por Norma Barreiro
En 2013, 164,678 niñas, niños y adolescentes chiapanecos trabajaban, de los cuales: el 21.2% (34,850) eran menores de 14 años; 4 de cada 5 trabajaban con un familiar; el 54.58% lo hacía en el sector primario de la economía; el 65.6% trabajó más de 35 horas semanales; el 43% no asistía a la escuela; el 75% no recibía ingreso; y más de la mitad obtuvo únicamente hasta un salario mínimo
Los resultados del Módulo de Trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2013 muestran que 2,536,693 niñas, niños y adolescentes se encontraban trabajando en el país y que el 40% de la población trabajadora de entre 5 y 14 años de edad se concentraba en cinco estados de la República: Estado de México con 8.89%; Puebla, con 8.60%; Guanajuato, con 7.85%; Jalisco, con 7.72%; y Chiapas, con 6.49%. El restante 59% del trabajo infantil se distribuyó entre los otros 27 estados. Este artículo aborda al situación del trabajo infantil y adolescente en el estado de Chiapas, y los principales retos que se enfrentan para lograr la protección de los derechos de esta población y su inclusión social.
Investigaciones realizadas por instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil han documentado extensamentelas condiciones de explotación laboral en diversas ramas de la economía, principalmente en el trabajo de niñas, niños y adolescentes jornaleros agrícolas migrantes en las fincas cafetaleras del Soconusco y en el sector cañero, especialmente en el Ingenio de Huixtla. También han sido documentadas las condiciones de violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes realizando trabajo doméstico, venta callejera y en la explotación de las minas de ámbar.
Si bien en cada sector de la economía el trabajo infantil presenta características particulares, hay condiciones que atraviesan de manera transversal e incrementan la explotación laboral, tales como: ser indígena, tener menor edad y escolaridad, ser migrante y ser mujer. En estos casos los ingresos son menores, y las prestaciones sociales deficientes o inexistentes. Los estudios muestran la gran debilidad o ausencia de la acción gubernamental, y la presencia de organizaciones sociales se concentra en el trabajo callejero y el trabajo doméstico remunerado en hogares de terceros.
Desde el año 2010 la Secretaría del Trabajo de Chiapas y la Organización Internacional del Trabajo OIT han mantenido una vinculación orientada a prevenir y erradicar el trabajo infantil acorde a las metas del organismo internacional de erradicar las peores formas para el año 2016.
En el año 2013 se elaboró el Plan Estatal para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger el Trabajo Adolescente Permitido; se creó una Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil; y se instalaron dos Mesas Interinstitucionales para dar seguimiento a las acciones una en Tapachula y otra en San Cristóbal de las Casas. En el año 2015 el estado de Chiapas recibió el distintivo “México sin trabajo infantil” de parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por los avances en la materia al lograr disminuir en 26,842 el número de niñas, niños y adolescentes trabajadores.
Al analizar los avances del Plan Estatal puede observarse que se han realizado algunas acciones en dos de los tres ejes del mismo: “Generar las condiciones adecuadas del entorno para la intervención” y “Construcción de capacidades institucionales”; a la par, son muy insuficientes los avances en el eje “Diseño y Ejecución de Acciones”, el cual implica la atención directa a la población infantil y adolescente trabajadora, donde es imperativo actuar de manera inmediata. Ya se cuenta con información sobre cuántos son, dónde están, cuáles son sus condiciones de vida y explotación y cuáles son las carencias de protección a sus derechos; ahora es tiempo de actuar de manera integral, coordinada, directa y constructivamente para transformar esta situación de exclusión.
Empezar por las peores formas
Pese a las denuncias presentadas a nivel nacional e internacional por la violación de los derechos humanos de los migrantes, los cambios en las leyes migratorias aún no han transformado esta realidad. La opinión de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con población migrante en el estado de Chiapas es que las acciones gubernamentales implementadas a través de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace con la Cooperación Internacional, no previenen estas violaciones y mantienen el trato indigno en su contra. La explotación extrema de los adolescentes indígenas guatemaltecos, cortadores de caña en Huixtla y trabajadores en las fincas de café del Soconusco, es una manifestación de esta falta de políticas migratorias y sociales que sean capaces de transformar practicas ancestrales cercanas a la esclavitud en la frontera sur con Guatemala.
