Territorios ocupados

Las cifras son confusas. Pero la magnitud del problema es cada vez más evidente: miles de personas se quedarán a vivir en ciudades mexicanas, mayoritariamente en las fronterizas, pero también en otras donde encuentren condiciones mínimas de subsistencia y quizá la expectativa de que sus hijas e hijos estarán menos inseguros que en sus países de origen.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

El problema para México es que estas decenas de miles de personas están llegando a ciudades ya desbordadas; con capacidades y presupuestos erosionados debido a la intensa migración que se ha dado en los últimos tres años; y también a los problemas y rezagos estructurales que se han acumulado durante las últimas décadas.

Estamos ante municipios que, como nunca, carecen de recursos y capacidades, no solo institucionales, sino también por la insuficiencia de personal entrenado y con las capacidades para enfrentar esta complejidad; además del debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil que dejaron no sólo de recibir recursos, sino que han sido atacadas y erosionadas en sus capacidades de intervención y coadyuvancia con el gobierno.

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Estamos ante un escenario inédito en el que estarán conviviendo, sin habérselo propuesto así, miles de seres humanos de distinta nacionalidad, pero lo cual implica distintas culturas, tradiciones, costumbres, valores, religiones y visiones del mundo que no necesariamente son excluyentes, pero tampoco inmediatamente compatibles. Cuestión que podría transformarse, si no se maneja de manera adecuada, en una nueva Babel, que en los contextos de criminalidad y violencia que existen en las ciudades fronterizas, puede llevar a un quiebre social también inédito en nuestra historia.

Desde esta perspectiva, es importante subrayar que las personas migrantes que están llegando en oleadas de los Estados Unidos de América, regresan a territorios ocupados por diferentes grupos de interés: líderes sociales y de organizaciones que operan en los territorios; grupos del crimen organizado; y las propias poblaciones que radican allí y que podrían generar actitudes y prácticas de rechazo y, en el peor de los casos, incluso derivar en la xenofobia.

La apuesta del gobierno mexicano parece ser que estas personas regresen a sus países de origen; lo cual implicaría, de inicio, un severo problema en términos de garantizar su retorno seguro; un tránsito ordenado por las carreteras y en el último tramo, por la compleja y violenta frontera con Guatemala y Belice.

Pero todo está ocurriendo demasiado rápido y no es claro que las personas vayan a optar por el retorno a los países Centroamérica, a Colombia, Venezuela, o a las otras nacionalidades de las que han venido huyendo, ya no sólo de la pobreza, sino también del autoritarismo y la persecución política y de grupos criminales, por lo que, debe insistirse, es altamente probable que muchas de esas personas decidan buscar una oportunidad de vida en nuestro territorio.

En todo este drama, se ha olvidado relativamente la cuestión de la población mexicana que decidió migrar y que se encuentra “varada” en la frontera. Las cifras más conservadoras indican que podría haber un movimiento migratorio de más de 400 mil mexicanos que han salido del país en los últimos tres años; lo cual implica también la modificación de las relaciones en lo local y el cambio en la composición demográfica de numerosas localidades y ciudades en todo el territorio nacional.

Son personas que emigran del campo y regiones indígenas a las ciudades; y luego hacia la frontera norte. Movilidad que se da en condiciones irregulares, y que está siempre ante la amenaza de los grupos delincuenciales que, como se ha visto en San Luis Potosí, son capaces de secuestrar y retener a decenas de personas para extorsionarlas y someterlas a los peores tratos.

Seguimos sin comprender a cabalidad lo que significa esa sangría demográfica, no sólo en términos económicos, sino, sobre todo, en la modificación de las relaciones familiares, comunitarias y en lo general, de las relaciones sociales que estructuralmente están transformándose en la medida en que las personas conocen y conviven con otras perspectivas y visiones, y cuyas transformaciones al momento de la reunificación o retorno a sus hogares, no hemos logrado todavía explicar a cabalidad.

Al mismo tiempo, no se ha estudiado con la profundidad que se requiere, y es una tarea que deberá realizarse pronto, es el impacto que tiene la migración en el número y proporción de personas que viven en pobreza en cientos de municipios donde, a diferencia de lo que se ha estimado como tendencia nacional, las reducciones son inexplicablemente altas, equivalentes a 10 puntos porcentuales o más, sin que haya factores como la creación de nuevas plantas de trabajo o incrementos salariales generalizados en esos ámbitos territoriales.

En esa dinámica, la pregunta es quiénes ocupan o van a ocupar los territorios que se desocupan debido a la migración. Es decir, ¿qué pasa con las viviendas y en general, con toda la infraestructura social que existe, en espacios donde se tienen estos movimientos de expulsión masiva de personas?

A lo anterior debe añadirse, como un factor que agudizará la crisis en el mediano plazo, el efecto que tendrá en miles de localidades el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Lo cual se complejizará aún más debido a la presión sobre los recursos disponibles que implica la llegada no planeada de decenas de miles de personas a localidades que ya de por sí enfrentan severos problemas de saneamiento, manejo de recursos sólidos, escasez de agua potable; insuficiencia de drenaje y muchos problemas más; y que no sorprendería que en los próximos meses se esté hablando, quizá de cientos de miles. Una última cuestión que puede entrar en crisis es el abasto de bienes de consumo.

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