El recurso más valioso que ha existido -y seguirá siendo así mientras la humanidad sea lo que es-, es el tiempo. Su disposición y uso está vinculado, sin lugar a duda, con la noción de la dignidad humana; porque en esencia, el tiempo de vida es sinónimo de condición de posibilidad abierta a todas las opciones de la existencia, y su restricción implica violentar la libre determinación de las personas.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Para nuestro país es imperativo que lo anterior se comprenda a cabalidad en el ámbito de las instituciones públicas, sobre todo aquellas de las cuales, recibir o no atención oportuna compromete la salud, la vida, evitar la caída en la pobreza, o las posibilidades de empleabilidad de millones de seres humanos.
Las escenas que se perciben todo el tiempo en todo el país se han normalizado ante la ineficiencia de los sistemas de protección, pero también frente a la falta de recursos y capacidad de imaginación de las autoridades responsables para usar de mejor manera lo que se tiene, en aras de garantizar de la manera más amplia, integral y expedita el trato digno a las personas.
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El ejemplo más evidente son las largas filas que tienen que hacer las personas en las instituciones de salud y seguridad social: acceder a una consulta, a una cita, al surtimiento de recetas o visitar a algún familiar, se convierte casi siempre en un tortuoso evento que consume una cantidad irracional de horas, en espacios reducidos y poco amigables con las personas con limitaciones de movilidad física.
Lo anterior ocurre de igual forma en otros ámbitos, en los que la atención se difiere en periodos tan increíbles como inaceptables: solicitar una cita para atención de especialidad en el IMSS o el ISSSTE es una cuestión de meses, comprometiendo gravemente la salud de cientos de miles de derechohabientes. Y lo mismo ocurre con citas para una gran cantidad de servicios que ahora, para colmo, se han robotizado de la peor manera, impidiendo la solución de problemas, porque están construidas bajo la lógica de las y los funcionarios, y no de las y los usuarios.
En un país con tanta pobreza y rezago social, como lo es el nuestro, lo que menos tienen las personas de menos recursos y en mayores condiciones de vulnerabilidad es justamente tiempo. Y dados los elevados niveles de precariedad laboral, las personas se debaten entre perder el tiempo en acudir a una consulta médica gratuita, o bien destinar recursos para acudir a la farmacia más próxima a su casa o trabajo. Los datos de la ENSANUT muestran con claridad que la mayoría toma la segunda opción.
Las encuestas sobre seguridad pública del INEGI señalan que una gran cantidad de personas víctimas del delito no denuncian porque lo consideran precisamente “una pérdida de tiempo”; otras más no acuden a determinados servicios públicos en los cuales resulta más costos, por el tiempo que se requiere invertir en ellos, que adquirirlos en el ámbito privado.
En este contexto, en el ámbito privado también hay abusos, pues ante la ineficacia del sector público, hay negocios que se dan el lujo de prestar servicios apenas un poco mejores que los públicos, pero obteniendo ganancias estratosféricas. Por ejemplo, los bancos, las compañías telefónicas o de internet, las empresas de espectáculos y muchas más, donde igualmente las filas y tiempos de espera pueden ser interminables y donde las y los usuarios pierden valiosas horas en la realización de trámites que, de ser digitalizados, podrían tomar si acaso 5 minutos.
No se tiene un registro oficial del número de “horas-persona” que se pierden en la realización de trámites y acceso a servicios públicos y privados. Pero de existir, nos mostraría que son cientos de millones de horas que todos los días se pierden, con el costo humano y económico que ello significa. Y esto continuará ocurriendo mientras no se entienda que lo que está en juego es la dignidad de las personas.
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Investigador del PUED-UNAM
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