El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil, 2022. En los tabulados que presenta hay dos indicadores, el de la condición de ocupación de las y los menores de 18 años, en la que se encontraban, entre octubre y diciembre de 2022, un total de 2.33 millones, de los cuales, 1.61 millones son varones y 721,456, mujeres.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
El segundo indicador es el que se denomina como “Medición Amplia”, la cual debería interpretarse de acuerdo con los estándares constitucionales y convencionales, y con base en ello, tomarla como la base para el diseño de políticas y programas públicos para avanzar hacia la erradicación de esta inaceptable realidad. Tomando como referencia esta medición, el dato es de 3.73 millones de niñas y niños en situación de trabajo infantil, de los cuales, 2.24 millones son varones y 1.48 millones son mujeres.
Por grupos de edad, es importante destacar que había en el periodo señalado, 401,479 niñas y niños de 5 a 9 años en condición de trabajo infantil; 1.50 millones entre los 10 y los 14 años; y 1.82 millones entre 15 y 17 años de edad. Asimismo, hay que destacar que 1.81 millones realizaban actividades en ocupaciones no permitidas por la Ley; 1.59 millones lo estaban en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas; mientras que 317,940 estaban ocupados en actividades tanto no permitidas como en quehaceres domésticos en condiciones inadecuadas.
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La cifra de 3.73 millones es la más alta desde el periodo octubre-diciembre 2015 cuando la cifra fue de 3.57 millones; la cantidad había descendido ligeramente a 3.19 millones en octubre-diciembre de 2017; pero había crecido a 3.26 millones en el mismo periodo de 2019, justo antes del inicio del confinamiento obligado que inició en marzo de 2020 en nuestro país, ante la pandemia de la COVID19.
Más datos preocupantes de los tabulados que da a conocer el INEGI: de los 28.43 millones de niñas y niños menores de 18 años que se estimaron a finales del 2022 en todo el país, se contabilizó un total de 7.5 millones con alguna beca para estudiar; cifra mayor a las de los años 2019 y 2017, pero similar a la registrada en términos absolutos entre octubre y diciembre de 2015. Esto permite confrontar la retórica oficial en la que se dice que “como nunca” se están otorgando becas a este grupo de población.
Sin embargo, a pesar del incremento que se tuvo en el número de becas respecto a los cuatro años previos, hubo una drástica reducción en el número de niñas, niños y adolescentes que reciben otros programas de gobierno, pues el dato del INEGi es de 1.23 millones; cifra sustantivamente menor a los 4.59 millones que recibían programas en octubre-diciembre de 2019; menor también a los 4.76 millones del mismo periodo de 2017; y aún más reducida que los 5.57 millones que recibían algún programa de gobierno en el mismo periodo de 2015. De este modo, como contrapartida, México registró en 2022 un total de 18.54 millones de niñas, niños y adolescentes, de los 28.4 millones que hay en total en el país, que no han “recibido ayuda del gobierno o de otros apoyos”.
El otro dato que conviene destacar, entre la gran cantidad de información que proporciona el INEGI, es que estamos también ante la mayor cifra absoluta de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela. En efecto, de acuerdo con la encuesta citada, en el periodo octubre-diciembre de 2015 la cantidad fue de 2.046 millones; en el mismo periodo de 2017 se ubicó en 2.094 millones; en el de 2019 se había reducido a 1.99 millones; pero en 2022 se incrementó a 2.14 millones.
¿Qué significan todos estos datos? Lo primero que debe decirse es que no pueden interpretarse de manera aislada, y que su lectura debe llevarse a cabo en el contexto generalizado de incumplimiento de derechos humanos que se ha documentado en el Índice de los Derechos de la Niñez Mexicana, 2022. Al respecto no puede dejar de mencionarse que si las condiciones que allí se interpretan podían considerarse como dramáticas, a la luz de estos nuevos resultados, puede intuirse que estamos ante un recrudecimiento de las pésimas condiciones existentes para las infancias en México.
No debe dejarse de lado que, según la ENSANUT, 2022, más de la mitad de las niñas y niños viven alguna forma de maltrato o disciplina violenta en sus hogares; y que el número de carpetas de investigación por delitos sexuales, por corrupción y tráfico de menores, así como de incumplimiento de obligaciones familiares -todos ellos sistematizados y publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública-, han tenido incrementos significativos en los últimos cinco años.
Una lectura integral de estas informaciones conduce necesariamente a una conclusión dolorosa: México es un país que, como política de Estado, ha decidido dejar al margen a la niñez; y en esa medida, puede sostenerse que somos un Estado deficitario, pues hemos sido incapaces, desde que está en vigor la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño en 1991 en nuestro país, y posteriormente a partir de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, de construir un país apropiado para la niñez.
Por apropiado debe entenderse, nada menos que un país que garantiza de manera universal, integral y progresiva los derechos de las infancias y las adolescencias; pero eso no está ocurriendo, pues el hecho de que se haya reducido el número de niñas y niños que reciben apoyos gubernamentales implica una grave e inaceptable violación al principio de progresividad que está plasmado en el artículo 1º de nuestra Carta Magna.
El trabajo infantil es, además de una anomalía del modelo económico, una aberración desde la perspectiva de los derechos humanos, pues representa una presión y un trato injustificado para quienes, en lugar de estar contribuyendo al ingreso de los hogares, tendrían que estar protegidos integralmente por el sistema institucional mexicano, y ello incluye a instituciones sociales como las familias.
Debe decirse con toda claridad. En México, el principio del Interés Superior de la Niñez se incumple de manera cotidiana; y el derecho de prioridad, es decir, de estar considerados siempre primero en todo aquello que les concierne; y a no permitir que ninguna niña o niño se quede atrás, simplemente está anulado en el sistema de decisiones del Estado mexicano. Y todo ello exige una profunda reforma institucional, pero más aún, una revolución en la mentalidad de las personas para incorporar, en todo lo que se hace desde el ámbito público y privado, la perspectiva de los derechos de la niñez.
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Investigador del PUED-UNAM
Frase clave: Trabajo infantil
