Tras un velo de silencio y oscuridad

por Claudia Patricia Brogna

La violencia hacia las personas con discapacidad, como cuestión social, es un problema no visto ni oído

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Las personas con discapacidad suelen ser víctimas de violencia en el ámbito doméstico, en el laboral, escolar o en las mismas instituciones que atienden sus necesidades de salud o de apoyos sociales. Dos cuestiones se esgrimen con regularidad para restar importancia cuando estas situaciones toman estado público: que han sido casos aislados; que no se tuvo información oportuna; que no hubo denuncias; o que el personal de la institución actuó contraviniendo pautas institucionales. Sin embargo, debemos asumir como un primer paso para desgarrar el velo que existe una cadena de complicidades “por acción u omisión” en toda situación de violencia, y más aún en situaciones de violencia hacia personas que necesitarían un apoyo real y concreto para escapar, denunciar o pedir ayuda.

La conjunción de diversas condiciones de vida aumenta la vulnerabilidad ante situaciones de violencia: la pobreza (incluida la pobreza de capacidades) de las familias; el aislamiento; la institucionalización; y el género o la edad de las personas con discapacidad las colocan en posición de mayor riesgo, máxime cuando la ausencia, si no la anuencia o complicidad, de las instituciones hace de las personas con discapacidad víctimas de una violencia sistémica.

Asimismo, uno de los factores sistémicos y estructurales que permiten que la situación de violencia hacia las personas con discapacidad se perpetúe es la ausencia de datos e información al respecto; tenemos que asumir que no ahondar en el seguimiento de estos casos hace más densos la oscuridad y el silencio del velo tras el cual intentamos esconder un tema totalmente vigente.

¿Qué elementos considerar?

Existen estudios sobre violencia y maltrato hacia las personas con discapacidad; lamentablemente, la enorme mayoría corresponde a contextos diferentes al latinoamericano, aunque podemos identificar factores, sobre todo políticas de gobierno, que reducen el riesgo de sufrir violencia y aumentan la respuesta efectiva de las instancias encargadas de prevenirla y erradicarla. Entre esos factores merece señalarse la necesidad de que las respuestas al problema de la violencia hacia las personas con discapacidad se basen en un esquema integral de políticas diseñadas e implementadas en un contexto multiagencia, donde definitivamente deben incluirse también las instancias de gobierno que promueven y defienden los derechos humanos y la no discriminación.

Por otro lado, el estudio sobre Violencia contra las mujeres con discapacidad, realizado por la Fundación Canadiense de Mujeres y VECOVA, Centro de investigación y Servicios en Discapacidad, señala barreras que, aun con las notorias diferencias de los contextos, son importantes de considerar:

1) Revelación del abuso

2) Ausencia de: a) intervención oportuna de los servicios de salud; b) sensibilización de los profesionales; c) entrenamiento en prevención –y podríamos agregar de la denuncia– de la violencia por parte de las propias víctimas; d) una educación en derechos humanos y autogestión; y e) la falta de financiación para mejorar la accesibilidad (I) de servicios de intervención.

Por otra parte, en nuestro país, el informe “Abandonados y desaparecidos: segregación y abuso de niños y adultos con discapacidad en México”, publicado en 2010, da cuenta de la investigación llevada a cabo por Disability Rights International y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en instituciones psiquiátricas, orfanatos, albergues y otras instituciones públicas que alojan niños y adultos con discapacidad (II).

Las situaciones de abuso, maltrato y violencia recogidas en el informe dan cuenta de una realidad cotidiana e invisible que sufren miles de personas con discapacidad en instituciones de gobierno o bajo supervisión de éste. La gravedad de los hallazgos y las evidencias recogidas redundaron en la presentación de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, el pasado viernes 23 de marzo.

Armonizar las normas, un gran pendiente

Si bien a nivel nacional no existe una política regulatoria específica, el estatus que los tratados internacionales adquieren en México luego de la reforma Constitucional del año 2011 permite que los derechos reconocidos en la Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad “adoptada por la Organización de Naciones Unidas en el año 2006 y ratificada por México en el año 2007” marquen el estándar que las personas con discapacidad pueden reclamar. En su Artículo 16, sobre “Protección contra la explotación, la violencia y el abuso”, la Convención señala:

“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género (…)”

Traducir la letra y espíritu de este artículo a acciones concretas por parte de los Estados implica iniciar un ciclo de permanente diagnóstico y operación: de identificar y actuar sobre las condiciones que legitiman y sostienen los discursos y las prácticas de violencia o maltrato hacia las personas con discapacidad.

En nuestros contextos la falta de transversalización, de consideración cruzada de las condiciones que agravan los riesgos de las personas con discapacidad a sufrir violencia, se puede ejemplificar diciendo que la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad no menciona el tema de la violencia, maltrato o abuso, y que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no menciona el tema de la discapacidad.

Esta necesidad de armonizar las normas, transversalizando criterios nodales, queda como un gran pendiente, pero en un aspecto más concreto y factible a corto plazo. Incluir la variable de discapacidad entre los datos recabados en el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres o la ENDIREH representaría una fuente de valiosa información para visibilizar el problema y avanzar en la búsqueda de soluciones, dando el primer paso en la sistematización de datos en fuentes primarias oficiales.•

Notas y referencias:

I. Accesibilidad entendida de manera amplia: al medio físico, a la comunicación y a la información; esto es, diseñando los servicios de manera que la información que difunden y los canales por los cuales realizar las denuncias (telefónica, virtual o personal) sean accesibles para personas con diferentes discapacidades.

II. Cabe señalar que Disability Rights International (DRI) presentó ante la CIDH en el año 2010, una denuncia anterior sobre Maltrato a niños y niñas con discapacidad en instituciones estatales en las Américas.