La industria azucarera está estructurada en una cadena productiva, que pudiera permitir una transformación de estas condiciones de explotación si el Estado cumple con su papel de garante de derechos y regulador del trabajo adolescente, que le corresponde. Los actores están plenamente identificados: el ingenio; las organizaciones campesinas CNC y CNPR; los grupos de cosecha organizados como asociaciones civiles; el Instituto Nacional de Migración; y SEDESOL. Los eslabones están puestos, solo falta engarzarlos y crear una nueva cadena que en lugar de mirar hacia “otro lado” esté dispuesta a trabajar para el bien común y la protección de los derechos de los adolescentes trabajadores migrantes. Esto es transformar los abusos relacionados con las formas de contratación; el ingreso al país; el pago del corte de caña; las condiciones de salud en el cañaveral; y, sobre todo, la ausencia de una agencia gubernamental que reciba las quejas y garantice que la ley se cumpla.
La explotación infantil en las fincas cafetaleras del Soconusco está ampliamente documentada; en este caso la situación es más compleja, porque los estudios reportan la inexistencia de la acción gubernamental. Es muy importante comenzar un trabajo de sensibilización con los dueños de las fincas y las organizaciones que los agrupan para que, conjuntamente con la Secretarías del estado de Chiapas, el DIF Municipal, funcionarios de migraciones y personal de la SEDESOL puedan definir los primeros pasos de un plan de trabajo conjunto.
Tanto en el sector cañero como el cafetalero, los estudios demuestran que el empleador no contrata a los niños directamente, sino al jefe de hogar, y es él quien incorpora al resto de la familia, incluidos niñas y niños; por lo tanto, la responsabilidad contractual del empleador se diluye. Sería recomendable que se exigiera una relación contractual explícita que depositara la responsabilidad en ambas partes, empleador y empleado, de no utilizar mano de obra infantil, bajo los lineamientos que establecen las actuales modificaciones de la Ley Federal del Trabajo en su capítulo sobre el Trabajo de Menores. Por otra parte, si el pago está sujeto a la cantidad del producto que se pueda cosechar, las familias tienen la necesidad, debido al magro precio que se paga, de incrementar el producto cortado o cosechado, y de esta forma mejorar el ingreso que perciben. Si se pagara un salario fijo, se disminuiría el riesgo de utilización de mano de obra infantil. La efectividad de una medida de esta naturaleza es dependiente con la incorporación de un conjunto de acciones integrales que protejan los derecho a la educación, el juego y a vivir la niñez.
El trabajo doméstico en hogares de terceros de niñas menores de 16 años merece atención inmediata, por el alto riesgo de abuso físico, emocional y sexual, y porque las condiciones de servidumbre, y en algunos casos de trata, han sido estudiados. En este terreno la complejidad para la intervención directa es aún mayor; para mencionar algunas de ellas: este trabajo se realiza en la privacidad de los hogares; se asienta en prácticas culturales ancestrales de discriminación; y el Estado mexicano no ha ratificado la Convención 189 de la OIT. A la par existen oportunidades que pueden ser aprovechadas; en San Cristóbal de las Casas hay organizaciones sociales muy activas en este tema, que deberían ser invitadas a participar en el diseño de acciones de atención directa y el seguimiento de las mismas.
Algunas investigaciones realizadas en Chiapas afirman que ciertos tipos de trabajo infantil y adolescente callejero pueden ser considerados como “de las peores formas”, por las largas jornadas, la no asistencia a la escuela y la exposición a riesgos de ser víctimas de trata con fines de explotación laboral, o bien incorporados a circuitos delictivos. A la par es frecuente que se escuchen voces de algunos sectores invitando a la “limpieza social” de las calles turísticas de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal. Las acciones en este campo deberían recuperar las recomendaciones internacionales y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el sentido de que cualquier acción sobre las poblaciones trabajadoras callejeras no se inscriba en políticas de limpieza social. Afortunadamente en Chiapas existen organizaciones sociales como Melel Xojobal, con muchos años de experiencia y conocimiento sistematizado sobre esta población desde una perspectiva de protección a los derechos. Estas organizaciones deberían ser invitadas a participar en el diseño, ejecución y monitoreo de las acciones que permitan la inclusión de niñas, niños y adolescentes trabajadores.
