A pocos días de finalizar su cargo y tras una ardua labor para cimentar las bases del gobierno abierto en nuestro país, Joel Salas Suárez (@joelsas), comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), habló con el director editorial de México Social, Saúl Arellano, sobre los avances y desafíos que se han vivido en el país en materia de transparencia y acceso a la información durante los últimos años.
Saúl Arellano (SA): El INAI ha logrado posicionar en algunos sectores la cultura de la transparencia y la protección de los datos personales de la población, aunque el significado del gobierno abierto no ha terminado de permear en los gobiernos estatales. ¿Cuáles son los retos en el ámbito de lo local para construir una idea de gobierno abierto?
Joel Salas (JS): Yo te diría que en lo local sí hay avances sustantivos. Cuando nosotros entramos no había ningún estado que tuviera un ejercicio local de gobierno abierto y hoy participan 30 de las 32 entidades federativas.
Aunque la participación no es homogénea, ya que en algunos estados está mejor y en otros ha sido prácticamente casi mera simulación, lo importante es que en algunos municipios y en algunos estados ya se ha hecho la diferencia a ras de suelo para transformar la vida cotidiana de las personas en temas muy particulares como la educación, la salud, la equidad de género, el derecho al acceso al agua, de tratar de mitigar la contaminación en algunas ciudades.
Lo anterior, además de todo el desempeño gubernamental en temas de ejercicio de recursos públicos vinculados a obras o construcciones, vinculados a la seguridad o al monitoreo de si se están entregando o no recursos a sectores específicos.
En estos seis años la agenda de gobierno abierto avanzó de manera considerable; sin embargo, desde hace muchos años, el avance solo fue en ciertos grupos de la población.
El gran desafío es cómo lograr que estos temas vayan más allá de la sociedad civil organizada, que tiene capacidades, conoce el derecho que tiene de acceso a la información y lo está haciendo de manera consuetudinaria, para que lleguen a otros grupos sociales donde todavía sigue siendo muy lejano. Ese es el gran desafío.
En este sentido, nos dimos cuenta de que estábamos dando por sentado que todo el mundo conocía el derecho y que todos tenían las ganas y las capacidades para participar y no es así.
Hicimos un trabajo con la Universidad de Yale en el estado de Quintana Roo, en cuarenta escuelas, veinte urbanas, y los resultados preliminares que nos da este estudio son que, incluso proveyendo de información a la gente en formatos impresos sobre el programa “Escuelas al CIEN”, en la práctica, y después de un periodo de análisis, la información pública no genera transformaciones consistentes en el comportamiento de la población.
Aquí hay dos hipótesis. La primera es que hay una profunda desconfianza en lo público; la gente no cree en la información que obtiene. En segundo lugar está que los costos transaccionales de las personas para utilizar el sistema de transparencia son muy altos, y se enfrentan a dos grandes factores: 1) la brecha digital, pues en las comunidades donde no hay internet poder hacer uso del sistema es muy costoso, y 2) la complejidad de los sistemas que construimos y la sobreburocratización.
Poder entrar a hacer una solicitud de información o poder entrar a consultar el contenido en una obligación de transparencia requiere de una experiencia y un conocimiento que tiene muy poca gente.
Para sintetizar, creo que en un momento en el que la sociedad tiende a digitalizarse cada vez más, pero se sigue excluyendo a una buena parte de la población. No tenemos que dejar fuera a esa población, sino proveerle información que le es sensible y que necesita.
En cuanto a la población que sí tiene acceso a internet, si la información que consume está a un clic, nosotros tenemos que simplificar nuestras herramientas y nuestros instrumentos para llevar la información a donde está la conversación, y no pedir que la población venga a nuestras herramientas y nuestros sistemas.
Sobre el tipo de información que se debe entregar a las personas que no tienen conexión a internet, con los cambios en la política social, en las políticas de salud y la implementación del Insabi, además de los cambios en los proyectos de infraestructura, es decir, con la llegada del nuevo gobierno, lo que la gente quiere saber es cómo puede acceder a los programas sociales y cómo puede interactuar con el gobierno en los tres niveles, a partir de los trámites y servicios que les proveen. Quieren saber, entre otras cosas, qué está sucediendo en materia de seguridad y con el abastecimiento de agua.
De esta manera, las instituciones públicas están ocupadas en generar mucha información para cumplir con lo que establece la ley como obligaciones de transparencia, pero se enfrentan a un gran problema: la oferta de información que hace el Estado mexicano no corresponde con las demandas de información que tiene la sociedad.
Ese es el gran desafío del INAI: abrir una discusión pública y poder hacer una reforma a la ley para que las necesidades de información que hay en la población en el momento actual puedan ser abastecidas de manera proactiva por las instituciones del Estado mexicano.
