado, se dificultó mantener los protocolos de sana distancia, y además, resultaba paradójico haber realizado el viaje a Glasgow con todos los gastos que implicaba, pero seguir las negociaciones de forma virtual.
Asad Rehman, miembro de la Coalición COP26 y quien ha asistido a las conversaciones sobre el clima de la ONU durante más de una década, estimó que sólo un tercio del número habitual de participantes que representan al Sur Global asistió, debido a las restricciones de la pandemia, a la falta de alojamiento asequible y la imposibilidad de acceder a la Conferencia. Uno de los resultados más graves de estas limitaciones en la participación de movimiento sociales, es que el lenguaje usado en la declaración final de la Conferencia, es sumamente débil, en lo que respecta a los derechos humanos.
Sobre este punto, el marco de derechos humanos hace exigible a los Estados sus responsabilidades sobre la materia. Y como señalaron diversos grupos y organizaciones, existe una omisión al respecto en los acuerdos finales de la conferencia, pues no se menciona ni respeta el lenguaje internacional, y se suavizan los compromisos, en detrimento de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.
Uno de los temas en donde esto se vió con mayor claridad es en los mercados de carbono propuestos en la COP26. Los esquemas, como quedaron propuestos, no garantizan reducciones reales de emisiones, ni establecen garantías sólidas de derechos humanos para proteger a las personas que se verán más afectadas. El enfoque en la compensación de carbono por parte de los países ricos presente en el acuerdo ignora la amenaza para los pueblos y comunidades, las cuales corren los mayores riesgos de afectadas por los efectos del cambio climático.
Además, los derechos humanos de los pueblos originarios también se ven afectados por estas medidas, pues los mercados de carbono pueden ser un incentivo para que los países y corporaciones no hagan las reducciones necesarias en las emisiones responsables del calentamiento global. Por ejemplo, la promoción de proyectos de energía verde, como la producción de monocultivos para biocombustibles o las represas hidroeléctricas, históricamente han significado la destrucción ambiental de territorios donde habitan poblaciones indígenas mayoritariamente, y quienes no participan de la definición de estos esquemas de mercado.
Otra de las dimensiones en donde se percibe la falta del marco de derechos humanos, es en la dimensión de educación. En Glasgow se definió el nuevo programa de trabajo de Action for Climate Empowerment (ACE). El programa previo fue acordado en la COP18 en Doha; y para los próximos 10 años se construyó un programa de trabajo que incluyó las seis áreas críticas de ACE: educación, formación, conciencia pública, participación ciudadana, acceso a la información y cooperación internacional.
Sin embargo, el líder de la iniciativa de compromiso climático, Deepayan Basu Ray, dijo a los asistentes que el nuevo programa de trabajo tiene “agujeros enormes” al “eliminar todas las referencias significativas a los derechos humanos”. Además, resaltó que hay detalles sobre el financiamiento, el seguimiento y la presentación de informes sobre el progreso de los países, que limita el seguimiento y evaluación de los compromisos. Es decir, si bien van a existir informes voluntarios sobre ACE, los países no recibieron pautas sobre cómo informar, lo que imposibilita el seguimiento y la comparación entre países.
Así, con un sabor agridulce por los resultados, la COP26 estará en la memoria de muchas personas como una reunión que puso a prueba los esquemas de participación, y en general, la gobernanza internacional en materia climática, y que mantiene retos importantes a ser atendidos en los próximos años por los Estados miembros, pues la atención integral a la crisis climática, sigue siendo un pendiente global.
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