Ampliar la información sobre otras posibles peores formas
En los medios de información local se han efectuado denuncias sobre el trabajo de niños en las minas de ámbar en Simojovel y la participación de trabajo adolescentes en los cultivos de amapola y otras actividades ligadas al narcotráfico.
Asimismo, se han realizado reportajes sobre la posible vinculación en Tapachula de los niños indígenas “canguros” (vendedores ambulantes que cargan una caja de madera al frente) y de niñas empleadas domésticas, en redes de trata con fines de explotación laboral y sexual comercial.
Finalmente, no se encontraron estudios sobre el trabajo adolescente en el sector de la construcción, a pesar que según la ENOE el 2% del trabajo infantil y adolescentes en Chiapas se concentra en este sector y a nivel nacional están documentadas las condiciones de explotación y riesgo físico de la actividad.
Estos casos necesitan ser estudiados para ser comprendidos con mayor profundidad y poder incluirlos en el diseño de acciones de intervención directa.
Fortalecer las capacidades institucionales
La elaboración del Plan Estatal, el establecimiento de la Comisión Interinstitucional y las Mesas Municipales representan avances importantes en la construcción de condiciones favorables para las acciones de prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente permitido por la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, sería muy recomendable que todas estas estrategias se dieran en el marco del establecimiento de un Sistema Estatal de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. De esta forma se fortalecería no solo el marco normativo, sino que las acciones tendrían mayor integralidad. Este enfoque también permitiría una mayor y mejor coordinación interinstitucional de las diversas dependencias gubernamentales, organizaciones empresariales, sindicales y de la sociedad civil y la instituciones de investigación. Así, cuando el Sistema de Protección avanzara a la creación de Sistemas Municipales, debería establecerse dentro de los mismos un Comité encargado de coordinar las acciones de intervención directa y monitoreo de las mismas.
Dentro de estas instancias deberían repensarse, con la participación de todos los sectores, dos de las iniciativas que se han anunciado y que necesitan vitalizarse: el Observatorio de Trabajo Infantil y el Sistema de Seguimiento (SIGAETI). El primero ha sido concebido como una instancia gubernamental y hasta ahora las acciones han estado centradas en la construcción del edificio que lo alojaría. La experiencia nacional e internacional demuestra que los Observatorios que cumplen más cabalmente con su misión son aquellos que tienen una composición mixta, con participación ciudadana y la presencia de especialistas en el tema. Por otra parte, el SIGAETI necesita construir un sistema de indicadores y ser alimentado, una vez que las acciones directas sobre la población trabajadora hayan comenzado.
Por último es necesario ampliar la participación de las cámaras empresariales, organizaciones sindicales, campesinas y de la sociedad civil, la cual actualmente es muy limitada y no están tomando parte activa del Plan Estatal. Como parte de este proceso es muy importante que las dependencias gubernamentales participantes en el Plan Estatal, sigan más de cerca para conocer y aprender de las organizaciones sociales que están trabajando con iniciativas sobre niñas, niños y adolescentes trabajadores urbanos, tales como Melel Xojobal, INDICE AC y CEDACH.
De la misma manera, las iniciativas de pequeños productores cafetaleros, como la Unión de Ejidos de la Selva y la Cooperativa TS´UBAL X´ITALJA, merecen ser conocidas para aprender sobre las formas comunitarias de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, considerando las necesidades y posibilidades de las familias productoras de café.
Las facetas del trabajo infantil y adolescente en Chiapas hablan de discriminación y explotación. Son realidades que lastiman profundamente y dificultan la inclusión de miles de niños, niñas y adolescentes. Es imperativo pasar ya del distintivo de un Chiapas libre de trabajo infantil a la acción transformadora y garante de derechos.
| Norma Barreiro Cofundadora de Thais Desarrollo Social, SC, e IDEAS Información y Diseños Educativos para Acciones Saludables, AC. Desde 1998 investiga y aboga por la erradicación del Trabajo Infantil. En 2015 realizó un diagnóstico y recomendaciones de política pública para la OIT sobre el trabajo infantil en Chiapas. norma.i.barreiro.g@gmail.com Facebook: Normaines Barreiro |