SA: Parte del gran reto que se tiene en el país es justamente cómo consolidar a la democracia. La transparencia, la rendición de cuentas y un modelo de gobierno abierto pueden ser instrumentos privilegiados para construirla…
JS: Este gobierno tiene una gran oportunidad para tratar de darle una legitimidad de desempeño a la democracia a partir de los instrumentos de gobierno abierto y transparencia, y tratar de salir de la lógica de nuestra historia reciente contemporánea, en la que la democracia era igual a tener elecciones limpias y competitivas. De lograr que para la mayoría de la gente la democracia sea igual a una participación activa, más allá del día en que depositan el voto en las urnas.
A partir de la información pública y a partir de los dispositivos de gobierno abierto, la gente participa y se involucra, para asegurarse, mediante el ejercicio del control democrático del poder a través de la información pública, de que las promesas de campaña efectivamente se cumplan. Hay algunos dispositivos que ha implementado este gobierno que potencialmente podrían permitir esto, pero todavía no se consolidan.
Asimismo, este efecto del estilo personal de comunicar del presidente permite a los periodistas y a los distintos grupos de interés que están en la sociedad utilizar las “mañaneras” para tratar de contrastar los dichos con los hechos solicitando la información que dé respaldo a las declaraciones que hace el presidente.
Así nos damos cuenta de que en muchas ocasiones el presidente dice algunas cosas sobre las que luego es muy difícil conseguir los datos que las respaldan. Hay que profundizar en esa veta.
Después de la administración pasada, con lo que se conoció como el “gobierno espía”, a partir del uso del malware Pegasus para investigar a periodistas y defensores de derechos humanos, se rompió el ejercicio federal de gobierno abierto, y con este gobierno se reanudó y ya está en curso un cuarto plan de acción que tiene compromisos muy robustos que deberían poder bajar también al ámbito local.
Por el momento no ha sido así; estamos en el proceso de cumplimiento en el ámbito federal, pero a nivel local todavía no se suman algunos de los estados con los que estamos trabajando de manera activa.
En síntesis, con esta nueva forma de gobernar y esta idea de que el pueblo accede al poder, los dispositivos y las herramientas de gobierno abierto pudiesen ser sumamente útiles para ganar credibilidad, confianza y legitimidad de desempeño, que es fundamental para el buen funcionamiento de nuestra democracia, porque, en efecto, las últimas mediciones nos hablan de una crisis profunda de la representación política.
SA: ¿Cuáles han sido los resultados que se obtuvieron de la Alianza para el Gobierno Abierto? Una alianza muy interesante en términos de cómo los gobiernos generan y comparten experiencias que permiten a cada uno de los Estados avanzar más rápidamente en la implementación de un gobierno abierto.
JS: México fue país fundador de esta alianza en 2011 y fue parte del Comité Coordinador hasta hace año y medio. Iniciamos ocho países y hoy ya son prácticamente ochenta países los que conforman la Alianza, que es sumamente útil para conocer y replicar experiencias de otros países.
Un ejemplo son los gobiernos que han sabido salir mejor de la crisis de la pandemia de COVID-19, y que son aquellos que están tomando decisiones con base en datos y evidencia, tanto de tipo sanitario, como de tipo económico.
Destaca la estrategia de control del coronavirus implementada en Corea del Sur, que ha sido uno de los países más exitosos para contener la pandemia, la cual parte de los principios de gobierno abierto de manera explícita.
En el corazón de su estrategia estaba una política robusta de transparencia proactiva y de participación de la sociedad, y eso habla de que la comunidad de gobierno abierto hoy está en diálogo, construyendo. Se empiezan a construir mejores prácticas que pueden ser implementadas por otros países.
SA: Hay gobiernos en los que existe un rechazo a la evidencia, como el caso de Brasil, del Reino Unido, o que han hecho gala de un desprecio a la ciencia que puede sustentar mejores modelos de política pública. ¿La transparencia nos debería llevar a mejores gobiernos, que sustenten sus decisiones en evidencia y a una sociedad que exija resultados con base en esta evidencia?
JS: Existen casos como el de Estados Unidos, donde el presidente menosprecia la evidencia y parece tomar decisiones más en función de una idea o una narrativa que parece hacerle eco a buena parte de su electorado. Esto es así porque en los últimos años algunos gobiernos se concentraron en el tema de la tecnocracia y sus poblaciones sentían que no los representaban.
Lo que está sucediendo ahora es que muchos gobiernos trataron de acortar esa brecha que se percibía por parte de la población con las autoridades, a través de discursos fáciles que no forzosamente están sustentados en datos, pero que a la gente le hacen mucho sentido.
