por Marta Cebollada Gay
El perfil de la mujer trabajadora del hogar en México ha sido tradicionalmente el de una mujer mexicana joven, sin hijos, soltera, con poca educación, que proviene del mundo rural y es trabajadora de planta. Sin embargo, esta imagen ya no se corresponde con la realidad.
Las trabajadoras del hogar remuneradas siguen siendo en su mayoría mujeres mexicanas, pero ya no son tan jóvenes (50% tiene entre 30 y 49 años, INEGI, 2015), tienen hijos (casi 40% de ellas tiene entre tres y cinco hijos, INEGI, 2015) y un mayor nivel de educación (33% ha concluido la primaria y 35%, la secundaria, INEGI, 2015).
Además, las trabajadoras del hogar cada vez trabajan menos de planta. El perfil está cambiando hacia trabajadoras de entrada por salida, y cada vez es más frecuente que trabajen para varios empleadores a la semana. Es decir, se trata de un cambio considerable en el perfil de la trabajadora, que convive con una ley discriminatoria que rige sus condiciones de trabajo sin adecuarse a la realidad.
La Ley Federal del Trabajo (capítulo 13, título 6) permite que las jornadas laborales de los trabajadores del hogar sean de 12 horas al día, y la Ley del Seguro Social no considera obligatoria su inscripción al sistema público de seguridad social. Por ello sólo 2.5 % de ellos son formales
En el caso de que realicen su inscripción voluntaria (lo cual, curiosamente, depende de la voluntad de su empleador que suceda), los trabajadores del hogar no tienen acceso a todas las prestaciones sociales que ofrece el seguro social: quedan excluidos del ahorro para la vivienda (INFONAVIT) y del acceso a guarderías, lo cual no deja de ser extremadamente preocupante si recordamos que la mayoría son mujeres con hijos.
Los trabajadores del hogar son un colectivo laboral discriminado por la ley que percibe remuneraciones muy bajas
Además de la discriminación en la ley, los trabajadores del hogar sufren una discriminación en salarios: 32% no percibe ni un salario mínimo y 70% no percibe ni dos salarios mínimos (INEGI, 2015). Es un porcentaje muy superior al de los trabajadores en general (13% no percibe ni un salario mínimo y 38% no percibe ni dos salarios mínimos, INEGI 2015).
Por ello es necesario que el gobierno mexicano y los partidos políticos representados en el poder legislativo tomen conciencia de esta situación y actúen para favorecer un cambio a la ley.
El cambio se puede realizar a través de la ratificación del Convenio 189 de la OIT que se firmó en 2011 y que obliga a los países que lo ratifiquen a garantizar condiciones laborales decentes para los trabajadores del hogar remunerados
Este sería un primer paso para el cambio de la legislación mexicana, ya que la OIT da un plazo de dos años a los países que ratifican el convenio para el cambio de legislación nacional de acuerdo con los parámetros internacionales.
Sin embargo, el cambio legal debe ir acompañado de una voluntad política que incorpore este tema a la agenda legislativa y ejecutiva. Dicha voluntad no debe centrarse sólo en el cambio de la ley, sino que debe estar acompañado de una serie de medidas de política pública encaminadas a favorecer mecanismos de negociación colectiva con representantes de trabajadores y empleadores que mejoren los salarios percibidos.
Asimismo, pueden tratar de crear mecanismos de registro de las relaciones laborales para favorecer las medidas de fiscalización a través de inspecciones laborales en las puertas de los hogares sin violar la privacidad de los mismos.
Se pueden idear mecanismos de apoyo a la formalización laboral a través de incentivos fiscales en el pago de impuestos o facilitando los procesos administrativos de inscripción al IMSS
Sin duda, una medida de gran importancia sería el diseño de campañas de información para trabajadores del hogar y sus empleadores sobre las ventajas de la formalización y las posibles consecuencias negativas de no hacerlo.
Es decir, el cambio de las condiciones laborales de los trabajadores del hogar no puede venir sólo con un cambio en la ley, sino con el diseño de una política pública multifactorial que procure el bienestar de trabajadores y empleadores. Una política que entienda que la lucha contra la discriminación laboral se compone de diversos factores de cuya coordinación dependerá el éxito de la misma.
Marta Cebollada Gay es profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México
