Desde sus orígenes en 1959, los libros de los textos gratuitos que se producen en México en apoyo a la educación popular han causado polémica por sus contenidos. Aparte de ello, hay que reconocer el enorme valor que han tenido estos textos para el desarrollo de muchas generaciones de mexicanos que hemos transitado por las aulas estos 63 años, desde aquel 16 de enero de 1960, cuando en la escuela rural Cuauhtémoc de El Saucillo, San Luis Potosí, la niña María Isabel Cárdenas recibió el primer conjunto de libros de primer año de primaria, de la mano del extraordinario secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet (https://t.ly/EsCMn).
Escrito por: Luis Miguel Rionda
México es el único país latinoamericano -y supongo de los muy pocos en el mundo- que proporciona de manera gratuita y general todos los libros y cuadernos de trabajo necesarios para la educación preescolar y básica. Suman casi ocho mil millones de libros distribuidos en estos años (https://t.ly/GF3IH). Incluso un país con estado benefactor como España, la provisión gratuita de textos se limita a algunas regiones autonómicas y se condiciona al nivel de renta familiar (https://t.ly/fyTey).
Los textos escolares son un apoyo fundamental para la formación educativa de niños y jóvenes con conocimientos, habilidades, criterios y competencias suficientes para poder contender en mercados de trabajo cada vez más demandantes y competitivos. Países como Corea, Singapur y Finlandia han apoyado sus espectaculares desarrollos recientes en la solidez de su instrucción básica. Dos capacidades son fundamentales: la lectura de comprensión y el razonamiento lógico matemático; como importantes complementos se debe impulsar las áreas científicas (biología, ciencias naturales, medio ambiente), las humanísticas (ética, estética, historia, artes, lógica formal) y las habilidades manuales.
La administración federal actual, ya en el ocaso de su gestión, ha lanzado una nueva generación de textos que pretenden superar el antiguo modelo educativo “positivista”, “neoliberal”, “individualista” y demás epítetos que se le han prodigado. Se lanzan los nuevos volúmenes sin respetar el procedimiento ordenado por la Ley General de Educación, en particular en su artículo 23, segundo párrafo: “…la Secretaría considerará la opinión de los gobiernos de los Estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales. De igual forma, tomará en cuenta aquello que, en su caso, formule la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación”.
Sobre la calidad y pertinencia del modelo educativo “comunitarista” y “solidario” que se propugna en los nuevos contenidos, se están publicando sesudos análisis, como el reciente de Irma Villalpando en la revista Nexos de julio pasado (https://t.ly/Owvwj), quien no duda en calificar de “enorme retroceso” la emisión de estos textos así como la pomposamente llamada “Nueva Escuela Mexicana”. Pero sobre los detalles de la misma seguiremos opinando en el futuro. Por lo pronto, me alegra que Guanajuato haya acatado el amparo concedido a la Unión Nacional de Padres de Familia por parte de la juez administrativa Yadira Medina de la CDMX, que ordenó “…se suspenda la impresión y entrega de los libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, y se abstengan de continuar con su edición e impresión” (https://t.ly/vRNX0).
También podría interesarte: Y cuando despertamos, la COVID seguía ahí
(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato. Coordinador del Comité Organizador en Guanajuato del Frente Amplio por México.