Ahora, ante la crisis de la pandemia, los países europeos están implementando una serie de medidas para, bajo una lógica muy keynesiana, invertir recursos económicos para tratar de contracíclicamente paliar la baja de consumo que va a producir esta crisis sanitaria. Ahí la evidencia empírica es la que te obliga a tomar este tipo de decisiones.
Hay también otra discusión sumamente interesante, para la cual tengo mis reservas, aunque hay que reconocer su eficacia, que es el modelo chino, donde quien controla el internet es el Estado y sabe con precisión qué hace cada uno de sus ciudadanos; cuando un ciudadano sale a la calle y tiene coronavirus, le manda un dron para decirle que se regrese o va a ir preso.
Tenemos dos grandes modelos: en uno, el Estado procesa datos y los utiliza para tratar de contener lo que puede ser un mal mayor, pero violentando otros derechos, como el derecho a la privacidad y al tratamiento de los datos personales; y en otro, la evidencia no cuenta absolutamente nada y se va la retórica.
Entre esos dos modelos vendrá un gran cuestionamiento para la democracia liberal y esperemos que, en el caso mexicano, la democracia pueda dar resultados a la cara de la gente para no llegar a un modelo de una tendencia mucho más autoritaria.
SA: A partir de la llegada del nuevo gobierno hubo una preocupación real respecto de una aparente intención de eliminar la autonomía de los órganos que tenemos constitucionalmente establecidos en el país. En el caso del INAI, ¿hay esta amenaza a los organismos públicos?, ¿deberíamos revisar esta estructura de autonomías que han generado una especie de cuarto orden del gobierno federal? ¿Dónde están las coordenadas de este debate?
JS: Hay que abrir a debate esa discusión. En la última administración se generó una constelación de órganos constitucionales autónomos y hoy el Ejecutivo ha implementado una serie de reformas en su propia estructura y en su coordinación con los otros dos órdenes de gobierno, y creo que esa discusión es de lo más pertinente.
Va a haber una inversión del Estado para tratar de mitigar la crisis sanitaria y la crisis económica que se avecinan, además de una caída drástica de los ingresos estatales por la caída del petróleo.
En ese escenario, los órganos constitucionales autónomos, de cara al ejercicio fiscal del próximo año, sin duda ya tienen que estar pensando en qué van a hacer para seguir ejerciendo a plenitud las facultades y competencias que les dan la Constitución y las distintas leyes, con una inminente reducción presupuestal.
En el caso concreto del INAI, los colegas que quedan, más lo que habrán de incorporarse a partir de que termine nuestro periodo el 31 de marzo, ya deberían estar pensando en una reingeniería que les permita hacer lo mismo o más, con menos, porque es inminente un recorte presupuestal.
Si el problema que viene es el financiamiento de los órganos constitucionales autónomos, es pertinente abrir una discusión seria y sólida en función de toda esta constelación: cuántos y con qué presupuesto deberían de mantenerse sin afectar la garantía de los derechos que estos órganos tutelan.
Por otro lado, también está la discusión sobre la vulneración o destrucción de la garantía de derechos. Ese debate se tendrá que dar en los próximos meses, que se iniciará la configuración del presupuesto 2021 y, en el caso del INAI, yo siento que es inminente una reforma.
El INAI se ha quedado fuera de discusiones públicas fundamentales; ya no está en el epicentro de la discusión como hace algunos años, y eso requiere de dotarle de una nueva legitimidad y de quitarle cargas a las instituciones públicas, para que puedan generar de manera proactiva la información que hoy es de interés de la ciudadanía.
Bienvenido ese debate; hay que darlo, hay que escuchar a todas las voces, más allá de los propios órganos constitucionales autónomos. Hay que escuchar a los especialistas de la academia, a la sociedad civil y a los otros poderes, porque el Estado mexicano requiere de un rediseño.
“Los cuerpos colegiados son muy positivos porque representan la pluralidad de voces que hay en una sociedad, pero al mismo tiempo son difíciles, porque en la toma de decisiones entran en juego más situaciones personales que una visión de Estado.
En ese sentido, me permití compartir ocho reglas, y una de ellas es no hacer complicadas las cosas simples. No complicarte por nimiedades, por cuestiones burocráticas o de egos, cuando tienes una responsabilidad muy alta. Eso te obliga a no perder las proporciones ni el foco de la estrategia y de la visión de mediano y largo plazo.
Que la conflictividad inherente a los colegios no te ciegue la mirada, que no te desconcentre de los objetivos que te estás trazando, sin confundir los asuntos del Estado con situaciones personales. Hay que escuchar lo que digan los demás y tratar de hablar poco y solo cuando sea necesario. Muchas cosas se resuelven si tienes empatía”.
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